"El procurador es la llave para resolver la dilación de los procesos y las ejecuciones judiciales"

CASTELLÓ. Más de 30 años en el ejercicio profesional avalan a la actual presidenta del Consejo Valenciano de Procuradores, Carmen Rubio Antonio, como una de las voces de referencia en este ámbito troncal en la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana. Número 32 del Colegio de Procuradores de Castellón es, desde 2004, decana en la provincia como así atestigua la placa conmemorativa que permitió inaugurar la actual sede social en la capital de la Plana, lo que supuso abrir al colectivo a un nuevo tiempo marcado por la digitalización y una transformación de las estructuras que no han venido exentas de grandes retos, oportunidades y amenazas para un sector que quiere seguir siendo llave en la comunicación interna de la justicia. En la agenda de asuntos pendientes de la presidenta del consejo, hoy cobra fuerza la necesidad de dar a conocer a unos profesionales muy dados al trabajo en la sombra, los riesgos de la implantación de multiempresas empeñadas en la desterritorialización del servicio, las relaciones telemáticas o la dotación de nuevas competencias en materia de ejecución.

-¿A qué cree que se debe el desconocimiento social que se da, por lo general, en torno a la figura del procurador?
Es cierto. Es algo que siempre está ahí. Quizá sea porque trabajamos en la sombra, en contacto directo con los funcionarios y el resto de trabajadores de la Administración de Justicia, con los letrados, etcétera. Y le diré, a modo de ejemplo, que somos pieza clave en las relaciones de los abogados, con los diferentes juzgados. Filtramos toda la información que se cruza entre los diversas áreas, la gestionamos y la hacemos llegar a los órganos correspondientes y, llegado el caso, la matizamos, corregimos, etcétera. Somos el conducto y un eslabón necesario para materializar esa comunicación, pero también un elemento clave para resolver la dilación de los procesos judiciales y la ineficacia de sus ejecuciones.

-¿Y qué aportan para esa comunicación? ¿cuáles son sus principales aspiraciones?
Por ejemplo, una vez que se presenta una demanda judicial, de la naturaleza que sea, nosotros tenemos la función de citación a las partes correspondientes. Tenemos la potestad de trasladar la comunicación al cliente, con lo que somos parte actora para la agilización de los trámites y las diligencias.

Le diré que una vez está la sentencia judicial, si no se ejecuta no sirve para nada, por lo que esta acción es hoy una de nuestras principales reclamaciones. Venimos reivindicando esta parte tan importante que tiene que ver con la ejecución de las resoluciones judiciales con el fin de contribuir a la agilización de los procesos.

Por otro lado, queremos lograr el acceso al Punto Neutro, esas aplicaciones y bases de datos que hoy están al alcance de los órganos judiciales y donde se comparte información con otros organismos de la Administración General del Estado y de otras instituciones con el propósito de facilitar y reducir los tiempos de tramitación.

-¿Pero qué papel le queda al procurador en un entorno donde hoy las comunicaciones se dan, en buena parte, de manera electrónica?
Es verdad que existen las notificaciones telemáticas a través del órgano colegial. En España solo existen 64 colegios, que reparte la tarea entre los profesionales que los integran. Si la figura del procurador no existiera, el juzgado tendría que notificarlo a las partes, a los clientes, uno a uno y los procedimientos se eternizarían. Nosotros lo que hacemos es agilizar el procedimiento. Nuestra responsabilidad, desde el momento en que a una persona se le da de alta, es notificar todos los días, bien sea de manera directa en papel o telemática. La clave de nuestra tarea es la agilización de la justicia. Somos una especie de gestores en los juzgados en representación de nuestros clientes.

Lo ideal es mantener lo que se ha hecho siempre, recurrir a los abogados y procuradores para mantener ese vínculo directo y cercano que es clave en la Administración de Justicia. Lo telemático nos está llevando a un proceso de deshumanización del que tenemos que huir. La justicia debe ser próxima al ciudadano y actuar con la celeridad que se le requiere. Y las nuevas formas de comunicación, bajo mi punto de vista, lo que hacen es deteriorar el sistema. Habrá gente que piense lo contrario, pero es mi opinión.

-Hay una preocupación muy extendida, al abrigo de esta digitalización, que es la llegada de grandes fondos financieros, compañías... que trabajan con procuradores de otros lugares. ¿Cómo afecta esto a los profesionales y al modo tradicional de la procura?, ¿cómo ve esta desterritorialización en el ejercicio de su profesión?
Desde que se perdió la territorialidad, el procurador era el contacto más cercano al juzgado más próximo. Las grandes compañías financieras, los fondos… han dejado buena parte de esta gestión a procuradores de grandes capitales que están próximas a sus sedes y delegaciones principales.

Debo decir que nuestros estatutos nos permiten poder sustituir a un compañero, incluso de alguien de fuera de la circunscripción territorial, pero antes esto era algo puntual. Lo que sucede es que ahora este trabajo se da a procuradores de otros lugares por parte de empresas que lo que hacen es suplantar. Es decir, aquí ya no hablamos de sustituciones, sino de suplantaciones. Y por cierto, le diré que estas multiempresas acaban de perder una sentencia y hoy el asunto se dirime en el Supremo porque está recurrida.

Nosotros, así lo indica nuestro estatuto, podemos tener hasta tres habilitados por cada procurador. Esto era algo que funcionaba y tenía un sentido. Esta sentencia ha evitado ahora que estas multiempresas creen una bolsa de trabajadores que, con escasa remuneración, hubieran extendido esta ampliación de habilitados y hubieran hecho mucho daño a la profesión. Es decir, lo que pretenden estas multiempresas es que pasemos de sustituir a suplantar y esto es un riesgo importante.

Una vez que pasaron los meses más complicados de la pandemia y en pleno desconfinamiento, hemos visto que la gente no dejó de recurrir a lo telemático y así corremos el riesgo de mayor suplantación. Es un perjuicio claro no solo para el procurador, sino también para el abogado e incluso los jueces.

-La reforma del enjuiciamiento civil les situó como un activo importante a la hora de notificar a las partes, al modo de lo que se conoce como huissier de justice. ¿Cree que le han sacado todo el partido a esta faceta?
Pues no el que se debiera. Nosotros cogimos la competencia de citaciones, requerimientos… que hacen los hussiers, con lo que supone para subsanar toda la ejecución. Hay quien lo hace, pero hay quien no; el problema es que en costas no se contempla porque es algo nuevo. Está claro. No se ha sacado todo el partido que nos gustaría y es una cuestión que se da habitualmente en otros ejercicios como son los notarios, que suelen hacer requerimientos. En este contexto, también es verdad que nos han hecho mucho daño las videoconferencias y lo que hemos hablado de las suplantaciones.

-¿Qué opina de la ley de enjuiciamiento criminal y lo que conlleva en cuanto a que el peso de la instrucción pase a los fiscales?
Nosotros los procuradores no entramos en eso. Quizá afecte más a la Abogacía. Supongo que es algo que habría que estudiarlo caso por caso, porque depende del juzgado y del asunto. Es algo en lo que no entro. Entiendo que nadie quiere perder sus competencias, es algo complejo.

-¿Y por qué hay bastante más procuradoras que procuradores?
No hay una razón profesional, si acaso, esta motivación es social. Es verdad que existe algo de esa intuición que se le presupone a las mujeres, aspectos que tienen que ver con la conciliación, el carácter… Lo que sí está claro es que las mujeres se están incorporando de manera notable en las diversas disciplinas profesionales… y la procura es un ámbito que no es ajeno a este fenómeno.

-¿Cuáles son sus principales objetivos al frente del Consejo Valenciano de Procuradores?
Formar, formar y formar. Hicimos recientemente un curso en València del turno de oficio; haremos en septiembre uno de mediación en Alicante; y en Castellón llevaremos a cabo un curso de violencia de género en octubre. La formación es para nosotros es esencial, muy importante para este colectivo y queremos fomentarla. También hicimos hace poco un curso de Mercantil y tenemos en cartera ya otro de Concursal de personas físicas. Mi objetivo como presidenta es contribuir en la formación de nuestros colegiados. Es clave.

-De modo particular, ¿piensa que la sociedad, en su conjunto, está haciendo justicia con la Justicia a la hora de dotarla de los recursos necesarios  para el desarrollo de su función?
La justicia no vende. Invertir en la justicia no ha sido algo prioritario. Sí lo ha sido la educación, la sanidad… y así debe ser, pero esto no quita que se tenga que invertir en algo tan importante como es la Administración de Justicia. En la Comunitat Valenciana tenemos un servicio gratuito de acceso a la justicia, funciona bien y entendemos que es un acierto, pero los recursos que se dedican a la justicia no venden socialmente lo que debiera y creo que hay que invertir más y dotarla de todo cuanto sea necesario para que sea eficaz y funcione con la diligencia necesaria. En este contexto, el papel de los procuradores siempre ha sido esencial. 

En este momento de crisis como el actual, los procuradores tenemos mucho que hacer para contribuir a agilizar la Justicia, ya que la dilación de los procesos judiciales y la ineficacia de sus ejecuciones son los grandes retos por los que estamos luchando y seguiremos hasta conseguir una Justicia más ágil. Con mayores competencias en favor de la procura se conseguiría descolapsar la Administración de Justicia y el retorno de activos al mercado ayudaría al impulso de la economía nacional. De esta manera, como dije antes, nos acercaríamos a esa figura europea de los hussiers de justice.

^{Fotos: Antonio Pradas}