ALICANTE. "Tendría una muy difícil explicación que la Generalitat hubiera relegado al personal privado por criterios políticos". Así se expresa el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante que, en tiempo récord (menos de 24 horas) ha estimado la petición cautelarísima del Colegio de Médicos de Alicante (COMA) para obligar a la Conselleria de Sanidad a comenzar ya la vacunación del personal sanitario que trabaja en centros privados de la provincia de Alicante. El juez apercibe al Consell y advierte de que no puede aplicar criterios ideológicos, por lo que debe resolver cualquier circunstancia (que el juez no identifica, pero que entiende que es la única explicación) que haya retrasado el inicio de la vacunación en centros privados, y ponerla ya en marcha.
El auto que estima la petición del Colegio de Médicos, adelantado este jueves por Alicante Plaza, señala que el personal sanitario de los centros privados está incluido en la prelación de grupos de vacunación prioritaria establecido por el Ministerio, en los grupos 2 y 3 (personal sanitario de primera línea y otro personal sociosanitario), un acuerdo que es de aplicación en toda la Comunitat Valenciana, por lo que "de no acceder a dar el mismo trato [...] estaríamos ante una vulneración flagrante del principio de igualdad". Es más, el juez advierte de otras implicaciones constitucionales como "el derecho a la salud" o "el derecho a la vida".
En este sentido, el auto llama la atención sobre el hecho de que al comenzar la vacunación de los usuarios y personal de residencias de personas mayores no se hizo distinción entre centros públicos y privados, por lo que no tiene sentido hacerlo ahora. Es más, una vez adoptada la medida cautelarísima como pieza separada, la investigación sobre el retraso de la vacunación en los centros privados seguirá su curso, y el juez anticipa las "posibles responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido quienes hayan dado pie a esta situación" si no se justifica y resuelve inmediatamente.
En su argumentación, el auto llama la atención sobre el hecho de que "se constata como hecho indiscutible que la vacunación comenzó hace casi un mes, sin que el segundo grupo en orden de prelación y en concreto el personal de la sanidad privada haya recibido la primera dosis". Casi un mes de demora, destaca el juez, "en un ámbito sanitario donde el número de contagiados ha crecido exponencialmente". Por ello, "la Administración no puede abandonar a su suerte al personal de la sanidad privada". El "efecto multiplicador negativo de la falta de vacunación de un sanitario privado es innegable", termina.
Por todo ello, el auto resuelve estimar la petición cautelarísima del COMA y requerir a Sanidad para que "remueva" cualquier impedimento que obstaculice o dificulte la vacunación del personal sanitario que trabaja en el sector privado, y que se aplique a dicho colectivo el mismo orden y circunstancias que a aquellos que trabajan en la Sanidad pública, "sin dilación, discriminación o demora alguna". Asimismo, el auto exige el mismo procedimiento para el personal sanitario del grupo 3 (otro personal sociosanitario) que presta su servicio en el sector privado. El mandato, eso sí, queda limitado al ámbito de aplicación de la provincia de Alicante, al haberlo solicitado el COMA.
Tras conocer el auto estimatorio, el Colegio de Médicos de Alicante manifiestó este jueves su satisfacción por la resolución judicial "que repone en sus derechos a todos los médicos con independencia del lugar y el modo en el que ejercen la profesión". En un comunicado, el COMA destacó que ha visto "recogidas íntegramente las reivindicaciones que en defensa de todos los médicos se han formulado por el Colegio", y advirtió de que "continuará vigilante para que se lleve a puro y debido efecto dicha resolución judicial sin demora alguna".
