ALICANTE. Los nueve acusados en el juicio por el presunto amaño del Plan General de Alicante cerraron este viernes su turno de declaraciones. A lo largo de tres jornadas distintas, ocho de ellos (si se prefiere, todos menos el promotor ilicitano Ramón Salvador) han defendido su inocencia al negar que facilitasen o que dispusiesen de información privilegiada relacionada con el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad cuando aún no era público. De igual modo, también han rechazado que pagasen o recibiesen pagos o prebendas a cambio de ese presunto trato de favor.
Los dos últimos en hacerlo fueron los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa). Las suyas fueron las declaraciones más largas (se prolongaron durante casi dos horas cada una). Eso sí, su comparecencia fue en los mismos términos que la de sus predecesores: se dedicaron a negar las conclusiones esbozadas por la Policía en las que se basa la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
Según su versión, su despacho no era el canal para conseguir cambios en el futuro Plan General. Primero, porque, según dijeron, solo tramitaron 19 de las 3.800 que se presentaron. Y segundo, porque de ellas solo se aceptaron cinco (tres pedían correcciones de errores). De acuerdo con su relato, esos datos demostrarían que no tenían la capacidad de lograr recalificaciones ni ajustes a la medida del cliente.
Pero, además, también negaron que su despacho actuase a modo de esponja para absorber pagos por trabajos simulados, de modo que las cantidades recibidas fuesen a parar después a los expolíticos a los que se corrompía para conseguir un presunto trato de favor. Así, se afanaron en explicar que los ingresos percibidos por Deproinmed (una de las empresas participadas por Ortiz) eran el resultado de un trabajo de asesoramiento relacionado con el sector de Balsares, en el municipio de Santa Pola. Es más, en esta línea, descartaron que hubiesen tenido una relación profesional con Ortiz que les hubiese reportado ingresos más allá de esa tarea concreta y de alguna consulta informal, no remunerada.
De igual modo, también se refirieron a los 110.000 euros abonados por el constructor Ramón Salvador para que se tramitasen sus alegaciones y se consiguiese la recalificación de su suelo en el sector del Pla de Xirau. Castedo explicó que, en realidad, ese importe era por el conjunto de servicios que se habían prestado a las empresas de Salvador, y no solo por la presentación de las alegaciones, como se recogía en el acuerdo de conformidad firmado por el empresario con la Fiscalía. Además, señaló que las alegaciones de Salvador prosperaron como las de otros alegantes que también se habían opuesto a que suelos de su propiedad, que figuraban como urbanos en el PGOU de 1987, quedasen como protegidos en el nuevo PGOU. ¿El objetivo de la profusión de detalles? Desmontar el escrito de autoinculpación de Salvador como baza de la Fiscalía para sustentar sus acusaciones.
Así, como Ortiz, Alperi o Castedo, los dos socios de Salvetti Abogados expusieron que las apreciaciones de los investigadores eran falsas, erróneas o se habían tergiversado. Bien con ánimo de llegar a las conclusiones que se deseaba, o bien por desconocimiento sobre los entresijos de la regulación urbanística y de las formas en las que se producen lass relaciones empresariales, según ellos, de manera habitual.
Eso sí, también asumieron -aunque con matizaciones- parte de los hechos sobre los que les preguntaron los dos fiscales Anticorrupción, Felipe Briones y Pablo Romero. Así, Gutiérrez admitió que su intención inicial era concurrir por el contrato de redacción del Plan General junto a la empresa de Jesús Quesada (Laboratorio de Proyectos) que fue quien finalmente ganó el concurso. También confirmó que, después, sí trabajó "como asesor jurídico externo" para esa misma empresa en tareas de asesoramiento legal sobre el Plan General, aunque sin que eso tuviese ninguna relación con las alegaciones que se presentaron desde Salvetti.
Castedo, por su parte, también admitió que Salvetti había llegado a un acuerdo con Díaz Alperi cuando este ya no era alcalde para que intermediase en busca de comprador de suelos de unos clientes del bufete. Y que por esa labor se le pagaron gastos de desplazamiento y dietas. Según el fiscal Romero, 30.000 euros, aunque Castedo dijo no recordar la cantidad.
Otro tanto sucedió con Ortiz y Castedo, durante sus declaraciones del miércoles y el jueves. Ortiz negó haber obtenido información privilegiada y haber recibido un trato de favor en el Plan General, pero sí admitió que había invitado a la exalcaldesa para que viajase a Ibiza a bordo de su yate en el verano de 2008. También reconoció que había ayudado a los hijos de Alperi en el desarrollo de sus negocios, hasta el punto de llegar a facilitarle un préstamo de 30.000 euros a uno de ellos, que luego le devolvió. Y, por último, también reconoció que había dado trabajo a personas que le recomendaron, pero no solo Alperi o Castedo, sino representantes de distintos partidos políticos.
De igual modo, Castedo también admitió que había realizado ese viaje a Ibiza con Ortiz, aunque dijo que ella se había pagado los gastos que realizaron fuera del barco. Respecto al resto de supuestas prebendas que, según el sumario, habría recibido por parte de Ortiz, las negó todas. Incluida la entrega de un vehículo Mini Cooper que, según Ortiz, fue comprado por el marido de Julia Castelló: extrabajadora suya y amiga de Castedo.
El caso de Alperi fue diferente. No admitió nada y simplemente se limitó a negarlo todo, en un interrogatorio preparado con su abogado defensor que no duro ni diez minutos. El hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, no llegó ni a negar. Sencillamente se acogió a su derecho a no declarar a preguntas de nadie. Y tampoco admitieron hechos relevantes los acusados relacionados con empresas del constructor, Pablo Rico y Santiago Bernáldez, más allá de que el primero confirmase que había acudido a una entidad bancaria en la mañana de un sábado a extraer los fondos de un pagaré por 164.000 euros. Después dijo que los ingresó en la cuenta de su empresa.
En todo caso, el proceso no ha hecho más que comenzar. Queda una larga lista de comparecencias entre testigos, declaraciones periciales y exposición de prueba documental, por lo que no se ha dicho, ni mucho menos, la última palabra sobre el contenido de la causa y las pruebas en las que se sustenta.
El juicio se reanudará el próximo 5 de octubre con la declaración de los primeros testigos, entre los que figuran el primer arquitecto redactor del Plan General, Luis Cantallops; el arquitecto Jesús Quesada que le sucedió en ese trabajo; y algunos técnicos municipales de la Concejalía de Urbanismo en el momento de los hechos investigados, entre 2008 y 2010. A partir del 21 de octubre será el turno de las periciales, con la comparecencia de los responsables policiales que dirigieron la investigación. Los días 5, 6 y 9 de noviembre se han reservado para la audición de las grabaciones. Y finalmente, entre el 10 y el 13 de noviembre se expondrán los informes de conclusiones. Todo, además, a la espera de que el tribunal pueda resolver sobre las impugnaciones de las escuchas que se formularon durante el planteamiento de las cuestiones previas.