ALICANTE. El escenario se complica para la patronal alicantina, Coepa. Superado el concurso de acreedores, y mientras intenta cumplir el calendario de pagos pactado, ha llegado el golpe que puede ser definitivo: el embargo de sus cuentas y bienes por valor de 1,9 millones, que es la cantidad que le reclama el Servef por las ayudas que recibió para el centro de oficios y que el departamento que dirige Enric Nomdedéu considera irregulares.
Según ha podido saber este diario, el servicio provincial de Recaudación de Alicante (IVAT), a partir del informe elaborado por el Servef en el que se desestimaban las pretensiones de la patronal, ha rechazado la impugnación que presentó Coepa contra la providencia de apremio que se le envió hace unas semanas. Es decir, el camino administrativo se ha agotado, y Coepa sigue debiendo 1,9 millones de euros al Consell. Al menos, mientras el juez de lo contencioso ante el que la patronal recurrió la reclamación no diga lo contrario.
La providencia de apremio se ha formalizado por los 1,9 millones de euros más el recargo del 20% por la vía ejecutiva, lo que eleva el importe a satisfacer hasta los 2,3 millones de euros. Una cantidad que ni de lejos puede aportar la patronal, que apenas cuenta con unos miles de euros en sus cuentas y ningún patrimonio (vendió la sede en Ruperto Chapí y el centro de oficios ha sido adjudicado al IVF en el concurso de acreedores).
La impugnación presentada en su momento por Coepa, que alegaba un error matemático, suspendió el procedimiento de embargo iniciado por la AEAT. Ahora, este procedimiento vuelve a retomarse, de forma que la AEAT continuará con las acciones para intentar el cobro de estos recursos públicos, incluidos los embargos oportunos. En todo caso, en la notificación se indicará a Coepa que tiene un mes para presentar un recurso en alzada ante el IVAT, pero este recurso ya no paralizaría la vía ejecutiva.
Así las cosas, Coepa tiene que abonar la deuda o presentar un aval, ya que, en caso contrario, sigue el procedimiento. Y no parece que puedan hacer ni lo uno ni lo otro. Es decir, todo aboca a la patronal a la liquidación, dado que el embargo impedirá que pueda cumplir con el plan de pagos a los acreedores y cualquiera de ellos (o la propia deudora) pueden solicitar esa resolución a la situación. Eso sí, la liquidación dejará sin cobrar a la mayoría de acreedores, incluidos los empleados despedidos en dos ERE y el Fogasa. Y la Generalitat recuperará apenas una ínfima parte de esos 1,9 millones de euros. La clave estriba en que el plan de viabilidad de Coepa incluía la continuidad de su actividad como garantía del pago, al generar nuevos ingresos. Algo que ahora se antoja imposible.
Hacienda y el Servef siempre han justificado el recurso a la vía ejecutiva en la necesidad de que los escasos recursos públicos a disposición de los valencianos se inviertan en generar las máximas oportunidades de futuro, y defienden que se va a ser contundente en la detección de actuaciones que, como consideran que ha sucedido en este caso, comporten que ni un solo euro no se destine a su finalidad, cuando deberían haberse destinado a cursos de formación.
Como ha venido contando este diario, el Servef incluso denunció penalmente a Coepa por el destino de esas subvenciones, al considerar que se presentó una doble contabilidad (al IVF por el crédito para construir el centro, y al Servef por las ayudas para ponerlo en marcha). La juez archivó la causa en mayo sin llegar a imputar a nadie. No obstante, la Administración ha seguido en paralelo la vía administrativa hasta agotar los plazos. Coepa ha intentado que se aplique a la reclamación la quita del 95% que se aprobó para el resto de acreedores, pero cuando el juez se pronuncie sobre el particular es posible que la liquidación de la patronal sea ya un hecho.
Antes de llegar a este punto, Coepa y Cepyme crearon la nueva organización Cepal, que está en fase de inscripción en el registro y alta en Hacienda, para que ejerza como la nueva patronal de la provincia, y además con ámbito autonómico para disputarle representatividad a la CEV de Salvador Navarro. La idea es que las federaciones, asociaciones y empresas que ahora forman Coepa y Cepyme se trasvasen en bloque a Cepal, de forma que la representatividad empresarial que ahora ostenta la primera pase a la nueva entidad. Precisamente, una de las razones para la urgencia en poner en marcha esta nueva confederación era la posibilidad de que Hacienda ejecutase la reclamación del Servef.