Enrique Ortiz, en el palco del Rico Pérez, durante un partido del Hércules. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El juez instructor del Caso Brugal, Manrique Tejada, titular del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, considera que en el sumario hay indicios suficientes como para acusar al empresario Enrique Ortiz de haber logrado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante se modificase a su antojo durante su tramitación para adaptarlo a sus intereses. A pesar de que el nuevo PGOU no se llegó a aprobar, el magistrado considera que el presunto delito se consumó en cuanto el Consistorio realizó el acto administrativo de remitir el documento a la Generalitat.
El juez concreta los delitos atribuidos a Ortiz en tres tipos penales, que son los mismos que encuentra contra los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo: uso de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho (para lograr las dos anteriores). Todos ellos cometidos presuntamente en la época en la que se terminó de redactar el plan por el equipo de Jesús Quesada, más o menos en julio de 2008, y el momento en que se remitió el documento, tras su periodo de exposición pública (que comenzó en octubre de ese año), a la Generalitat en 2010.
Para ello, el juez se basa en las abundantes conversaciones telefónicas intervenidas entre Ortiz y Alperi, o entre el primero y la sucesora del segundo, Sonia Castedo (que en esos momentos era concejal de Urbanismo), además de los movimientos empresariales y societarios que realiza el constructor en las zonas donde tiene intereses que se van a ver alterados con el nuevo PGOU, y sobre todo en los sucesivos cambios que experimentan en las normas urbanísticas de Alicante a medida que se suceden dichas conversaciones y reuniones entre los implicados.
El instructor llama la atención sobre todo acerca de la "capacidad de influir" sobre los políticos y los técnicos de la que hace gala el constructor. Así, destaca que Alperi y Castedo le informaron de la dimisión del primero en beneficio de la segunda antes de dar una rueda de prensa en la que se anunciará oficialmente, o que en mayo de 2008, "cinco meses antes de la primera exposición al público del planeamiento revisado", Ortiz mantuviese una reunión en la Gerencia de Urbanismo con el redactor, Jesús Quesada, y la entonces edil del ramo Sonia Castedo. "Tú eres amigo y ella también, no hay problema", le dice Ortiz a Quesada en una conversación telefónica el 13 de mayo, dos días antes de reunirse. "Si nos ven, mal rollo". El juez ve indicios de que en dicha reunión pudieron tratarse temas que beneficiaban "a los intereses del señor Ortiz", ya que en otra conversación Castedo "se comprometió a dar al señor Ortiz una información que no quería dar delante del director del equipo redactor".
El 31 de mayo de 2010 se aprobó provisionalmente en el Ayuntamiento la revisión del PGOU. En cuanto al beneficio pretendido por las sociedades mercantiles en las que participa Ortiz, el juez las concreta en cuatro actuaciones: el sector entre el APA 9 y las Lomas de Garbinet; el entorno del Rico Pérez y la zona de Fontcalent; los Saladares de Aguamarga (donde estaba prevista la Ciudad de la Economía); y el plan Torres de la Huerta en la zona de La Condomina.
Basándose en las conversaciones intervenidas, las reuniones celebradas y las fichas del planeamiento urbanístico sucesivamente elaboradas, el juez considera que existen indicios de que Ortiz logró, en todos los casos, que "durante la tramitación del procedimiento de planeamiento, se van produciendo modificaciones, todas ellas en beneficio de los intereses del señor Ortiz", de forma que se sigue "la línea que le va fijando el propio investigado, dentro de una trama organizada en torno al señor Alperi".
En Lomas de Garbinet, el juez ve indicios de que "el criterio para determinar la clasificación como suelo urbanizable de dicha franja de suelo se decidió en función de la influencia del señor Ortiz sobre el redactor del Plan y la por entonces concejala de Urnanismo, Sonia Castedo". La mejora consistió en desplazar la línea de suelo protegido para producir "una mejora sustancial del aprovechamiento de la propiedad del investigado". En el caso del Rico Pérez, la calificación del suelo fue variando en función de los intereses del empresario, y también como consecuencia del rechazo social que generó el proyecto inicial. Entonces Ortiz intentó, según el juez, obtener el beneficio en la zona de Fontcalent, donde también poseía suelo.
En cuanto a los Saladares de Aguamarga, donde se proyectó la Ciudad de la Economía, "durante la tramitación se busca siempre un mayor beneficio, en este caso otorgar un mayor valor a los suelos". La forma de lograrlo, según los cambios que se van produciendo en los planos entre el proyecto original de PGOU y el que termina Quesada, se logra "excluyendo una zona ubicada al norte de la línea discontinua y al sur del polígono industrial", que queda fuera del suelo catalogado como protegido. De esta forma, "se reducen notablemente los metros cuadrados de Parque Natural adscritos a este sector". El juez incluye como ejemplo de información privilegiada el "Pacto de Socios Dreamview", que se firmó un día antes de comenzar la exposición pública del PGOU y en el que sus firmantes ya recogen que "está previsto el cambio de clasificación urbanística" para permitir el proyecto de Ciudad de la Economía.
Por último, el juez incluye también el planeamiento en la zona de La Condomina, "no tanto porque haya dado lugar al dictado de una resolución beneficiosa" para el empresario, sino porque aporta más indicios del supuesto "tráfico de influencias". En este caso, los movimientos de Ortiz no consisten en modificar la redacción, sino en convertirse en propietario de suelo en la zona, a través de sociedades interpuestas, según el juez. Asimismo, señala que "en otros sectores se suceden los hechos de idéntica manera, y en el procedimiento de aprobación del PGOU se van sucediendo avances, modificando lo anterior, en beneficio del investigado".
El juez reseña también el presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada que se desprende del anterior. "El beneficio que pudiera obtener el imputado y sus socios de la información privilegiada está pendiente de materializarse en cuanto al concreto aprovechamiento urbanístico, pero no en cuanto a los movimientos societarios y financieros" que Ortiz realiza en base a esa información. El instructor insiste en que el delito "se comete al preparar el documento y ser aprobado para su remisión a la Administración autonómica", aunque luego ésta no aprobase el nuevo PGOU.
En cuanto al cohecho, el auto cita las cenas en la embarcación de Ortiz, el viaje a Creta del exalcalde Alperi, la mediación para la contratación de "Pepi" en Inusa, el viaje a la nieve de Castedo y familia, y el presunto regalo del Mini a la exalcaldesa.
