Un momento de la construcción de la plataforma marina.CASTELLÓN. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a devolver a los consumidores de gas los 18 millones de euros que cobró en el 2015 por el mantenimiento y la operatividad que Enagás Transporte llevó a cabo del almacén Castor, ubicado frente a las costas de Vinaròs y que quedó sin uso a causa de la actividad sísmica que provocó la inyección de gas en sus cavidades. En un fallo que ha dado a conocer la patronal catalana Cecot, que recurrió por este cargo en base a los ingresos por peajes y cánones del sistema gasista por considerar inconstitucional algunos de los preceptos del Real Decreto-ley 13/2014.
La organización empresarial catalana inició en el 2015 un plan de acción destinado a evitar que los consumidores de gas, y en especial las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación a la empresa constructora y concesionaria del almacén gasístico Castor, que no se ha llegado a poner en marcha, ha informado en un comunicado. Así, esta es la primera de las demandas de la que se tiene constancia, aunque la Cecot también ha presentado sendos recursos para los años 2016, 2017 y 2018. No en vano, la cuantía total de la compensación, que el Gobierno pretende cargar a los consumidores, es de 1.350 millones de euros, que familias y empresas están abonando ya en su factura del gas y que, según las intenciones del Ejecutivo estatal, tendrían que seguir pagando en los próximos 30 años.
Este es un nuevo revés para el Gobierno en esta materia. Y es que a finales del año pasado, el Tribunal Constitucional ya invalidó las compensaciones aprobadas por el Gobierno para resarcir a la empresa constructora del Castor, ACS, dirigida por Florentino Pérez, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenó, a inicios de este mismo año, dejar de pagar las citadas compensaciones.
Según recuerdan desde la Cecot, a finales de abril del 2015 la Eurocámara instó a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones a que tomaran medidas con el fin de evitar que los ciudadanos españoles tuvieran que abonar los 1.350 millones de euros en compensaciones por un proyecto precedido "de una evaluación desastrosa". En 2017 el Constitucional avaló la decisión de la Eurocámara, hecho que ha que constituido un apoyo a las demandas de impugnación de las distintas Órdenes Ministeriales publicadas a partir del Real Decreto-ley 13/2014 por parte de la Cecot en el Tribunal Constitucional.
Por ello, desde la patronal catalana consideran que el almacén Castor "constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad, y no estamos de acuerdo que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha", afirma Antoni Abad, presidente de la Cecot. "La industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas", completa el presidente de la asociación empresarial catalana.
Desde la Cecot señalan que el Gobierno dispone de dos meses para reintegrar los aproximadamente 18 millones de euros a los clientes y la patronal tiene previsto articular un mecanismo de devolución del importe que se ha repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el 2014 por el mantenimiento de una infraestructura que no se ha llegado a poner en funcionamiento, ni ha prestado servicio alguno.
Según el estudio Panorámica Industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gas constituye el 28% del consumo energético en la industria extractiva y manufacturera española, destacando la industria química, donde el consumo de gas llega al 43% del total de consumo energético que utiliza este tipo de industria. También es el caso de la industria azulejera, altamente consumidora de esta energía. Por eso desde la Cecot señalan que la resolución de indemnizar por el almacén de gas Castor en su día fue totalmente incoherente con el discurso del Gobierno sobre la necesidad de reindustrializar el país, de hacer un plan estratégico para consolidar un modelo industrial. En este sentido, desde la patronal catalana apuntan que el coste añadido por la indemnización del Castor a partir del 1 de enero de 2016 está perjudicando la continuidad de estos sectores, teniendo en cuenta que España ya es de los países de la Unión Europea con la energía más cara y no precisamente por el coste de la generación.
