Foto: Carlos PascualVILA-REAL (RO/EFE). El presidente de Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, tiene "plena confianza en la justicia". Así se ha pronunciado en la rueda de prensa de presentación de resultados del grupo azulejero respecto al proceso judicial abierto contra el expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el que figura como investigado junto a su hijo, Fernando Roig Negueroles.
Roig afirma estar "completamente tranquilo" y se ha mostrado seguro de que la justicia "reconocerá claramente nuestra inocencia". A preguntas de los periodistas sobre la causa judicial abierta por el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón, en la que figura como principal investigado Carlos Fabra y en la que se le investiga a él y a su hijo por un supuesto préstamo que concedió al exlídel del PP, Roig ha dicho que las explicaciones las dará en los tribunales.
Roig y su hijo declararon el pasado 22 de diciembre ante el juez que instruye la causa y contestó las preguntas que se le plantearon. El presidente de Pamesa compareció en su propio nombre y como responsable de la mercantil Portovan SL, que concedió un préstamo con garantía hipotecaria a Fabra por valor de 1,4 millones de euros.
El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra declaró el pasado 28 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, después de que el 22 de septiembre su domicilio en la localidad de Oropesa del Mar fuera registrado por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.
El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.
El juzgado investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
