ALICANTE. De manera sigilosa, y desde hace semanas, el Partido Popular de Alicante ha iniciado un proceso para tener bajo control a los concejales y diputados de Ciudadanos con los que comparte gobierno y de esta manera, evitar posibles votos de censura y cambios de varas de mando. Y además de ello, proponerles un futuro político a largo plazo. Los casos más evidentes se darían en las dos instituciones públicas más importantes en las que comparten el Ejecutivo: el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial.
En ambos casos, los representantes de Cs ya habrían recibidos propuestas de acomodo para el futuro mandato, si quieren seguir en política y si el PP revalida el poder. Es posible, que esas propuestas se trasladen también a los regidores de Cs que gobiernan con el PSOE. Los puestos ofertados: ir en futuras listas o cargos ejecutivos en organismos autónomos. Y la condición es seguir en la disciplina de Cs, pues pasar a formar parte del grupo mixto supondrá una pérdida de beneficios económicos al edil afectado. No se cobra lo mismo en el Gobierno, que en el grupo de no adscritos. Pese a que esa operación está en marcha, este lunes, todos los dirigentes han jurado fidelidad al proyecto naranja de Inés Arrimadas.
En la actualidad, PP y Cs comparten siete gobiernos locales: Orihuela, Callosa de Segura, Mutxamel, El Campello y Calp, además de la diputación y el ayuntamiento de la capital. Con el PSOE, Ciudadanos gobierna en Sant Joan, Benejúzar, San Fulgencio, Xixona y Daya Nueva. En el caso de la institución provincial, se da la circunstancia de que los dos diputados de Cs gobiernan con PP y PSPV, en función del municipios.
Por ejemplo, la diputada de Cultura, Julia Parra, comparte gobierno en Sant Joan con el PSPV y, en este caso, será clave si se mantiene en la disciplina naranja en junio de este año, cuando se produzca el relevo de Alcaldía pactado con el PSOE. Cualquier cambio en este statu quo actual podría alterar las posiciones.
El diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, lo hace con el PSPV en Xixona y no se descarta que el PP lo intente atraer a sus intereses para evitar el temido voto de censura en la Diputación o para otras funciones futuras. Pese a estas especulaciones, ambos regidores han manifestado su fidelidad al proyecto naranja. "Quiero manifestar el máximo respeto a la decisión tomada por Toni Cantó y reconocer el gran trabajo que ha realizado en Ciudadanos como diputado en el Congreso y en Les Corts y como síndic autonómico. El proyecto sigue adelante. Somos muchas las personas comprometidas con la única formación que representa el centro, sin mochilas ni corruptelas, y seguiremos trabajando para defender nuestra propuesta desde todas las instituciones", ha dicho Julia Parra. En parecidos términos se ha manifestado Javier Gutiérrez y la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez.
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Pero pese a ello, en esta misma situación podría darse en algunos concejales del Ayuntamiento de Alicante que integran el grupo de Ciudadanos, que podrían haber recibido en los últimas semanas propuestas del propio alcalde, Luis Barcala, para que esos ediles tuvieran continuidad otro mandato más, bien buscándole acomodo en la lista, bien en otra institución, u organismo.
En todo caso, sería un OPA tranquila y de largo recorrido; es decir, no un cambio brusco: el PP busca garantizarse ahora estabilidad hasta final de mandato, manteniendo las posiciones, y, al mismo tiempo, garantizando un futuro político a determinados ediles que considera claves. Trabajar esta transición durante los dos años y medio que quedan de mandato. El edil que abandone ya disciplina de su grupo ya sabe que pasará a ser considerado no adscrito y no podrá tener ni más beneficios políticos ni económicos que antes. Es decir, la salida de Cs también puede salir cara, si además, el partido después acaba expulsándolo.
En todo caso, en ambos partidos están pendientes de las consecuencias de la salida de Toni Cantó del partido y del rumbo que puedan adoptar los diputados naranjas, sobre todo, los próximos al senador Emilio Argúeso, que sigue ejerciendo un fuerte control en muchos concejales y parlamentarios de la formación naranja.
Más allá de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, una posible reintegración de los ediles de Cs en la futura disciplina del PP es más fácil, a excepción de Orihuela. Allí, populares y naranjas comparten gobierno desde hace varios años, pero siguen existiendo diferencias entre ambos. Ahora bien, un nuevo liderazgo en el PP de Orihuela podría abrir el camino a la reunificación de las dos ramas del centro-derecha oriolano, dividido en diferentes etapas de los últimos mandatos. Fue el caso del Centro Liberal, surgido entre 1995 y 1999, o el Centro Liberal Renovador, entre 2011 y 2015, que permitió que la izquierda volviera al Gobierno municipal.
En otros municipios también puede ser más fácil siempre que no existan rencillas personales. Es el caso de Sant Joan: la no continuidad de Manuel Aracil puede facilitar la reunificación de ambos partidos. En otros sitios, la rivalidad de los ediles de Cs y PP es patente, y se da por muy difícil.
Por el momento, los ediles de Ciudadanos que gobiernan con el PSPV en diferentes municipios de la provincia de Valencia no se plantean la posibilidad de abandonar el barco. Todos ellos siguen también la línea de fidelidad al proyecto de Inés Arrimadas, y abogan por mantener los pactos que han permitido su entrada en el gobierno de grandes ciudades como por ejemplo Torrent o Xàtiva.
"El pacto ha funcionado y no tenemos ninguna intención de abandonarlo a no ser que se dé algún caso de fuerza mayor como ha pasado en Murcia", apuntaba el portavoz de la formación naranja en el ayuntamiento de Torrent, Raúl Claramonte. "Sin embargo, sabemos que no se va a dar una situación así porque hay buena sintonía entre ambos partidos y por el momento creemos que el pacto ha beneficiado a la ciudadanía de Torrent. No vamos a dejar de aplicar las políticas que tenemos en marcha porque sabemos que son el camino indicado".
Así, los dos ediles que ahora mismo suponen la llave de la mayoría absoluta para el PSPV valoran positivamente tanto el pacto de gobierno como el trabajo que han desarrollado de la mano de sus socios del Partido Socialista. En este sentido, cabe recordar que el acuerdo se firmó en abril del año pasado, en pleno confinamiento y mucho después de las elecciones de 2019. Todo ello con el objetivo de dar estabilidad a un gobierno entonces en minoría del PSPV, al que le quedaban dos ediles para alcanzar la mayoría absoluta.
Los socialistas encabezados por Jesús Ros podrían haber optado por Compromís, que también tiene dos ediles con representación en Torrent, pero las desavenencias políticas entre los socios prioritarios del Botànic inclinaron la balanza en favor de Ciudadanos. Así los dos concejales naranjas obtuvieron competencias de gobierno y concejalías, que mantienen hasta el día de hoy. En cuanto a un posible pacto con viraje hacia la derecha, las cifras no dan. El PP con 8 ediles, junto con los 2 de Vox y los 2 de Ciudadanos se quedaría en 12 votos, mientras que los 11 de PSPV y los 2 naranjas sí que llegan a la mayoría de los 13.
En Xàtiva tampoco se espera, de momento, que haya bailes. Igual que en el caso de Torrent, dos ediles de Ciudadanos componen la mayoría absoluta que el PSPV necesita para gobernar sin sobresaltos. En este caso, a los socialistas tan solo les habría hecho falta uno de sus votos, pero finalmente decidieron incorporar a ambos al gobierno y les otorgaron competencias.
"Ciudadanos no tiene intención de romper el pacto con el PSPV", explican fuentes cercanas al equipo de gobierno. De nuevo, una inclinación hacia la derecha en Xàtiva se haría igualmente inviable, pues la suma de PP con Ciudadanos se queda en los escasos 6 ediles, muy lejos de la mayoría de 11 concejales necesaria para gobernar. Sobre si algún edil podría cambiar su orientación política y abandonar el partido, consideran que "no son ese tipo de perfil".
María José García, única edil de Ciudadanos en Alcàsser, también tiene muy claro que su futuro político es en el partido de Inés Arrimadas, a quien reconoce toda su fidelidad política: "No tengo intenciones de marcharme a ningún sitio", explica tajantemente. Del mismo modo, tampoco baraja abandonar su pacto con el PSPV, que le ha garantizado el puesto de concejala de Urbanismo dentro del gobierno: "El pacto ha funcionado bien, ha sido beneficioso para los vecinos y así seguirá".
Finalmente, el caso de Tavernes Blanques se vuelve más complejo, pues ninguna de las dos partes ha querido pronunciarse sobre su futuro: "Nosotros estamos a gusto con Ciudadanos y no tenemos intenciones de romper el pacto", es lo único que ha declarado la alcaldesa de la localidad, la socialista María del Carmen Marco. Aunque, por supuesto, no ha puesto ninguna palabra en boca de Ciudadanos, que por el momento ha preferido guardar silencio.
Aun así, las cifras de todas las derechas unidas tampoco darían para desalojar al PSPV, aunque sí que podrían ponerle las cosas muy difíciles de cara a la gobernabilidad del ayuntamiento: entre los 4 del PP, el de Ciudadanos y el de Vox darían 6 concejales, que son exactamente los mismos que tiene el PSPV por sí solo. La situación tan solo podría desempatarla el edil de Compromís, que con su voto podría facilitar o dificultar las cosas a un Partido Socialista en minoría, en caso de que Ciudadanos abandonase el pacto.