Investigación "raquítica y con pies de barro": la defensa de los acusados por Brugal ataca al origen de las pruebas

ORIHUELA. Si hay algo que pone de acuerdo, al menos a los seis letrados que hasta el momento han puesto sobre la mesa las cuestiones previas al juicio del Caso Brugal, cuyo inicio se produjo ayer, es que quieren sacarse de encima el vídeo que desató la caja de los truenos y que ha traído al banquillo a 34 acusados. El documento clave para ellos es aquel en el que el empresario Ángel Fenoll, supuestamente, hablaba de sobornos y amaños en la contrata de basuras y que fue el hilo del que la Fiscalía tiró y que acabó enmarañándose en un caso que ha sumado hasta 18 causas más dentro de él, la macrocausa Brugal. La cuestiones previas, continúan hoy y mañana. 

Aunque motivados por intereses distintos, los letrados que ayer defendieron al empresario Ángel Fenoll, al exalcalde José Manuel Medina, y a otros acusados pusieron sobre la mesa la necesidad de anular las escuchas, que son las principales pruebas contra sus defendidos. Los motivos: consideran que fueron ordenadas tras un auto en marzo de 2007 que estaba sustentado sobre las conclusiones extraídas del famoso vídeo de Fenoll. Un documento que, para la defensa, no tiene validez, fue tomado sin consentimiento y del que no se tiene una copia original.

"A ver qué cae en el saco"

Los diferentes letrados fueron muy duros con lo que consideran que fue una investigación judicial “muy deficiente”. De hecho, el abogado Mariano Bó, que defiende a Ángel Fenoll y a Francisco Javier Bru calificó la grabación de su defendido como “manipulada, utilizada por el Ministerio Fiscal de manera desproporcionada” y la tachó de constitutiva de delito. De hecho, en su defensa de casi una hora, ayer, en la Ciudad de la Justicia de Elche, aseguró que el Juzgado que inició el procedemiento “debía saber que las pruebas aportadas por Fenoll eran de origen ilícito, pero las hizo suyas”.

Por ello, pide la nulidad del auto de 2007 que propició escuchas durante tres años, bajo secreto de sumario a gran parte de los que hoy se sientan en la causa de Brugal.

Bó afirma que el hallazgo de las pruebas que presenta la acusación en el juicio fue un hallazgo casual, no motivado por una investigación, que sobre las personas investigadas “no existía indicio alguno” de delito y que salieron a la luz por una “prospección selectiva” de pruebas, para ver “qué caía en el saco”. Algo que, afirma, es motivo para anularlas. El letrado añadió que si el motivo de las escuchas era investigar la contrata de “por qué no se investigaron otros supuestos pagos” sospechosos y que no han entrado en la causa.

“Se ha quemado la cocina entera”

El abogado del exalcalde José Manuel Medina fue igualmente contundente en su exposición, aunque más breve que Bó. Principalmente, porque se adhirió a lo que manifestó el letrado Bó diciendo que "presento esa cuestión previa y añado media más". Aquí el abogado también pidió la invalidación de las escuchas y añadió que en el escrito de acusación del fiscal aparecen hechos que no han sido investigados. Por tanto, concluye, sin esa investigación, no se podría acusar a Medina.

"Nos encontramos con una cocina con veinte fuegos y un solo cocinero. Hay veces que se quema un solo arroz y otras que se quema la cocina entera". Así definió el letrado la investigación y el trabajo de la acusación en el caso Brugal. Y claramente, para él, "aquí se ha quemado la cocina entera".

La defensa de Medina asegura que los hechos anteriores a 2005, relatos a una contrata que, en teoría estaba "apañada" para Urbaser, en Orihuela, no han sido objeto de instrucción. Por ello, argumenta, no pueden ser objeto de enjuiciamiento.

Para el abogado de Medina, de esa denuncia parte el auto para pedir las escuchas en marzo de 2007. "El auto estereotipado por antonomasia".

La defensa del exalcalde oriolano continuó manifestando que "entiendo que estas macrocausas son difíciles de gobernar y que se escapan cosas, pero eso no puede ser perjuicio para los investigados y acusados". Y mantiene que "se hizo mal". De ahí su símil con el fuego de la cocina. Y ahora, además de adherirse a la petición de Bó se aventura a adivinar que la nulidad podría llegar a ser total.

En este sentido se dirigió a los magistrados diciendo "no están solos a la hora de tomar decisiones difíciles". Y puso el ejemplo de la macrocausa "Guateque", en Madrid, en el que la sentencia, en 2007, dictó que anulaba toda la causa.

Los siguientes letrados siguieron aportando sus motivaciones para la anulación de las escuchas, argumentando entre otras, que la investigación fue "raquítica y prospectiva" o que se fundamentó sin indicios y que, por lo tanto, se sustenta sobre "pies de barro". Hasta seis fueron los letrados que se se refirieron en estos términos, a la investigación que mantiene a los acusados en Brugal. 

Lo que viene

Las defensas de Fenoll, Medina y oros acusados aportaron documentos originales, recortes de periódicos y lo que quieren que se incluya en la causa a favor de sus defendidos y que el Ministerio Fiscal y los magistrados estudiarán para ver si se incluyen dentro de la causa. 

Durante los días 6 y 7 de marzo seguirán poniéndose de manifiesto las cuestiones previas ante el tribunal. 

Precisamente, los pinchazos telefónicos dieron pie a la veintena de ramas del caso Brugal y lo que decida la sala de Elche de la Audiencia Provincial en torno a su validez no será, en principio, vinculante para el resto de piezas separadas, entre ellas la relativa a las ilegalidades en el plan zonal de residuos de la Vega Baja y del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad de Alicante.

Tras las cuestiones previas planteadas por las defensas, el fiscal contestará a las mismas durante las jornadas del 13 y 14 de marzo, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los próximos días 20 y 21 será el turno de la acusación particular, en concreto el Ayuntamiento de Orihuela, mientras que las declaraciones de los acusados darán comienzo el 7 de mayo, entre ellos el industrial oriolano Ángel Fenoll, que fue quien destapó el caso, y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde José Manuel Medina aunque las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de operación Brugal.

De las 34 personas que se enjuician en esta rama inicial del Brugal, 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la Fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora, Mónica Lorente, ocho años por fraude; y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.