CASTELLÓ. El Estado español tan solo ingresará 16 millones de euros al año por la explotación privada de las nueve áreas de servicio de la autopista AP-7, liberalizada el 1 de enero y cuyo tráfico se ha visto sensiblemente incrementado a raíz de ello. Aunque los 16 millones anuales suponen una cifra mucho mayor de la mínima que exigía el Ministerio de Fomento (el contrato se licitó todavía con esta denominación), que era de tan solo 2,8 millones anuales, el montante está muy lejos del negocio que el departamento dirigido por José Luis Ábalos estima que pueden generar estas nueve zonas de descanso.
En los cinco años de vigencia, el canon que ingresará el Ministerio de Transportes se eleva a 80 millones de euros. Aunque es un montante elevado, todavía está lejos del valor estimado del contrato, que es de 217 millones de euros para esos cinco años. Y eso que, para la licitación, la ingeniería de Fomento, Ineco, no tuvo en cuenta el incremento que se produciría en la AP-7 tras la liberalización, ya que estimaba un incremento de tráfico anual del 1,44%, mientras el Ministerio, sin un estudio riguroso a mano, ya hablaba del 30%, algo que se ha quedado corto.
Asimismo, Fomento ni siquiera tuvo en cuenta para exigir los cánones a las empresas concesionarias los ingresos que por diferentes vías (suministro de combustible, restauración y ventas de productos, principalmente) llevarán estas a cabo, sino que se basó en el valor de los terrenos y de las construcciones. Con ello dejó a la libertad de mercado que las compañías determinasen los pagos a abonar por cada área.
Esto ha derivado, por ejemplo, en que el área con mayor volumen de negocio estimado por Fomento, la de La Marina, próxima a Benidorm, haya sido adjudicada con el segundo canon más bajo, 1,16 millones. Ha sido Cepsa la que se ha hecho con la gestión de este recinto, según la propuesta de adjudicación del Ministerio publicada recientemente. Esta compañía también se ha hecho con el área de Benicarló (por 2,4 millones, el montante más elevado de todas).
La oferta más baja ha sido para la siguiente área hacia el norte, la de San Antonio, por solo 627.000 euros anuales y que ha ido a parar a Galp. La compañía portuguesa se ha hecho con otra área de servicio: la de la Plana, por 2 millones de euros. Asimismo, BP ha conseguido la gestión, por 1,3 millones al año, de la zona de descanso y repostaje de la Safor.
Pero la gran triunfadora del concurso ha sido Eni, que ha sido la mejor valorada en cuatro de las nueve áreas: todas situadas en la mitad norte. Así, la compañía italiana gestionará el área de Sagunt (2,1 millones); la Ribera de Cabanes (1,76 millones); Benicarló (2,4 millones, el montante más elevado de todas); Baix Ebre (2,3 millones) y l'Hospitalet (por el mismo importe), estas dos últimas ya en Tarragona. Las mejoras técnicas han sido fundamentales para que así suceda, ya que solo en un caso, el área de Sagunt, su oferta económica era la mejor.
Esta es el acta de adjudicación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para un contrato que, aun así, todavía no está resuelto. Y es que no hay que descartar posibles recursos. No en vano, en su informe de adjudicación el Ministerio recurre a una complicada explicación para salvar el artículo 27.2 de la Ley 37/2015 de carreteras respecto de los operadores al por mayor de productos petrolíferos, según el cual la concesión no puede "realizarse en favor del mismo operador al por mayor o de un operador del mismo grupo empresarial que el que suministre en exclusiva a las estaciones de servicio inmediatamente anterior y posterior, en el mismo sentido de circulación, a la que es objeto de licitación".
Y es que dos de las áreas de Eni, las dos catalanas, están ubicadas en continuidad en el trazado de la AP-7. Para evitar este requisito y realizar su propuesta de adjudicación, Transportes señala que, dado que la autopista se ha liberalizado, los viajeros pueden salir de ella y acercarse a estaciones de servicio cercanas a la carretera.
