La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano. Foto PEPE OLIVARESELCHE. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha obligado a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, a reconocer el derecho de un agente de Policía Local, Iñaki Cantonnet, -considerado testigo protegido por Agencia Antrifraude- a realizar un curso selectivo del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, algo que hasta ahora se le negaba. Ese curso era necesario para seguir con su formación y de esta manera completar el proceso del concurso oposición que había ganado para ser inspector. Sin embargo, hasta ahora, el ayuntamiento se había negado alegando que la oposición había sido impugnada y que el jurado había resuelto que había dos ganadores para una misma plaza, Cantonnet y otro. Sin embargo, la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana considera que el ayuntamiento santapolero se oponía por represalias por haber denunciado, en el mandato pasado, corruptelas en la Policía Local, que posteriormente han derivado en varias causas judiciales y que afectaba a concejales del actual equipo de gobierno.
Fuentes municipales han anunciado que este viernes 28 de mayo, Cantoneet será inscrito en el curso del Ivaspe, y que lo hará porque así lo dictamina un auto judicial pero sigue pensando que el concurso-oposición para ocupar el puesto de inspector no está resuelto porque tiene dos ganadores. Sin embargo, hasta que Cantonnet pueda seguir con su formación y sea inscrito en el curso del Ivaspe, tanto la Agencia Antifraude como los juzgados de Elche han tenido pronunciarse en varias ocasiones en favor del agente y exigen al consistorio que le reconozca ese derecho. Los últimos pronunciamientos, dos resoluciones judiciales: uno de la Audiencia Provincial de Alicante, que con su auto revoca la decisión del juzgado número tres de Elche, que también da la razón al denunciante en otro auto de este jueves.
Pero es que con anterioridad, la Agencia Antiofraude ya había advertido al propio Ayuntamiento de Santa Pola y al juzgado número tres de Elche de que el denunciante protegido "no podrá sufrir aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación, ni durante las investigaciones ni después de ellas".
La Agencia recuerda que Cantonnet superó la prueba para ser inspector de la Policía Local de Santa Pola y ante la imposibilidad de hacer el preceptivo curso de Ivaspe, "se ha visto obligado a interponer distintos recursos judiciales para hacer valer sus derechos, que esta Agencia considera obstaculizados como consecuencia de su participación en el esclarecimiento de determinados hechos, a raíz de los cuales esta Agencia emitió la referida Resolución de protección".
Recuerda que la agencia que Cantonnet tuvo que presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto, dictado por la Teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Pola, que estimaba parcialmente el recurso de alzada de otro opositor, que fue estimado. También fue estimado otro recurso ante el Juzgado número tres de Elche, que determinó que la adopción de la medida cautelar solicitada por. Cantonnet, relativa a su solicitud de inscripción en el curso del Ivaspe, debía producirse en la vía la contenciosa administrativa. Y por todo ello, la Agencia Antifraude solicitó en dos ocasiones que el denunciante fuera inscrito en el curso para seguir con su formación, cosa que hasta el Ayuntamiento de Santa Pola se había negado.
En un informe remitido al juzgado, la Agencia Antifraude recuerda que Iñaki Cantonnet Vicuña, inspector en prácticas de la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Pola solicitó en fecha 3 de julio de 2019 el otorgamiento a su favor del estatuto de protección de la persona denunciante previsto en la ley de creación de la agencia. En su solicitud, el interesado expuso y acreditó que, en cumplimiento de sus deberes legales como Policía, había intervenido en distintos procedimientos judiciales, recabando y aportando datos e información relativa a determinadas investigaciones, en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de Alicante. La agencia otorgó esa condición de testigo protegido el 5 de agosto de 2019: el denunciante había detectado una actitud hostil y represalias del equipo de gobierno del PP por su intervención los los procedimientos penales en los que estaban envueltos personal político del Ayuntamiento de Santa Pola. "La aparición o dictado de las medidas organizativas de carácter desfavorable para el Sr. Cantonnet se produce, únicamente , después de su intervención en los procedimientos penales en los que se investigan presuntas conductas irregulares cometidas en el Ayuntamiento de Santa Pola, y además, a partir de la constitución de la nueva Corporación municipal salida de las elecciones de junio de 2019, en las que personas relacionadas en mayor o menor grado con los hechos objeto de las citadas investigaciones, acceden al gobierno local de dicho Ayuntamiento", refleja la entidad que dirige Joan Llinares.
Y entre los hechos desfavorables, la Agencia destaca: "Se producen una serie de actos dirigidos claramente a lograr la expulsión del citado funcionario de la plantilla del personal del Ayuntamiento, bien mediante la revisión de los resultados de las diferentes pruebas selectivas del procedimiento para su nombramiento, bien mediante la anulación de este como Inspector de la Policía Local del mismo"; "el expreso y continuo planteamiento de disconformidad con el criterio del Tribunal de selección con los resultados de las pruebas, la contumaz negativa a inscribir al funcionario en el curso del IVASPE o la incoación de un expediente de revisión de oficio del decreto por el que se nombró a Iñaki Cantonnet como funcionario en prácticas"; "la adopción del acuerdo plenario que declaró nulo de pleno derecho el nombramiento del denunciante protegido se produjo en la sesión plenaria de fecha 26 de febrero de 2020 (miércoles) a pesar de que no constaba en el orden del día de dicha sesión".
De acuerdo con el mismo informe, el equipo de gobierno de Santa Pola declaró nulo el nombramiento de Cantonnet como inspector en base a un informe del Consell Jurídic Consultiu. Pues bien, la Agencia sostiene que el acuerdo se adoptó en una comisión informativa, convocada de forma extraordinaria y urgente para ese mismo día 26 de febrero de 2020 (inmediatamente antes del pleno) con un único punto del orden del día. Y además, "la alcaldesa debió abstenerse en el pleno después de haber sido querellada por el propio Cantonnet, abstención que la propia Alcaldesa había aceptado anteriormente en el expediente de la resolución del recurso de alzada de otro aspirante", recuerda Antifradue.
"Las urgencias” por la adopción de tal acuerdo (a todas luces ayuno de justificación de tal urgencia en su adopción), se confirmaron con el posterior decreto de 27 de febrero de 2020 de la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento (esto es, tan sólo un día después de adoptarse aquél) en el que se resolvía cesar a Cantonnet, darle de baja en la seguridad social, requerirle la uniformidad y demás elementos que le fueron entregados tras su toma de posesión, y solicitar al secretario informe sobre cualquier otro efecto, de la naturaleza que fuese, derivados de la nulidad de pleno derecho de su nombramiento. Las medidas adoptadas en el citado decreto de cese, previstas para el día siguiente a su notificación, resultaban difícilmente compatibles con la falta de firmeza tanto del acuerdo plenario que pretendían ejecutar como con las del propio decreto, y a pesar de ello, fueron llevadas a la práctica por parte del Ayuntamiento". Posteriormente, el juzgado contencioso-administrativo suspendió cautelarmente ese decreto y pese a ello, el Ayuntamiento de Santa Pola consideró que prevalecía sobre la parte dispositiva el error/confusión del auto contenido en su parte expositiva que hacía referencia a la “paralización del referido proceso selectivo”. "En suma, se aprecia una obcecada resistencia por parte del Ayuntamiento de Santa Pola a efectuar la inscripción de Iñaki Cantonnet en el curso del Ivaspe, evitando por cualquier medio permitir que el denunciante protegido pueda acceder a dicho curso selectivo (lo cual comportaría la inmediata pérdida sobrevenida del motivo por el que se declaró la nulidad de su nombramiento en prácticas", concluye el informe de la Agencia.
