El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La patronal alicantina, Coepa, está estudiando con el administrador concursal que la salvó de la liquidación hace un año cómo se afronta en el seno del concurso (la organización empresarial está inmersa ahora en la fase de convenio, en la que tiene que cumplir con lo pactado con sus acreedores) la reclamación por vía ejecutiva que ha tramitado el Servef de 1,9 millones de euros. Este es el importe de la subvención que el organismo autonómico concedió a la patronal para levantar su centro de oficios, y que ahora exige que se reintegre porque considera que es incompatible con el crédito que concedió el IVF para el mismo fin.
Según han explicado fuentes de la confederación empresarial a Alicante Plaza, el administrador concursal ha trasladado a los empresarios alicantinos que se encuentran ante una situación que nunca se había planteado: el crédito de 1,9 millones estaba calificado como contingente en el concurso, y afectado por la sentencia que establecía una quita del 95% para todo el crédito ordinario (aparte quedaba el privilegiado del IVF, que se cobraba con la enajenación del citado centro de oficios). Sin embargo, en paralelo a la aprobación del concurso, el Servef ha llevado por la vía administrativa la reclamación de la citada cantidad sin aplicarle la quita, y también denunció a Coepa por la vía penal al considerar que la presentación de las mismas facturas ante el banco público del Consell y el organismo de empleo suponía fraude. La causa se archivó.
El juez de lo Mercantil número 1 de Alicante, que fue el que instruyó la causa, se considera incompetente para tomar cartas en el asunto, dado que ya dictó sentencia al respecto, aprobando el convenio de acreedores. Ahora solo caben dos opciones: que Coepa lo cumpla o que vaya a liquidación. Ese escenario es el que los empresarios alicantinos temen que se plantee más bien a corto plazo, dado que al llevar la reclamación a la vía ejecutiva (es decir, a través de la AEAT), el Servef puede pedir, como de hecho ha sucedido, que se embarguen las cuentas del deudor para garantizar el interés público. El problema es que en las cuentas de Coepa hay muchos menos de los 1,9 millones de euros que pretenden recuperar.
La patronal alicantina estudia así con el administrador concursal cómo "gestionar procesalmente" la nueva reclamación. Por un lado, han presentado un recurso ante la propia AEAT para evitar el embargo, mientras por otro su abogado analiza cómo actuar en el seno del contencioso administrativo que Coepa planteó contra la reclamación. Hasta ahora, Hacienda ha notificado a la patronal alicantina la providencia de apremio. El próximo paso será la notificación de embargo, y luego el embargo efectivo de las cuentas de la patronal, que no tiene además patrimonio tras vender su sede (hoy alquilada por la Cámara de Comercio) y adjudicar el juez al IVF la titularidad del centro de oficios.
Es decir, todo indica que cuando se produzca ese embargo, si Coepa no logra evitarlo en sede judicial, la patronal dejará de cumplir el convenio de acreedores, y por tanto estará obligada a ir a liquidación. Las mismas fuentes lamentan que "podría darse la paradoja que buscando el interés público, el Servef perjudique el de todos, incluido el suyo. Porque no va a recuperar ni de lejos los 1,9 millones de euros, pero además va a dejar sin cobrar a los exempleados y al Fogasa".
