Hoy es 15 de agosto
ALICANTE. La constructora alicantina Ecisa ha decidido poner punto final a su incursión en el mercado chileno. Tras seis años de exitoso trabajo y 17 proyectos entregados por valor de 83 millones de euros, el pufo del centro cultural Gabriela Mistral (GAM) ha convencido a la empresa de la familia Peláez de abandonar el país andino, ante la inseguridad jurídica evidenciada en el conflicto con el Gobierno y las pérdidas ocasionadas por los sobrecostes, que han lastrado el resultado del ejercicio 2017.
Dada la cartera de obras que aún tenía Ecisa en el país, la constructora pretende que su salida siga un proceso ordenado, según han explicado fuentes de la firma. De momento, el juez ha aceptado su petición para liquidar su filial en Chile, y la empresa ya ha afrontado el pago de las garantías contractuales existentes, según confirman las mismas fuentes. Asimismo, Ecisa está colaborando estrechamente con la liquidadora de la filial para perjudicar lo menos posible a sus proveedores en la zona. Todos los empleados españoles que han trabajado en Chile estos años se están reincorporando a la empresa en España, y muchos de ellos ya trabajan en los nuevos proyectos que la empresa está contratando en nuestro país.
Como contó en su momento Alicante Plaza, la compañía alicantina reclama al Gobierno chileno 12,1 millones de euros (8.500 millones de pesos) por modificados al alza en el proyecto del centro cultural GAM, que el nuevo Ejecutivo no quiere abonar. Ese impago obligó a la empresa a provisionar el citado importe en 2017, lo que explica las abultadas pérdidas que reflejaban las cuentas del grupo al cierre del año, de más de 15 millones. El GAM era un megaproyecto de más de 40 millones de euros en Santiago de Chile que se adjudicó la filial en el país de Ecisa, cuyo coste se ha incrementado más de 12 millones. El nuevo ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, anunció el pasado junio en el diario El Mercurio que iba a liquidar el contrato sin hacerse cargo del sobrecoste.
"La salida de Chile está motivada por los importantes problemas constructivos que presentaba y presenta el proyecto del GAM", explican desde la empresa. Ecisa asumió inicialmente los costes extra de las modificaciones realizadas, "siempre con el compromiso del anterior ministro para su regularización". El propio ministro de Obras Públicas del anterior gobierno chileno se comprometió con la dirección de la constructora en varias ocasiones a la regularización de los pagos por las modificaciones realizadas en el proyecto y, por ello, la empresa continuó con su ejecución. "Además, estaba muy interesado en acabar este proyecto antes de las elecciones".
"Todos los compromisos adquiridos se encuentran grabados por parte del Ministerio de Transparencia de Chile", señalan desde Ecisa. Sin embargo, el pasado mes de marzo, "tras los continuos incumplimientos de los compromisos y tras el cambio de Gobierno", Ecisa presentó ante la Contraloría General del Estado la citada reclamación por 8.500 millones de pesos, en concepto de trabajos extra y aumento en el coste de ejecución de la obra. La reclamación está pendiente de resolución, pero tras conocerla el ministro actual decidió rescindir el contrato con la filial de la firma alicantina.
Tal como ha contado este diario, la constructora que preside Manuel Peláez ha vuelto a poner a España en el centro de su plan de negocio, tras una década en la que su salida al extranjero permitió capear la crisis del sector en nuestro país. Ecisa, de hecho, ya no es el socio mayoritario en su antigua filial catarí, Harinsa, lo que se ha dejado sentir en la facturación del grupo en 2017 (al no consolidar ya las ventas en el emirato), que se ha quedado en 126 millones de euros. La 'salida ordenada' de Chile refuerza así la apuesta de Ecisa por colocar a España y Argelia como eje de su actividad en el próximo lustro.
Este mismo año, España aportará 65 millones de euros a la facturación del grupo (si se cumplen las previsiones), cuando en 2016 esta aportación fue de 43 millones. Ecisa terminó el ejercicio 2017 con una cartera de obras en nuestro país de 88 millones (el 46% del total), y a junio de este año esa cartera se elevaba ya a 108 millones. En la decisión de la constructora ha pesado de forma notable la recuperación del sector residencial, ya que no la obra pública (su otra especialidad), y en estos momentos tiene alrededor de 1.000 viviendas en construcción, de las cuales 800 se encuentran en la Comunitat Valenciana.