El equipo Mapfre, durante una de las etapas de esta edición. Foto: VOR ALICANTE. El equipo Mapfre, el único representante español en la Volvo Ocean Race, libra en estos momentos dos batallas. La primera, deportiva, en las aguas de Nueva Zelanda, donde el 1 de marzo terminó la sexta etapa de la vuelta al mundo a vela, con los españoles en tercera posición. La segunda, legal, en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la capital alicantina. Según ha podido saber Alicante Plaza, Mapfre ha denunciado al consorcio de Alicante Puerto de Salida 2017, al no concederle buena parte de las exenciones fiscales a las que la empresa considera que tiene derecho por su inversión en promocionar el evento.
El consorcio, del que forman parte el Gobierno, la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación, el puerto de Alicante y otras entidades empresariales y sociales, rechazó el pasado 5 de octubre, a punto de empezar las actividades en el Race Village, un recurso de Mapfre para que se certificasen sus gastos en la difusión del evento. Como en todas las ediciones, los equipos participantes y los sponsors de la prueba (en el caso de la aseguradora española, con la doble condición) tienen derecho a exenciones fiscales equivalentes a su inversión en promocionar Alicante. Sin embargo, la junta de gobierno del consorcio rechazó certificar los gastos presentados por Mapfre.
Fuentes del consorcio consultadas por este diario confirman que en esa reunión de la junta de gobierno se dejó sin certificar el gasto total en la embarcación del equipo español, así como el 75% del gasto en promocionar Alicante durante la Copa del Rey de vela, de la que Mapfre es patrocinador. Si bien la mayoría de los integrantes de la junta se mostraron a favor de aceptar las certificaciones de la aseguradora, el voto en contra del representante del Ministerio de Hacienda fue determinante: Hacienda no solo tiene voz y voto en la junta, sino también derecho a veto. Es decir, al no obtener el preceptivo visto bueno del Ministerio, buena parte del plan de comunicación del evento desplegado por Mapfre se quedó sin certificar por el consorcio.
A todos los efectos, la inversión de la compañía española en la embarcación y el 75% de la promoción de Alicante Puerto de Salida que llevó a cabo durante la Copa del Rey de vela no se han producido a ojos del consorcio. El motivo esgrimido por el representante del Gobierno central es que las acciones llevadas a cabo por Mapfre no se ajustan a los requisitos establecidos en el 'manual de marca', donde se fija qué características técnicas debe reunir la promoción del evento para acogerse a las exenciones. Los patrocinadores pueden llegar a desgravarse el 15% de los gastos que realicen en la propaganda para la promoción del acontecimiento, hasta un límite del 90% de las donaciones efectuadas, durante un plazo de tres años: entre el inicio de 2016 y el fin de 2018.
La primera reunión del consorcio de Alicante Puerto de Salida, celebrada en marzo de 2017La compañía española considera que la promoción de la prueba y de Alicante desarrollada durante los meses previos al inicio de la competición sí deberían tener derecho a dichas exenciones, puesto que el mismo consorcio le aprobó el pasado 24 de marzo el plan de comunicación presentado (el argumento de Hacienda es que no se han cumplido las especificidades del 'manual de marca', aspectos como el tamaño del logo o el tiempo en pantalla, por ejemplo). Así, tras el rechazo de su recurso de reposición ante el mismo consorcio, la aseguradora española ha decidido acudir a los tribunales.
De esta forma, Mapfre SA interpuso el pasado 31 de enero un procedimiento ordinario ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante. Por su parte, Mapfre España interpuso otro recurso en el mismo sentido en el juzgado número 3. Ambos juzgados han reclamado al consorcio que aporte el expediente administrativo por el que se rechazó conceder las exenciones fiscales al equipo español de la Volvo. Así, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, que ejerce la representación del Consell en el consorcio, ha adjudicado ya su representación legal en el asunto al despacho Andersen Tax & Legal.
