CASTELLÓ. La Mesa del Senado ha admitido a trámite la solicitud de creación de una Comisión de Investigación del almacén subterráneo de gas Castor, relativa a esclarecer las responsabilidades existentes con esta infraestructura energética hibernada fallida. Una instalación por la que se pagaron miles de millones a pesar de no haber superado las pruebas de funcionamiento ni contar con el acta de puesta en servicio definitiva, como consecuencia de los episodios sísmicos vividos en la zona del Delta del Ebro.
El senador valencianista, Carles Mulet, del Grupo de la Izquierda Confederal (formado por Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya En Comú Podem) promotor de la iniciativa que fue firmada por los representantes de ERC-EH Bildu y Junts per Catalunya, ha expresado su deseo “que esta vez, sin disoluciones de las cámaras de por medio, la mayoría progresista del Senado propicie que en los próximos meses se puedan investigar y esclarecer los hechos que, además de demostrar la peligrosidad, han constatado una nefasta gestión administrativa de este tipo de contratos por los órganos de la Administración central y la picaresca de esta clase de compañías que cobran igual independientemente de que la infraestructura estratégica y urgente encargada funcione o no. Algo sin precedentes en la gestión del dinero público”.
El PP en solitario y Foro Asturias rechazaron la anterior legislatura la creación de una comisión de investigación con este objetivo, planteada por Compromís y que fue apoyada por PSOE, Cs y el resto de formaciones políticas, con las únicas abstenciones de PNV y UPN. “Si se mantiene el sentido de la votación, ya que se mantienen vigentes el resto de circunstancias y siguen llegando sentencias que anulan decisiones del Gobierno, la comisión prosperará, lo que sería de justicia, por lo que le recomendamos al PSOE que aproveche el verano para reflexionar si investiga estos episodios pasados con graves repercusiones económicas”, ha concluido.
De aprobar el Pleno del Senado la constitución de la Comisión de Investigación, antes de 30 días se pondrá a trabajar durante un mínimo de seis meses. Desarrollará su actividad conforme a un Plan de trabajo aprobado por la propia Comisión, que incluirá las comparecencias que se consideren oportunas, incluidas las de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la Comisión.
La Comisión tendrá por objeto investigar los hechos, tratar de recuperar el dinero gastado y dirimir responsabilidades políticas, técnicas y económicas de todos aquellos que autorizaron, tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en funcionamiento de este proyecto fallido, así como las responsabilidades de las distintas empresas.
