El juez rechaza sumar testigos al proceso para llevar al banquillo a Francisco Martínez

CASTELLÓ. El juez de Instrucción 4 de Castellón, Jacobo Pin, avala que el procedimiento para sentar de nuevo en el banquillo al ex vicepresidente de la Diputación provincial Francisco Martínez siga adelante. El magistrado rechaza la práctica de más diligencias de investigación y acuerda continuar el procedimiento con jurado popular. En un auto con el que resuelve los escritos de la acusación y las defensas de principios de febrero, Pin niega la posibilidad de que comparezcan más de una treintena de nuevos testigos, como pedía la acusación, y también niega el sobreseimiento que solicitaba las defensas de Martínez, su hija y el empresario Raúl Babiloni, acusados en el caso.

El auto todavía no supone la apertura de juicio oral porque la Audiencia Provincial de Castellón debe resolver el recurso de apelación de las defensas sobre el procedimiento con jurado, contra el que alegaron. Si la Audiencia lo desestima, será el momento de que la Fiscalía y la acusación popular, el PSOE de Vall d'Alba, soliciten la apertura de juicio. Si por el contrario estima el recurso, el procedimiento volvería a una fase previa de la instrucción, en lo que supondría un nuevo retraso del caso. 

En él se investiga si los tres acusados, a través de las empresas Franvaltur, Gestintur y Prodever, utilizaron información privilegiada para comprar terrenos en Vall d'Alba para después revenderlos más caros aprovechando su recalificación. En su día, el juez instructor ya apreció indicios de delito de todo ello. Los delitos de los que se acusa al que fuera alcalde de Vall d'Alba durante 24 años, a su hija y a Babiloni son los de negociaciones prohibidas a funcionario público, fraude administrativo en concurso medial con malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha señalado que el juez instructor considera que existen "indicios racionales de criminalidad" contra los tres investigados por la adquisición y posterior venta de diferentes fincas en el municipio relacionadas con programas de actuación urbanística y la aprobación de esos mismos planes desde la corporación municipal entre los años 2005 y 2014. 

Por esta razón, el magistrado rechaza la petición de sobreseimiento de las actuaciones formulada por las defensas. Asimismo, deniega también la práctica de nuevas diligencias de investigación solicitadas por la Fiscalía y la acusación popular porque la fase de instrucción está ya finalizada y esas diligencias "no son imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura de juicio oral".