Ángel Fenoll y José Vicente Gregory, en una cafetería junto a la Audiencia, antes del juicio. Foto: EFEALICANTE (EFE/AP). El fiscal mantiene la acusación contra los 15 implicados en el supuesto alzamiento de bienes cometido en el Grupo Autisa destapado durante la investigación del Caso Brugal. Por esta causa se sientan desde el pasado mayo en el banquillo de los acusados dos de los presuntos cabecillas de la trama, los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory, junto a otros 13 sospechosos. Los dos empresarios citados estarían en el centro de la trama principal del 'Brugal', que investiga el amaño de las contratas de residuos en Orihuela y en la Diputación bajo mandato del expresidente Joaquín Ripoll.
La Fiscalía ha mantenido prácticamente inalterables sus conclusiones provisionales, en las que pide penas de entre 9 meses y 12 años de cárcel por delitos continuados de estafa, falsedad documental, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Las peticiones más altas corresponden a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory, dueños o socios de hasta 18 empresas del conglomerado dirigido por Autisa, en su mayoría dedicadas a la venta y alquiler de vehículos industriales. Los Gregory y su empresa figuran, como contó Alicante Plaza, entre los principales morosos de la provincia con Hacienda.
El fiscal únicamente ha modificado sus pretensiones para rebajar a tres meses de cárcel y tres meses de multa la pena que solicita al empleado de un banco que ha reconocido los hechos, según las fuentes consultadas por Efe. De acuerdo con la versión acusatoria, los hermanos Gregory urdieron con la ayuda del resto de implicados una trama para dejar sin patrimonio sus mercantiles, que se hallaban en situación de quiebra, y no pagar así a sus acreedores.
Uno de los principales perjudicados del fraude es VFS Comercial Services Spain SAU, una entidad financiera del Grupo Renault con la que Autisa tenía suscrito un acuerdo para la venta de camiones y que mantiene diversos pleitos penales con sus titulares. Los Gregory vendieron presuntamente siete camiones en Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos, entre febrero y abril de 2009, para no pagar a la financiera, tras retroquelar los números de bastidores con los de otros vehículos que sí eran de su propiedad.
El Ministerio Público detalla también en su escrito otras operaciones fraudulentas con las que simularon supuestamente la venta o transmisión a terceros de sus bienes, tanto personales como societarios, para evitar que fueran embargados. Las defensas de los quince acusados han mantenido también esta mañana sus conclusiones provisionales, la mayoría de ellas para solicitar la absolución de sus clientes.
La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ha previsto otras dos sesiones del juicio, que se celebrarán mañana y el viernes, para escuchar los informes definitivos de las partes antes de declarar el caso visto para sentencia. En esa sentencia, el tribunal debe pronunciarse sobre la posible nulidad de los 'pinchazos' telefónicos realizados por la Policía Nacional en el marco del Caso Brugal, que ha sido invocada por los abogados defensores.
Los magistrados han denegado la reproducción y audición de esas conversaciones en este juicio porque no han sido impugnadas y su cuestionamiento se ciñe únicamente a una cuestión de forma de índole procesal, han precisado las fuentes.
