Enrique Ortiz, al comparecer ante la comisión sobre la estación de autobuses de Benidorm. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Nueva vuelta de tuerca al plan zonal de residuos de la Vega Baja. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha dado la razón a la UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz, y le devuelve la condición de adjudicataria de la planta de tratamiento de residuos de la comarca. Una adjudicación bajo sospecha desde que estalló el 'caso Brugal', una de cuyas ramas principales investiga precisamente el presunto amaño del contrato del plan zonal para beneficiar a la empresa del controvertido constructor.
El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, al que ha tenido acceso Alicante Plaza, declara contrario a derecho y deja sin efecto el acuerdo de la junta de gobierno del Consorcio de la Vega Baja, que en 2015 rescindió el contrato (formalizado en 2013, con Luisa Pastor como presidenta de la Diputación y del consorcio) e incautó la garantía depositada por la UTE, al no haber comenzado aún las obras de la planta. En la práctica, el fallo supone que el contrato anulado por el consorcio sigue vigente, y que por tanto Ortiz y Cespa son los adjudicatarios legales del plan zonal.
El Alto Tribunal tumba así la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que había dado la razón en primera instancia al consorcio y validado la rescisión de la adjudicación "por causa imputable al contratista". El fallo revoca la sentencia apelada por la UTE y estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la decisión de la junta de gobierno del consorcio. En esencia, porque el TSJ entiende que el hecho de que la UTE no hubiese iniciado la construcción de las instalaciones comprendidas en el contrato del Plan Zonal no puede imputarse al contratista, sino que se vio impedida por las modificaciones en los planeamientos urbanos de los ayuntamientos de Albatera y Cox, con el ánimo de impedir la instalación de actividades relacionadas con el tratamiento de residuos (la construcción de plantas de transferencia).
La sentencia no es firme y cabe aún recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), pero por el momento Ortiz y Cespa recuperan la condición de adjudicatarios del contrato para construir la planta de tratamiento y gestionar la recogida de residuos en la Vega Baja. El contrato está bajo sospecha desde que estalló el caso Brugal con la detención del expresidente de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll (PP), acusado por la Fiscalía Anticorrucpión de varios delitos relacionados con un presunto trato de favor a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en la adjudicación del citado plan. En el caso del industrial oriolano (Fenoll), se considera que pudo participar en el presunto amaño del contrato después de haber comprado el suelo en el que se decidió trasladar la planta de tratamiento tras su adjudicación inicial.
