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el sur del sur / OPINIÓN

Florentino Pérez y Brugal

18/07/2021 - 

Esta semana se ha puesto fin (de momento) a uno de los episodios más feos de la política municipal de Alicante: la causa judicial del supuesto amaño del Plan General de Ordenación de la ciudad. El resultado ya es conocido de sobra: casi todos los implicados han sido absueltos, excepto el ex alcalde, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz, que han sido condenados al pago de un multa por ser responsable de un delito de cohecho. Del resto, según la sentencia, no se ha podido probar nada.

Como he defendido en más de alguna ocasión, los jueces han hablado. Hay que respetar el fallo, guste más o menos. Los recursos, si los hay, intentarán corregir el fallo, o será el Supremo quien ratifique la sentencia.  El tiempo lo dirá. Pero como es normal en este tipo de casos, sobre todo, cuando se dan fallos absolutorios, las reacciones suelen ser muy de solidarizarse con los absueltos y pedir una reparación del daño causado. En la mayoría de los casos. El PP de Alicante lo ha hecho, pero casi diríamos que con la boca pequeña. Y añadiría que la absolución es casi un alivio para la actual organización popular porque una condena hubiera revuelto el estómago a más de uno porque de la actuación a acometer sobre ellos hubiera sentado cátedra o precedente para que lo que pueda venir, que todavía queda algo por venir.

Más allá de las acusaciones, que las hubo, y de los hechos probados, que han quedado en anécdota, el caso del supuesto amaño del PGOU de Alicante y la reacción que se tuvo en su fue momento fue toda una confusión de valores en la sociedad local de Alicante, que además venía precedido de todo lo que había salido previamente como consecuencia del caso Gürtel y sus ramificaciones. En la Generalitat, Camps dimitió, pero no con el propósito de enmienda a unos valores que comenzaban ya a ser discutidos, sino para no interrumpir la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en noviembre de 2011.

Pero mientras Camps se apartó, y el PPCV tuvo que entrar de manera forzado a un nuevo estado de la cuestión -intentando aplicar medidas para desmarcarse de los supuestos casos de corrupción o intentar regenerar algunas organizaciones- en Alicante, y en concreto del ayuntamiento, no sólo se nos decía que no había delito en esas conductas, sino que pasar las Navidades con el principal empresario de la ciudad; hacer fiestas de pijamas, celebrar en un yate el archivo de una causa judicial o irse en un jet privado a Creta era algo normal. Y si encima un medio de comunicación, el que fuera, o un periodista lo cuestionara, pues pasaba directamente al ostracismo, o incluso al apartheid informativo.

Eso sucedió pasado 2011 cuando Sonia Castedo ganó las elecciones por amplísima mayoría. La crisis había pasado factura al PSOE, tras el 15M, y los efectos de la dura recesión en la población eran evidentes. Despidos, desahucios, fusiones bancarias, embargos...pero mientras todo eso pasaba, además de que no había delito, además, no había, no hubo nunca, propósito de enmienda sobre la confusión de valores. Todo, al parecer, estaba bien hecho e, insisto, cuestionarlo, era de malas personas. Se nos vendía como normal lo que no era normal, ni siquiera en los días de vino y rosas.

Afortunadamente, como ha sucedido ahora con los audios de Florentino Pérez, las grabaciones demostraron ese queso gruyère que era la parte dirigente de sociedad de la ciudad de Alicante: enchufes en empresas concesionarias, colocaciones a dedo; asesoras haciendo de niñeras, expulsiones de personas de determinados comités por discrepar con la autoridad del momento, maniobras contra los portavoces de la oposición...eso era el Alicante de aquellos años que ha retratado el Brugal ante la complacencia del establishment, incluso, el mediático. Antes salvar los números que levantar las alfombras de la podredumbre enquistada en las esferas de la ciudad. Hasta el propio PSOE cayó en esa trampa, como bien explica en su artículo Antonio Zardoya.

De todo aquello, no sólo lo de Alicante ciudad, también lo de la CAM, el Banco de Valencia y Bancaja, los otros brugales, el del norte y el del sur; los gurteles...Más que si hubo actitudes delictivas, que los tribunales han intentado esclarecer en su medida, sobre todo, lo triste es que se nos intentó vender que la relaciones putrefactas que mostraron los audios de Brugal es que eso era lo normal y cuestionarlo era convertirte en el demonio. Es decir, que el resto de la sociedad mientras lo pasaba verdaderamente mal, además, caminaba en dirección contraria. Y si encima, como periodista lo refutabas, pues a la mazmorras públicas.

Es posible que en defensa de la solidaridad de los absueltos, oigamos en los próximos días dos argumentos más: los 12 años que ha durado el proceso y el daño causado en sus carreras políticas. Sobre la dilación del proceso, hay que recordar que los imputados llevaron el proceso al TSJ porque les convino, es decir, la causa estaba en Alicante, se paseó por València y volvió a Alicante con el objetivo de dar carpetazo lo más rápido posible.

Y sobre el otro argumento. si tan inocentes se creían entonces los acusados, como defendían, pues haber seguido en sus cargos o haberse presentado a las elecciones. Nadie se lo impedía. Lo que pasa es que el lodazal ético era insoportable, no sólo por lo que decían los medios de comunicación, por lo que pusieron al descubierto las grabaciones, como le ha sucedido ahora a Florentino Pérez, que unos años después también se le ha visto el plumero moral que tiene con los suyos. En el caso del PGOU de Alicante, el PP debería, en todo caso, considerarse perjudicado, por los suyos, y por los que tardaron en hacer la bola más grande. Han quedado absueltos, sí, pero de lo que no hay duda es que confundieron los valores, no aceptaron la enmienda pública y, además, persistieron en el error hasta ser insoportable. 

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