La Diputación de Alicante considera que para entrar a formar parte de eso fondo, la Generalitat le debe pagar, como condición previa, 70 millones de euros en compensación por los servicios sanitarios que presta y cuyas competencias las tiene el Gobierno valenciano
ALICANTE. A la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, no le gusta el gusta la música del plan del Cooperación Municipal, que ultima la Generalitat Valenciana, junto al as diputaciones, la Unión Europea y el Instituto Valenciano de Finanzas. El lunes, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya anunció que el plan de cooperación ya tendrá partida presupuestaria para las cuentas del año 2017, pese a que las diputaciones del PP, Alicante y Castellón, no han respondido a la invitación. Pues bueno, la Diputación de Alicante considera que para entrar a formar parte de eso fondo, la Generalitat le debe pagar, como condición previa, 70 millones de euros en compensación por los servicios sanitarios que presta y cuyas competencias las tiene el Gobierno valenciano.
Esos 70 millones de euros corresponden a los gastos que la institución provincial de Alicante ha tenido que asumir en los tres últimos ejercicios por servicios como la teleasistencia domiciliaria; el mantenimiento del Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo y el Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero. Se trataría de los gastos ocasionados en los últimos tres ejercicios, desde la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, un "10% del presupuesto de la corporación provincial", según comentan fuentes del Gobierno provincial.
Según un informe económico con el que trabaja la Diputaciíon, la Teleasistencia le ha generado unos costes de 3,6 millones de euros; el Hogar Provincial, 29 millones, el centro de salud mental Doctor Esquerdo, 34 millones y el Instituto Pedro Herrero, 2,7 millones. De estas cantidades ya está restadas las ayudas que dio la Generalitat Valenciana, que ascienden a 1,2 millones para el mantenimiento de la escuela infantil y la residencia juvenil del Hogar Provincial.
En caso de que se produzca esa compensación, la Diputación de Alicante si que se plantearía forman parte de ese fondo de cooperación local, dotado en unos 100 millones, de los que la institución alicantina debería aporta 12 millones, al igual que la Diputación de Valencia. A Castellón, gobernada por el PP y que tampoco está por la labor de formar parte del fondo, le corresponderían 6 millones.
El lunes, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ya dio su visto bueno a la propuesta y consideró como buena la iniciativa. "El Consell está mirando de cerca y con lupa a los ayuntamientos para ayudarnos y eso para nosotros es fundamental. La cooperación con la Generalitat de cara al futuro tiene que continuar creciendo", ha indicado su presidente, el socialista Rubén Alfaro, también alcalde de Elda.
En la Diputación de Alicante, Compromís también ha dado su apoyo a la iniciativa y consideró que el presidente, César Sánchez, debe facilitar la incorporación al fondo y que el reparto de ayudas sea de forma objetiva. Este martes se ha sumado a la petición la diputada de Esquerra Unida (EUPV), Raquel Pérez. "Considero que desbloquear en los presupuestos de 2017 de la Generalitat la partida para la creación de un Fondo de Cooperación Municipal es una decisión acertada por parte del conseller de Hacienda, Vicent Soler.
"Solo espero que el actual presidente de la Diputación de Alicante, Cesar Sánchez y la conselleria realicen todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo consensuado tomando como principio fundamental las carencias de las localidades. Además recordemos que el remanente de tesorería en la liquidación de la Diputación de Alicante en 2015 fueron unos desorbitados 70 millones y que de ellos solo se pudieron gastar alrededor de 30 en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles según la ley de racionalización y sostenibilidad financiera, y no como en estos Fondos de Cooperación que si se podrían incluir directamente en el gasto corriente de los ayuntamientos y por tanto en sus presupuestos de 2017", concluyó la representante de EUPV.