VALÈNCIA. Que los derechos de emisión se han convertido en un problema para el sector azulejero no es ningún secreto. La escalada en la cotización de estos elementos financieros, que tienen un cariz "especulador", como ha señalado la patronal Ascer y ha recogido este diario, pueden hacer el coste difícilmente soportable para la industria castellonense el próximo año.
De ahí que la asociación empresarial esté buscando vías de negociación para tratar de amortiguar este impacto, como por ejemplo con el pago a través de inversiones en materia de sostenibilidad, a las que por otra parte están obligadas las compañías para cumplir con los objetivos de descarbonización impuestos por Bruselas.
Pero que el mayor impacto esté por llegar no significa que no sea evidente. Hace solo unas semanas, el sector se ha visto obligado a pagar prácticamente el doble de lo que abonó hace un año por los derechos de emisiones. En concreto, el impacto neto de las emisiones de 2020 se estima en 20 millones de euros, cuando el de 2019 fue de 11,5, detalla la responsable del Área de Medio Ambiente de Ascer, Victoria Zaera.
El motivo es obvio: la escalada del precio de los derechos de emisión que viene denunciando la industria castellonense. Así, el precio por tonelada de dióxido de carbono (CO2) a 30 de abril, la fecha límite que las empresas tienen para devolver los derechos (la asignación gratuita y el exceso) era este año de 45 euros, mientras doce meses antes era de 24,8.
Haciendo una extrapolación, si se alcanza la cifra de 120 euros por tonelada de CO2 que teme el sector, el impacto podría superar dentro de un año los 53 millones de euros, con lo que en solo dos años prácticamente se quintuplicaría el gravamen. Y eso sin tener en cuenta que, cada año, se va recortando las emisiones permitidas.
Aunque los 20 millones de euros son una estimación, ya que las empresas pueden comprar los derechos en cualquier momento y tenerlos almacenados a la espera de utilizarlos, este año las factorías azulejeras (y el resto de sectores) han sufrido un revés en su modo de actuar para minimizar la afección.
Mientras en ejercicios anteriores se permitía compensar el exceso de emisiones con la asignación gratuita que se realiza en febrero (va un año por delante del pago), al cambiar de fase y entrar en la cuarta, que abarca el periodo 2021-2030, "la normativa europea prohíbe utilizar los derechos de la fase 4 para cumplir las obligaciones de la fase 3", señala Zaera. Además, tampoco se ha repartido la asignación gratuita, al contrario de lo que se producía hasta ahora. El Ministerio calcula que podrá realizar "en octubre o noviembre" esta asignación, apunta la experta de Ascer.
Con todo ello, un total de 67 compañías azulejeras españolas han tenido que proceder, como máximo al final de abril, a abonar algún importe al superar el límite de emisiones que tienen asignado. Por el contrario, otras 51 compañías no han llegado a ese cupo máximo y pueden vender derechos. Con ello, en realidad el abono de las empresas obligadas a pagar es superior a esos 20 millones estimados, ya que a lo pagado Ascer descuenta lo que reciben las 51 sociedades que no son deficitarias para calcular el importe neto.
Entre todas las compañías, las que peor lo pasan son las atomizadoras, que además de necesitar de un gran consumo de gas, tienen plantas cogeneradoras en sus instalaciones para mejorar su eficiencia y la cogeneración "no recibe asignación gratuita, con lo que ya arrancan con déficit", concluye Zaera.