VALÈNCIA. La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de València (FCAPA) ha interpuesto un recurso contecioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) frente a la no inclusión de las escuelas concertadas en la primera publicación del programa PROA+. El objetivo de estas ayudas se centra en la contratación de personal de refuerzo y en el acompañamiento escolar personalizado del alumnado con menos recursos socioeconómicos y dificultades educativas.
De este modo, la presentación del recurso supone la judicialización de la decisión del departamento de Vicent Marzà, que fue publicada en la resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional el pasado 21 de diciembre. Esta incluye a los estudiantes de centros públicos de 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que tengan dificultades de aprendizaje o que carezcan del apoyo familiar pertinente en el ámbito escolar y se hayan podido ver afectados por la supresión temporal de la presencialidad en el tercer trimestre de 2020 a causa de la pandemia.
Ante esto, el portavoz de la FCAPA, Vicente Morro, considera que “la Conselleria, dentro de su política tradicional de discriminación a la concertada, elimina a los alumnos, cuando teóricamente, el objeto del programa PROA+ es apoyar a los alumnos más vulnerables”. Asimismo, Morro asegura a Valencia Plaza que Educación “está dejando fuera a una parte de los estudiantes sin ninguna razón objetiva”.
Por ahora, desde la asociación se encuentran a la espera de que se formalice el recurso y de que otros colectivos o entidades interesadas puedan pronunciarse al respecto para después interponer la demanda. En este sentido, el portavoz de la FCAPA insiste en que la exclusión de la concertada “se ha dado muchas veces en otros programas como los auxiliares de inglés o las ayudas a docentes”.
Por otra parte, desde Conselleria explican a este periódico que en el Fòrum Educatiu Valencià, celebrado las pasadas navidades, participaron entre otros miembros de la comunidad educativa, asociaciones de madres y padres, tanto de centros públicos como de concertados y, según expresan fuentes de la Administración, “cuando salió esta cuestión, se explicó y se resolvió, y el sector educativo de la concertada agradeció la información y lo entendió”.
A su vez, Educación asegura que ha trasladado al sector de la concertada que para el próximo curso 2021-2022 en la Comunidad Valenciana incluirán estos centros en el programa, aunque desde la FCAPA insisten en la necesidad de que haya “una instrucción por escrito” que así lo determine.
A ello se suma el retraso en la transferencia de fondos a las comunidades autónomas para la convocatoria del PROA+, que según subraya la administración valenciana, “no se hizo efectiva hasta enero”, al mismo tiempo que alude al “largo” procedimiento burocrático necesario para “aplicar toda la normativa” en el caso de la enseñanza privada-concertada.