VALÈNCIA. El comité ejecutivo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) se ha reunido este miércoles en Feria Valencia, coincidiendo con la celebración de la trigésima séptima feria Cevisama, en un encuentro en el que se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para el empresariado, en general, y la industria cerámica, en particular, acometer el acceso norte al Puerto de Valencia.
Con esta inversión, según concluye la CEV, se logrará mejorar la accesibilidad del 35% del tráfico pesado; fortalecer el sistema logístico Valencia-Sagunto; mejorar la gestión del tráfico interno del puerto; aminorar el riesgo que supone un único acceso, teniendo en cuenta que diariamente acceden al puerto 7.000 vehículos pesados; reducir el tráfico en la V-30 y el by-pass y las congestiones en el tráfico privado en el área metropolitana, así como disminuir los niveles de emisión de CO2.
Junto al presidente de Cevisama, Manuel Rubert, el presidente de la CEV, Salvador Navarro y los miembros del comité ejecutivo de la Confederación, los miembros del comité han podido conocer las últimas propuestas de la industria cerámica y sus sectores afines, el equipamiento de baño y la piedra natural, en una visita por los principales stands de la feria, que es la cuarta feria española que más valor aporta al profesional.
Según señala la CEV, para la Comunitat Valenciana la cerámica es un sector clave: la mayor concentración de empresas azulejeras tiene lugar en la provincia de Castellón, el 94% de la producción nacional tiene origen en esta provincia y genera una cifra superior a los 17.000 puestos de trabajo. También en España el sector cerámico tiene un peso importante como primer productor europeo de azulejo y como segundo exportador mundial.
El comité ejecutivo de la CEV ha querido también resaltar en su reunión, el papel de Feria Valencia como dinamizador de la economía valenciana y ha destacado la excelencia de sus instalaciones para celebrar ferias como Cevisama, que agrupa en esta edición casi 800 empresas expositoras, y atraer eventos que puedan suponer un impacto positivo para la ciudad de Valencia. Asimismo, la dirección de la patronal ha reconocido el apoyo de las administraciones en el proceso de reestructuración de la Feria y ha confiado en que ese respaldo se mantenga durante el tiempo necesario.
Por otro lado, el comité aprobó la incorporación a la CEV de la Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros (Astrauto) de Castellón y de la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia (Fecap), así como de la empresa Dacsa.
Además, durante la reunión de la patronal, los vocales del comité ejecutivo de la CEV han mostrado su desacuerdo con la proposición de ley para la prevención de residuos y el fomento de la economía circular en la Comunitat Valenciana, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos.
La CEV, según informan fuentes de la organización, comparte la necesidad de avanzar hacia un modelo productivo basado en la economía circular, y en ese sentido, se recuerda a través de un comunicado, trabaja conjuntamente con la CEOE en la Estrategia Española de Economía Circular, pero no entiende que una ley de estas características, con tanto impacto sobre la gestión de los ayuntamientos, empresas y ciudadanos, se quiera aprobar sin la pertinente información y participación pública, en la que se consulta a los interesados y expertos sobre la aplicación de la misma. En este sentido, la CEV apela a la corresponsabilidad de los partidos políticos y las Administraciones públicas para que no se apruebe una proposición de ley para la que no se han solicitado los informes técnicos y jurídicos de los expertos en la materia de cada una de las consellerias implicadas, ni el criterio favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
La proposición de ley presentada contiene, según la CEV, un buen número de medidas incompatibles e inviables, fruto del desconocimiento de la operativa real de las empresas de esta Comunidad. El proceso de transformación hacia la economía circular "debe entenderse como un proceso gradual, en la que las empresas dispongan de plazos y herramientas para rediseñar productos y procesos de forma progresiva manteniendo el empleo y la actividad", según concluyen los miembros de su comité ejecutivo, que reclaman que la competitividad de las empresas de la Comunidad en este proceso pasa por un marco normativo uniforme con el resto de comunidades autónomas y países europeos que evite desventajas competitivas.