Juicio de la CAM: el turno de Manuel Menéndez, el hombre que hizo saltar la 'fusión fría'

ALICANTE. Animada se presenta la sesión de este lunes en el juicio por la falsedad contable de 2010 y 2011 en la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Está previsto que uno de los testigos que comparezca ante el tribunal de la Audiencia Nacional sea el consejero delegado de Liberbank, la entidad resultante de la 'fusión fría' entre Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria (y de la que en un primer momento formaba parte la entidad alicantina), Manuel Menéndez.

El hoy directivo de Liberbank era en 2010 el máximo mandatario de Cajastur, y el señalado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para tomar las riendas de la entidad resultante de la frustrada 'fusión fría'. El Banco de España estaba encantado con el papel que Menéndez había jugado en la recuperación de Caja Castilla-La Mancha (CCM), adjudicada a Cajastur tras su rescate en 2009 y 'absorbida' por una filial de la entidad asturiana, y quería repetir el esquema en el futuro Banco Base. Es decir, aunque la caja 'grande' era la CAM (la cuarta de España por volumen de negocio en ese momento, tras La Caixa, Caja Madrid y Bancaja), iba a ser Cajastur quien liderase el proceso.

De esta forma, Modesto Crespo (que el pasado martes admitió ante el juez que no tiene "conocimientos financieros" y que "no me gustan", pese a lo cual se empeñó en presidir la CAM) iba a quedar como presidente no ejecutivo del futuro banco, como una suerte de cargo honorífico, mientras que Menéndez iba a ocupar el cargo que efectivamente desempeña en la actualidad, el de consejero delegado plenipotenciario de Liberbank. También se incorporaba al organigrama el exdirector general de CAM Roberto López Abad, el artífice de las cuotas participativas de la discordia, aunque con menos libertad de movimientos que la que tuvo en la caja alicantina.

No obstante, la primera decisión que tomó Menéndez como consejero delegado de Banco Base, una vez aprobada la 'fusión fría' por parte de todas las asambleas de las cajas participantes, fue precisamente la de no seguir adelante con el proceso. Los directivos de la CAM acusados de estafa han asegurado en sus declaraciones ante el tribunal que la integración se rompió por "cuestiones regulatorias", pero lo cierto es que Menéndez no se fiaba ni un pelo de sus nuevos socios. Quizá el directivo desconociera el auténtico tamaño del 'agujero' de la CAM, pero el fuerte peso de los créditos inmobiliarios (muchos de promotores) en el balance de la entidad le hizo desconfiar, tal como sostuvo en la fase de instrucción.

La declaración como testigo de Menéndez persigue aclarar si el directivo de Liberbank (y entonces de Banco Base) tenía la sensación de que sus socios le ocultaban información cuando se pusieron en común las cuentas de las cuatro entidades implicadas en la fusión fría. Cabe recordar que el fiscal acusa a los ocho exdirectivos de falsear las cuentas de la entidad en 2010 y 2011 para arrojar un beneficio ficticio cuando en realidad la entidad estaba en bancarrota (de hecho la fusión, obligada por el FROB, perseguía precisamente evitar esa quiebra). Algo que consiguieron reclasificando créditos dudosos como sanos y con cuatro operaciones ficticias. Los acusados esgrimen que el Banco de España cambió los parámetros de clasificación y les obligó a adelantar provisiones.

El fiscal solicita penas de  siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez. También acusa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.

Por su parte, el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD) acusa al expresidente de la entidad Modesto Crespo (no así el fiscal) y pide para él nueve años de condena. El FDG tuvo que inyectar 5.000 millones en la entidad como consecuencia de la intervención.