El Ivace da a Fundesem hasta septiembre para pagar o iniciará el proceso de desahucio

ALICANTE. El Instituto de la Competitividad Empresarial (Ivace) sigue sin tener noticias de la escuela de negocios Fundesem, que le adeuda 1,1 millones de euros por el alquiler de su sede durante los últimos seis años. Desde marzo de 2017, además, con el contrato vencido. A pesar de que el patronato de la fundación que dirige la escuela de negocios alicantina aprobó hace más de un mes la propuesta de refinanciación de la deuda del Ivace, y de que acaba de captar alrededor de 200.000 euros en donaciones de empresarios y antiguos alumnos, Fundesem aún no ha trasladado al Ivace su disposición a aceptar el acuerdo y firmar el nuevo contrato.

Así las cosas, el instituto que depende de la Conselleria de Economía ha dado un paso más en su reclamación. Si hasta ahora ha venido exigiendo por vía judicial la cantidad, sin más medidas, ahora se ha dado de plazo hasta el mes de septiembre para iniciar el procedimiento judicial de desahucio. Es decir, si para ese momento no se ha firmado el acuerdo con la escuela, que implica el pago de 300.000 euros por adelantado y un aval por el 20% restante, el Ivace acudirá a la justicia para desalojar a Fundesem de la sede que ocupa en la calle Deportistas Hermanos Torres, en el Cabo de las Huertas. La reclamación de cantidad, asimismo, seguirá su propio camino en tanto no se firme este acuerdo.

Como ha contado este diario, Fundesem ocupa un edificio que fue construido en su día por el predecesor del Ivace, el Impiva, en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Alicante a tal efecto. La inversión en el edificio fue de más de 3 millones de euros. La última renovación del contrato estableció en 150.000 euros anuales el importe del arrendamiento. La caída del negocio en Fundesem y las tensiones de tesorería consiguientes han provocado que la escuela haya contraído una deuda millonaria con el Gobierno valenciano, a la que se viene intentando dar solución por vía extrajudicial desde finales de 2016. Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat presentó una reclamación judicial de cantidad en cuanto venció el contrato de alquiler, hace un año, para salvaguardar los intereses públicos.

La vía judicial, que pende como una espada de Damocles sobre el futuro de la escuela, es lo que llevó al vicepresidente ejecutivo de la fundación, Miguel Rosique, a valorar la declaración de un concurso de acreedores voluntario como medida preventiva (si dicha reclamación pasara a la vía ejecutiva, extremo no descartable al tratarse de una deuda con la Administración, Fundesem podría terminar liquidada como Coepa), tal como desveló este diario. De momento, sin embargo, no ha acudido a esta vía, y la escuela se ha centrado en incrementar sus ingresos al margen de las matrículas. Tras pedir apoyo a instituciones y empresas de la provincia, como la propia Diputación, Fundesem ha logrado captar los citados 200.000 euros a través de una suerte de 'crowdfunding', fundamentamente entre empresarios y directivos que habían sido sus alumnos.

Tras esta campaña de donaciones, en la que a cada 'socio protector' se le ha pedido una aportación de 5.000 euros, los profesores asociados a la escuela han cobrado por fin las clases que impartieron durante el curso 2017, y que aún no se habían abonado. Tal como desveló este diario, el último decano de la institución, José Santacruz, dimitió de su cargo en diciembre con un enigmático correo electrónico en el que informaba a los empleados de que no tenía responsabilidad alguna en la "política económica y de recursos humanos"de la escuela, y en semanas siguientes se produjeron más salidas. La aprobación de la propuesta de refinanciación y la captación de donaciones llevadas a cabo por Rosique parecen haber atemperado los ánimos en la escuela, pero el principal problema, la firma con el Ivace, sigue pendiente.