ALICANTE. El PSPV mide los tiempos y trata de dilatar la apertura de un proceso de negociación con sus socios de Compromís (tanto en Alicante como en el Consell) para tratar de zanjar la crisis de gobernabilidad desatada en el Gobierno de la segunda ciudad de la Comunitat desde la imputación del alcalde, Gabriel Echávarri, por el supuesto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio.
La próxima comparecencia del primer edil en la Fiscalía Provincial para ser interrogado por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, no ha modificado su hoja de ruta: la de la espera. Se hablará, sí, puesto que se coincide en que la refundación del acuerdo de gobierno resulta más que necesaria. Así lo llegó a admitir el propio Echávarri este miércoles, antes de participar en una conferencia en el Race Village de la Volvo, al sostener que estaba abierto a solventar "desencuentros". No obstante, la dirección regional de los socialistas continúa instalada en el convencimiento de que las dos investigaciones que afectan al primer edil acabarán archivándose y tratan de no tener que sentarse junto a Compromís en torno a una mesa con Echávarri sometido al escrutinio de la justicia.
La cúpula socialista insiste en que las diligencias en curso no tienen nada que ver con corrupción: son cuestiones administrativas que, en todo caso, podrían constituir decisiones equivocadas, "lo que no conlleva necesariamente que se haya delinquido", arguye el vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, al frente de los contactos con Compromís, junto al responsable de Relaciones Institucionales, Carlos Fernández Bielsa. "Para que existan los delitos de prevaricación de los que estamos hablando debe haberse producido una resolución injusta a sabiendas y no parece que sea lo que ha sucedido", insiste Mata. En primer lugar, sobre los contratos bajo sospecha de la Concejalía de Comercio, la tesis es que no existió ningún informe municipal de advertencia previa que se contraviniese. Y en segundo término, sobre el despido de la trabajadora interina, la teoría que se defiende es que sucedería justo lo contrario, ya que el decreto de la Concejalía de Recursos Humanos en el que se sustentó el polémico cese explicaba que el objeto que motivó su contratación (la apertura y puesta en funcionamiento del centro cultural Las Cigarreras y del Museo de Arte Contemporáneo) ya no existía.
Es más, según las fuentes jurídicas consultadas, esa podría ser la línea que habría motivado la decisión de la Fiscalía de escuchar de primera mano las explicaciones de Echávarri, antes o en lugar de derivar la denuncia directamente a los juzgados para que declarase ante un juez. Según las mismas fuentes, existirían dudas razonables que se tratarían de disipar con el testimonio del primer edil antes de dar ese paso porque podría que no llegase a resultar necesario. Según las mismas fuentes, si se tuviese meridianamente claro que existen indicios fundados de un proceder injusto, la Fiscalía habría remitido sus diligencias a los juzgados sin mayor dilación. Todo, pese a que el informe solicitado por la Fiscalía a la Concejalía de Cultura detalla que nunca se pidió su despido ni se consideró que sus funciones hubiesen terminado.
LA CÚPULA DEL PSPV MANTIENE QUE SÓLO PODRÍAN LLEGAR A RECLAMAR LA RENUNCIA DE ECHÁVARRI SI EXISTIESE UNA ACUSACIÓN FORMAL DE UN FISCAL O UN AUTO DE PROCESAMIENTO
Sea como fuere, las direcciones local y autonómica del PSPV recalcan que ambas investigaciones se encuentran en una fase muy inicial y que sólo podrían llegar a reclamar la renuncia de Echávarri que exige Compromís en el supuesto de que existiese una acusación formal de un fiscal o un auto de procesamiento.
De ahí que, según pudo saber Alicante Plaza, los interlocutores del PSPV hayan solicitado a Compromís más tiempo para estudiar posibles soluciones. Es más que probable que se produzca algún contacto a principios de la próxima semana, siempre antes del pleno ordinario de octubre (que se celebrará el jueves día 26, un día después de la declaración de Echávarri en Fiscalía), como vienen exigiendo los nacionalistas. Pero nada parece apuntar que en ese plazo se vaya a cerrar ningún acuerdo. Al menos, no en el sentido de la dimisión de Echávarri que reclama Compromís. Así que se estaría por ver si el PSPV plantea una posible contraoferta.
¿Qué decisión adoptaría Compromís? Fuentes de la dirección autonómica y local consultadas por este diario apuntan que, si se establece un diálogo con "voluntad real de cambio", de llegar a un acuerdo, se dará cierto margen a la negociación sin romper el pacto de Gobierno. Eso sí, ese margen no será ni ilimitado ni incondicional. Las decisiones y los cambios de actitud deberán producirse "en poco tiempo". Y, además, Compromís insiste en mantener su exigencia como requisito esencial: la renuncia de Echávarri. Máxime, después de que, desde este miércoles, se haya visto ya formalmente inmerso en unas segundas diligencias. "Ya no es una cuestión de legalidad; es una cuestión de ética y de estética que, al menos en Compromís creemos que no se pueden tolerar porque los ciudadanos nos eligieron para hacer las cosas bien", recalcan las mismas fuentes. Y se abunda en que, precisamente con ese mismo objetivo, no todo se limita a la imputación del primer edil, sino a los desencuentros que Compromís viene lamentando desde principios del mandato, con la toma de decisiones de manera unilateral. Precisamente por ello sostienen que en la negociación no sólo debe producirse la renuncia de Echávarri a la Alcaldía, sino que "se debe hablar de todo, de la dimisión y de otras cosas".
¿Y qué pasa con Guanyar? ¿Qué papel jugaría en esas conversaciones? Echávarri señaló también este miércoles que su voluntad era hablar con todos siempre que no existiesen "axiomas". "De Guanyar lo único que escucho es que exigen mi dimisión; no sé si de manera involuntaria se ha convertido en un aliado no natural del PP para que llegue a la Alcaldía", dijo.
Lo cierto es que la agrupación electoral que lidera EU se reafirmó en esa petición también este miércoles a través de un nuevo comunicado en el que consideraba que la continuidad de Echávarri en la Alcaldía es insostenible y en el que exigían la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento del pacto para "solventar la situación y seguir trabajando por un gobierno municipal de cambio en la ciudad de Alicante".
El PP, por su parte, se sumó a las valoraciones sobre la crisis del tripartito y, a través de otro comunicado, mostró su preocupación por la "absoluta preocupación por la situación de completa parálisis de gestión de la ciudad por la situación actual, con una incertidumbre en la que los socios de gobierno del PSOE piden todos los días la dimisión del alcalde doblemente investigado por la justicia y donde hay tal colapso del tripartito en el que es imposible que los concejales del tripartito se dediquen a trabajar para los alicantinos sin sobresaltos".