ALICANTE. El Consell ha autorizado la disolución, sin liquidación, de la empresa pública Ciudad de la Luz, SA, mediante la cesión de todos sus activos y pasivos a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (STCV), con el fin de cumplir así con la decisión de la Unión Europea que obligó a la Ciudad de la Luz a devolver las ayudas que recibió de la Generalitat a través de la SPTCV por considerarlas ilegales.
Esta operación se realiza en el marco del proceso diseñado por el actual Consell para recuperar el complejo, tras la gestión llevada a cabo por el anterior Ejecutivo que desembocó en la paralización de la actividad, y transformarlo en un activo productivo y en polo de desarrollo económico.
La Comisión Europea instruyó expediente de Ayudas de Estado contra el Reino de España en relación con la inversión llevada a cabo por el anterior Consell en la empresa Ciudad de la Luz, S.A, que concluyó con la decisión de 7 de mayo de 2012 que declaraba que la totalidad de la inversión de la Generalitat en Ciudad de la Luz por un importe estimado de 265 millones fue una ayuda ilegal e incompatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al igual que las aportaciones de su socio único SPTCV, debiendo la Ciudad de la Luz devolver las ayudas recibidas.
La SPTCV es titular del 100% de las acciones en que ésta dividió el capital social de Ciudad de la Luz y fue la sociedad pública otorgante de las ayudas declaradas ilegales por la Decisión de la Comisión Europea.
La Ciudad de la Luz no disponía de capacidad económica para restituir a su matriz, la SPTCV, la totalidad de las ayudas recibidas, más los intereses correspondientes. Por su parte, el Consell negoció con la Comisión Europea la posibilidad de proceder a la venta de los activos de la Ciudad de la Luz en subasta pública a fin de garantizar que la enajenación se realizaba en condiciones de mercado.
Tras dos subastas desiertas, el 7 de junio de 2016 el consejo de administración de Ciudad de la Luz acordó que la fórmula jurídica más adecuada para proceder a la extinción de la sociedad era la cesión global de sus activos y pasivos, a favor de su accionista único, la SPTCV. Por su parte, la Comisión Europea notificó su aceptación a la cesión global de activos y pasivos de Ciudad de la Luz a SPTCV.
En previsión de esto, el Presupuesto de la SPTCV para 2018 incluía, no sólo los importes de su actuación, sino también los correspondientes a la absorción de la Ciudad de la Luz, que ascendían a 1,57 millones de euros.
El mecanismo acordado entre la Comisión de la Competencia y la Generalitat ha sido una especie de "dación en pago" de Ciudad de la Luz a la SPTCV para saldar con ello la devolución de las ayudas y, al mismo tiempo, garantizar que esa infraestructura está a disposición de los alicantinos y de la Comunitat Valenciana, en lugar de una venta en condiciones desfavorables.
Esta solución permite rescatar la actividad en el plazo de 9 años o abrir la posibilidad de un proceso de venta o alquiler de los activos para determinadas actividades.
La operación permitirá rescatar el complejo que, tras la gestión del anterior Ejecutivo, vio paralizada su actividad y fue obligado a devolver las ayudas recibidas, así como transformar en productivos y en polo de desarrollo económico unos activos que la gestión del anterior Consell abocó a un resultado ruinoso y a la improductividad. A estas circunstancias se añadió que, por sentencia del Tribunal Supremo, se anularon todas las expropiaciones de suelo tras un proceso cuya gestión en la anterior etapa fue muy deficiente.
El resultado de todo ello es que el Ejecutivo anterior destinó 450 millones al complejo, con un resultado de todos los edificios paralizados en su actividad por la decisión de la UE y el suelo expropiado anulado por el Tribunal Supremo.
De los 450 millones, 350 correspondieron a Ciudad de la Luz: 190 gastados en el complejo y el resto, a sufragar pérdidas. Los otros 100 millones corresponden al dinero invertido en la expropiación y urbanización del entorno por parte de la SPTCV. Los tribunales tienen pendiente decidir sobre si se incrementan o no las indemnizaciones de las expropiaciones.
