El juez descarta reactivar la euroorden contra Puigdemont porque cree que intenta provocar su detención

ALICANTE. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', ha descartado reactivar la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca, país al que ha viajado para participar en un debate organizado por la universidad de la capital danesa, porque considera que busca provocar su detención para poder delegar su voto en la investidura.

En un auto, el juez Llarena subraya que desplazándose a Dinamarca, Puigdemont busca "favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal" para "forzar" la delegación de su voto como si su situación fuese la de privación de libertad" y poder hacer lo mismo que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión.

"La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria", señala el auto.

En este auto, el juez Llarena ha rechazado la petición realizada este lunes por la Fiscalía en la que solicitaba que volviese a emitir la euroorden para que las autoridades danesas detengan y entreguen al expresidente catalán, investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Destaca que esta solicitud de la Fiscalía es razonable si se contempla que el expresidente se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal. No obstante, añade que esta petición se enfrenta a matices que conducen a que esta decisión debe posponerse.

El magistrado del alto tribunal explica que la decisión se aplaza a un momento en que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión. Además, puntualiza que la reactivación de la orden de detención se debe hacer cuando el "Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración".