Uno de los registros practicados por la UDEF este martes en ayuntamientos de varias provincias. Foto: EFEALICANTE/VALÈNCIA (EFE/VP). La Operación Enredadera, una macrooperación policial que tiene lugar este martes en varias provincias por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico, afecta también a la Diputación de Alicante y a los ayuntamientos de San Vicente del Raspeig, Gandia y El Puig.
Según informa la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha ordenado la entrada y registro en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para completar la investigación sobre la empresa Aplicaciones Gespol, S.L. (integrada actualmente en el grupo Valoriza). Esta habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.
En concreto, ese juzgado de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandia, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
El dispositivo, en el que participan 580 policías, está a cargo de la UDEF y "se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal". Entre los detenidos ya confirmados figuran el empresario leonés José Luis Ulibarri, relacionado con la trama Gürtel, y un asesor de Ciudadanos en la Diputación de León.
Según la Fiscalía, los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
La Diputación de Alicante no ha adjudicado ningún contrato a la empresa investigada por supuestos amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico, según asegura la institución en un comunicado después de que agentes de la policía judicial se hayan personado en su instalaciones para solicitar información sobre los contratos de gestión policial.
"En ningún caso se trata de un registro, sino de una petición de información", según el comunicado de la Diputación de Alicante, cuyo vicepresidente primero, Eduardo Dolón, ha explicado que "se trata simplemente de un requerimiento de información y no de registro alguno ni de ninguna otra medida excepcional".
Dolón ha asegurado también en declaraciones a los periodistas que, según "una consulta rápida" que han realizado, "no ha habido adjudicación alguna de esta institución hacia" la mercantil que aparece en la investigación, por lo que ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la opinión pública.
Además, ha avanzado que los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante están preparando un expediente en el que se informará detalladamente de la documentación que se le ha solicitado, que es "un procedimiento que entra dentro de la normalidad institucional e interadministrativa y que no implica ninguna otra acción posterior".
El vicepresidente ha insistido en que dentro de esta operación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha habido registros en algunos ayuntamientos españoles, "pero no es el caso de la Diputación de Alicante, donde solo se ha procedido a solicitar información".
"Hay que ser prudentes y no aventurar titulares ni hechos que no se han producido. Hay que dejar actuar a la justicia, ser cautelosos y mantener la tranquilidad", ha apostillado.
Dolón ha incidido en que "los servicios jurídicos" de la Diputación de Alicante "están preparando" la documentación requerida para enviarla "a la mayor brevedad, como siempre hacemos, con total transparencia y con total colaboración".
Por su parte, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante) ha informado en un comunicado de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía "se han personado hoy en dependencias municipales con un requerimiento judicial de información".
El Consistorio, según la nota de prensa, "ya está preparando la documentación requerida con absoluta transparencia" y ha asegurado que "la colaboración con la Justicia está siendo total".
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido este martes a 39 personas, de los que 18 pasarán a disposición judicial, por su relación con el presunto amaño de contratos de aplicaciones de gestión policial en ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
En la operación 'Enredadera', que a las 19.00 horas continuaba abierta, se han practicado 92 registros y 21 requerimientos de información en una cuarentena de municipios, además de en la Diputación de Alicante. De los 39 detenidos, 18 pasarán a disposición judicial: 13 en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona y otros cinco en el de Astorga. El resto quedarán en libertad.
La Fiscalía Anticorrupción ha informado a primera hora de que se habían ordenado "detenciones de diversas autoridades y funcionarios", sin dar detalles de los mismos. Las citadas fuentes han señalado que entre los detenidos hay cargos del PP y el PSOE, así como el primer alcalde de Ciudadanos arrestado por un caso de corrupción: se trata del regidor de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez.
Entre los detenidos e investigados figuran también otros cargos vinculados con la formación naranja como Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández. La dirección de Ciudadanos ha anunciado que suspenderá de militancia a las personas investigadas que deberán declarar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que dirige la macrooperación.
También han sido detenidos el empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del 'caso Gürtel', y José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.
Al frente de la investigación, que continúa abierta, se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. En esta mercantil se han practicado dos detenciones de trabajadores.
Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
