Acceso a los estudios de cine de Ciudad de la Luz en Alicante. Foto: EFEALICANTE. El complejo cinematográfico de Ciudad de la Luz en Alicante lleva 'cerrado' por orden de la Comisión Europea desde 2012. Sin embargo, mientras se concreta la solución definitiva para las instalaciones (las dos subastas para intentar colocar los estudios a un operador privado y recuperar la inversión realizada, tal como mandataba Bruselas, quedaron desiertas), la Generalitat tiene que seguir haciéndose cargo del mantenimiento, a pesar de que hayan pasado cinco años desde la última vez que se rodó una película (La oscarizada 'Lo Imposible', de Juan Antonio Bayona).
Según los últimos tres contratos de suministros adjudicados por la mercantil dependiente de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), ese mantenimiento supone un gasto de casi 1.000 euros diarios para las arcas públicas de la Generalitat, al margen de los sueldos del personal administrativo que sigue trabajando en el complejo tras el ERE aplicado por SPTCV a la plantilla de los estudios en 2014, cuando el plan era liquidar la sociedad.
Tal como ya publicó Alicante Plaza, el contrato más costoso de los adjudicados desde que comenzó el año 2017 es el de la energía eléctrica. El pasado mes de febrero, Ciudad de la Luz S.A.U. adjudicó el suministro a Gas Natural Comercializadora S.A., que realizó la oferta más ventajosa económicamente para la empresa pública, con 275.076 euros (15.000 euros menos que el importe de licitación), impuestos incluidos, para un año.
No obstante, en las últimas semanas los estudios de cine que dirige Miguel Mazón ha tenido que adjudicar otros dos contratos relacionados con el mantenimiento del complejo. El primero, relativo a la limpieza de las oficinas. El segundo, para asegurar el contenido de los platós. A pesar de que el complejo se encuentre desierto y sin actividad, el Consell tendrá que pagar religiosamente para mantenerlo limpio y para asegurar los equipos de unos estudios en los que nadie ha rodado ni un milímetro de cinta en los últimos cinco años.
La limpieza ha sido adjudicada a la mercantil Audeca S.L., por 8.000 euros impuestos incluidos. Según el objeto del contrato, se trata de lleva a cabo la "limpieza de las oficinas de Ciudad de la Luz y resto de instalaciones". El plazo de ejecución es en este caso de seis meses, de forma que el servicio está contratado hasta el próximo mes de octubre, dado que se adjudicó hace unos días. Por otra parte, el complejo acaba de adjudicar también la póliza del seguro de responsabilidad civil para un año. La adjudicataria es la firma AIG Europe Limited, que presentó la mejor de las dos ofertas recibidas, al incluir en la cobertura los viales de acceso al complejo, titularidad de la SPTCV. El Consell licitó el contrato por 110.000 euros, pero AIG prestará las citadas coberturas por 68.515 euros, tras aplicar una rebaja del 35% al precio de licitación.
En total, estos tres contratos suponen un desembolso para la Ciudad de la Luz de 351.500 euros este año (sin contar el segundo semestre de limpieza, que deberá volverse a licitar en octubre), lo que es lo mismo, 965 euros cada día que pasa con el complejo inactivo. Los Presupuestos de la Generalitat para 2017, en cualquier caso, contemplan una partida de 3.002.000 euros para el complejo, lo que no obstante la convierte en la más 'barata' de las mercantiles públicas (el aeropuerto de Castellón costará 8,5 millones de euros, o 30,4 millones el circuito de Cheste).
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, señaló durante una visita a Alicante a principios de año que el Gobierno autonómico tiene "buenas vibraciones" sobre la decisión final que adoptará la Unión Europea sobre el futuro de Ciudad de la Luz, porque "las informaciones informales" que están llegando desde Europa permiten "intuir" que se ha producido un cambio de postura de las autoridades europeas respecto a "la desconfianza que tenía Bruselas sobre lo que hacía el Gobierno de la Generalitat". No obstante, cinco meses después esas buenas vibraciones aún no se han concretado. El Consell espera que Bruselas permita ejecutar una 'dación en pago' del complejo que dé por devueltos los fondos públicos destinados a su construcción, y poder así destinar las instalaciones a otro uso que no sea el cinematográfico. Un destino sobre el que mucho se ha especulado en los últimos meses, pero sobre el que aún no hay tampoco ninguna concreción.
A los gastos que ocasiona el complejo mientras sigue cerrado a la espera de resolución aún cabría sumar otro imprevisto. El de las indemnizaciones que tendrá que abonar a los propietarios que fueron desalojados para construir el complejo, y a los que no se pueda restituir la parcela expropiada, tal como ordena la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre, precisamente tras un recurso de SPTCV contra el fallo del TSJ valenciano. El Consell busca una salida negociada caso por caso, dado que hay parcelas que no se pueden devolver (porque se ha construido sobre ellas) y otras en las que los expropiados deberían devolver la indemnización a cambio de recuperar su titularidad.
