El Fondo de Garantía de Depósitos retira la acusación contra Modesto Crespo

ALICANTE (EP). El Fondo de Garantías de Depósitos, que ejerce la acusación particular en el juicio contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha retirado la acusación que mantenía contra el expresidente de la entidad Modesto Crespo para el que pedía nueve años de prisión por falsedad en los estados financieros de los ejercicios de 2010 y 2011.

Sí mantiene los cargos contra la exdirectora general adjunta Dolores Amorós y el exdirector general de Planificación Teófilo Sogorb para quienes pide nueve años de cárcel por los delitos de estafa a inversores y manipulación informativa. Para el exdirector general Roberto López Abad y Francisco José Martínez (Inversiones y riesgos) solicita tres años de cárcel por delito de falsedad societaria y dos para a Juan Luis Sabater (Financiación y Gestión).

Carlos Gómez-Jara, letrado del Fondo General de Depósitos (FGD), ha basado su acusación contra la excúpula de la CAM en que no reflejaron la situación real de la caja en las cuentas de esos ejercicios y ha denunciado que la entidad tendría que haber tenido "un poco más de conciencia" sobre la gravedad de solicitar ayudas públicas que ahora "están pagando todos los españoles".

Se ha referido a la inyección de 5.249 millones de euros de fondos públicos que recibió del FGD con el fin de reflotar la identidad intervenida por el Banco de España el cual, tras nombrar a administradores provisionales en julio de 2011, encargó una auditoría externa que concluyó que, lejos de existir beneficios de 65 millones de euros para ese trimestre, el resultado era de 1.136 millones de euros en pérdidas.

El letrado ha reprochado al fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol que en su exposición de conclusiones finales no haya solicitado indemnización para el Fondo y se ha basado en las tesis expuestas durante el juicio por los peritos judiciales del Banco de España que en calidad de testigos denunciaron que la caja no cumplió con la normativa contable durante esos ejercicios.

El representante del Ministerio Público, que ha sido el primero en exponer sus conclusiones, ha elevado a definitivas las penas para los antiguos administradores de la CAM a excepción del exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa para quien pedía un año y dos meses de cárcel y ha terminado exculpando del proceso. Ante ausencia de cargos en su contra ha abandonado el juicio.

Por su parte, el letrado Diego de Ramón, que fue el que denunció a los antiguos gestores en nombre de cerca de mil perjudicados por la compra de cuotas participativas, ha asegurado que el mecanismo urdido para presentar beneficios en las cuentas de 2010 y 2011 (basado principalmente en la rehabilitación de créditos fallidos y en las operaciones de titulizaciones) "no sale de una persona sola sino de una organización criminal".

El abogado que ejerce la acusación particular y popular rebaja la petición de cárcel de 16 años a uno para el expresidente Modesto Crespo (a quien nunca ha acusado Anticorrupción) "por la escasa participación en los hechos" aunque mantiene la misma cifra para los otro siete administradores por haber llevado "a la ruina" a personas de 70 años que han terminado "perdiéndolo todo". "Por lo que he vivido personalmente me dan ganas de llorar; es algo muy fuerte", ha expuesto ante el tribunal.

La Fundación sí acusa a Crespo

La Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo, heredera de la obra social de la antigua caja (y a la que algunos jueces están condenando a devolver el dinero de las cuotas participativas a los afectados que reclaman a título individual), ha ido más allá y ha dicho que las personas que compraron estos productos no tenían conocimiento financiero suficiente y ello ha supuesto un perjuicio económico para los damnificados pero también para dicha fundación.

Respecto al cobro de retribuciones como planes de pensiones, incentivos y prejubilaciones (que supusieron un desembolso indebido a la caja de más de 20 millones de euros) la Fundación ha precisado que los acusados, que alegaron que habían renunciado voluntariamente a la parte correspondiente a 2010, no tenían que haber cobrado igualmente la relativa a los ejercicios anteriores y si lo hicieron fue porque modificaron las condiciones para conseguirlo.

A diferencia del fiscal Anticorrupción, del FGD y de la acusación popular, sí entienden que Modesto Crespo es culpable de la quiebra de la caja alicantina por haber estado presente en la comisión de titulizaciones creada en febrero de 2015 y, por tanto, seguirá sentando en el banquillo de los acusados lo que resta de juicio.