El exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. Foto: RAFA MOLINAALICANTE (EFE /AP). La junta de fiscales de la provincia de Alicante, reunida en la tarde del martes, aprobó un escrito en el que afirma que solo persigue "el interés público tutelado por la ley", en respuesta a las críticas vertidas por el exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE) contra la institución.
Echávarri, doblemente procesado por los llamados caso Comercio y caso despido y que dimitió oficialmente de su cargo el pasado lunes, sugirió en una rueda de prensa celebrada el pasado 21 de marzo -tras conocer el segundo de sus procesamientos por presunta prevaricación- que la Fiscalía actuaba contra él siguiendo directrices del Gobierno central. En concreto, comparó su caso con el de una exalcaldesa y senadora del PP a quien el Ministerio Público ha exonerado de responsabilidad penal en otra causa judicial.
"La Fiscalía es un órgano jerarquizado dependiente del Gobierno", dijo Echávarri, por lo que se preguntó a "quién protege" esa institución y "qué interés público está defendiendo", tras insistir en que el despido de la trabajadora interina (cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala), era legal y estaba avalado por los informes técnicos.
En respuesta a esas declaraciones, la junta provincial de fiscales de Alicante aprobó elaborar un escrito que defiende la autonomía de la institución. Ese escrito, al que ha tenido acceso Efe, lamenta la interpretación que se extrae de las frases del exalcalde, según la cual la Fiscalía toma decisiones "en beneficio de los intereses del Partido Popular".
Los fiscales alicantinos niegan la mayor y manifiestan que la Fiscalía "ni depende del Gobierno, ni puede defender ni proteger otros intereses distintos de los que la Constitución le encomienda". "Es decir, el interés público tutelado por la ley, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la legalidad y el interés social, y siempre bajo el principio de imparcialidad", añaden.
En esta línea, lamentan la "falsa imagen" que de la Fiscalía "se pueda o se quiera transmitir", bien por "desconocer el verdadero funcionamiento" de la institución "o por cualquier otra causa". Tras enumerar los preceptos legales que rigen su actividad, los fiscales explican que tienen mecanismos legales para discrepar de las instrucciones que puedan recibir por parte de sus superiores cuando sean "contrarias a las leyes o improcedentes". Dichos mecanismos incluyen incluso la petición de relevo de los casos que están tramitando y actúan como contrapeso al principio de jerarquía que rige la carrera fiscal, "que está ligado al de unidad de actuación".
La Fiscalía de Alicante recuerda también que ha impulsado "procedimientos penales contra cargos públicos de diferentes partidos políticos", algunos de ellos aún en curso, tanto en la capital como en la provincia. En las causas por supuesta prevaricación que afectan a Echávarri, "hasta ahora, los informes de los fiscales han sido plenamente acogidos por las resoluciones judiciales", indican, en alusión a los autos de procesamiento dictados por las juezas María Luisa Carrascosa y Patricia Romero.
El escrito recoge, por otro lado, la postura adoptada por el Consejo Fiscal "ante palabras similares de algún otro político imputado", que ha reprobado por considerarlas "una inapropiada reacción que pretende interferir en una investigación criminal". Esa reprobación se produjo en 2016 a raíz de unas declaraciones en las que el alcalde de San Fulgencio (Alicante), Carlos Ramírez, expulsado del PP tras su condena por prevaricación, cuestionara la imparcialidad del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero.
