La exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, en imagen de archivo.ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación popular junto a EU en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) derivada del caso Brugal, ha registrado este miércoles un escrito de acusación contra los nueve procesados en el que solicita la apertura de juicio contra todos ellos y pide penas de prisión para los principales encausados: los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, el controvertido promotor supuestamente beneficiado en la redacción del nuevo PGOU, Enrique Ortiz, y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, que, según el sumario, asesoraron en la tramitación del nuevo planeamiento.
En concreto, la representación legal del Ayuntamiento, ejercida por el abogado José María López Coig como asesor jurídico externo (fue una de las condiciones previstas en el pacto de gobierno que dio lugar a la formación del ya extinto tripartito, tras las municipales de 2015), reclama 4 años y nueve meses de prisión para el exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi (al frente del Ayuntamiento en el inicio de la tramitación del PGOU bajo sospecha), a quien se le considera responsable de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Además, se le expone a una pena de 23 años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por esos mismos delitos y por otros de revelación de secretos, tráfico de influencias y prevaricación. También se solicita que sea sentenciado al pago de una multa de 1.359.472 euros.
Para su sucesora en la Alcaldía, Sonia Castedo, se pide igualmente una pena de 4 años y nueve meses de prisión por un delito de continuado de cohecho y otros 15 años de inhabilitación especial para cargo público por ese mismo delito, por otro de revelación de secretos o información privilegiada y por otro de prevaricación. Igualmente, se pide que se le penalice con una multa de 779.698 euros.
Para el empresario supuestamente beneficiado en la tramitación del nuevo planeamiento, Enrique Ortiz, la representación legal del Ayuntamiento pide penas que superan los 5 años de prisión por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, delito continuado de aprovechamiento por particular de secretos o de información particular, en grado de tentativa, además de otro delito de tráfico de influencias. Además, le expone al pago de multas por una suma global de 64.913.642 euros.
Para el cuarto de los acusados, el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, se solicita igualmente pena de 4 años y nueve meses de prisión por los delitos de cohecho, revelación de secretos o de información privilegiada y tráfico de influencias, además de 20 años de inhabilitación especial para cargo público. También se solicita que se le imponga una multa global de 1.326.113 euros.
Para su compañero en el despacho jurídico Salvetti Abogados, José Luis Castedo Ramos, se solicita la misma pena de prisión, 4 años y nueve meses. También, otra pena de inhabilitación de 18 años, además del pago de una multa global de 1.326.113 euros.
El Ayuntamiento expone a los cuatro encausados restantes a penas inferiores. Para el promotor ilicitano Ramón Salvador, pide pena de dos años de prisión y multa de 116.000 euros por un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos. Para el hermano del promotor Enrique Ortiz, Virgilio, solicita una pena de un año y seis meses de privación de libertad por ese mismo delito y multa de 243.006 euros. Y para los trabajadores de las empresas de Ortiz que pudieron intervenir en la entrega de presuntas dádivas, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, penas todavía más reducidas. Para el primero, de un año y seis meses de prisión por un delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos en concepto de cómplice, además de una multa de 243.006 euros. Para el segundo, pena de un año de prisión por el mismo delito y multa de 162.003 euros.
Además, como también incluye el escrito de acusación registrado por EU, el Ayuntamiento de Alicante reclama que los nueve encausados indemnicen al Ayuntamiento de Alicante con una suma de 1.339.249 euros "en concepto de los gastos efectuados para la tramitación del PGOU".
El escrito de acusación del Ayuntamiento relata de forma pormenorizada a lo largo de 361 páginas cómo se pudo desarrollar el presunto amaño del planeamiento en beneficio de los intereses de Ortiz a cambio de la entrega de supuestas dádivas recogidas en el sumario: diversas entregas en metálico, viajes y regalos.
Tras el registro de los escritos de acusación de EU y del Ayuntamiento de Alicante, sólo restaría por registrarse el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. El plazo para ello termina este jueves. Las fuentes consultadas por Alicante Plaza no pudieron precisar este miércoles si el acusador público ya había formalizado ese trámite.
