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La Diputación alega que Alicante es diferente para ir contra el plurilingüismo de Marzà

  • El portavoz del PP en la Diputación  de Alicante, Carlos Castillo, es jueves, dialoga con Paula Sánchez de León. Foto PEPE OLIVARES
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ALICANTE. La Diputación de Alicante ha anunciado este viernes que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del plurilingüismo elaborado por la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà. El portavoz del denominado Gobierno provincial, el popular Carlos Castillo, ha alegado que el decreto es discriminatorio con el nivel de inglés que se impartirá según el nivel de valenciano que ya ha escogido cada centro escolar y también esgrime que "la provincia de Alicante es diferente al resto porque tiene un nivel superior de castellano hablantes".

Castilla ha defendido que el decreto rompe con el equilibrio lingüístico "que había traído el decreto de 2012, elaborado por la entonces consellera María José Catalá", y que "ahora, con los niveles impuestos por Marzà, se genera discriminación, pues a más valenciano se imparte más ingles". Ha citado también, como argumento para impugnar la norma, la cuestión de la certificación de los títulos inglés para aquellos alumnos que han elegido un nivel de valenciano más básico, que todavía no está resuelta, sobre todo, a tenor de las últimas declaraciones de Marzà que ha propuesto que sí puedan certificarse y que, a su vez, se puedan elevar las horas de inglés para los del nivel básico. "El decreto es discriminatorio con el inglés y sobre todo con la provincia de Alicante, que es la que tiene más gente castellanohablante", ha insistido Castillo.

En su opinión, "esa circunstancia deja a los alumnos de Alicante en clara desventaja en su carrera profesional", sobre todo, ha dicho, "de cara al turismo, que supone el 15% del PIB de la provincia de Alicante".

Ha añadido que, a su juicio, el decreto vulnera dos artículos de la Constitución Española y ha justificado la presentación del recurso en lo que establece el artículo 8/2010 de la Ley de Administración de la Generalitat que permite a las diputaciones presentar este tipo de acciones para "defender los intereses de la provincia".

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