BENIDORM. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la Generalitat Valenciana tiene tres meses para consignar una cantidad aproximada de 72.380.068 euros para hacer frente a la demolición de los dos edificios Gemelos 28 de Benidorm y a la indemnización para sus 168 propietarios. Y, además, como dice el fallo del TSJ, que explica cómo debe aplicarse la ejecución del fallo del Supremo, la Generalitat deberá habilitar el correspondiente crédito presupuestario y aportar el proyecto de demolición con su correspondiente coste.
La cantidad de 72 millones comprende dos conceptos: los 60 millones, que, según la promotora aportó en sus alegaciones, valdrían la compra de los apartamentos de pisos, trasteros, garajes y zonas comunes y el coste del derribo, más el 20% adicional que la sentencia exige que hay que abonar a los propietarios, unos 12 millones. Dentro de esos 60 millones, la propia promotora, Terras de L'Hortas, del grupo Edificaciones Calpe, del empresario Andrés Ballester Ríos, distingue, a su vez, otros dos conceptos: los 53,631.981 euros en los que están valorados los apartamentos, en concreto, a una media de 317.349 euros por vivienda, más los 6,6 millones en los que se cuantifica el coste del derribo. En teoría son precios bastante ajustado a mercado, pues la valoración que aporta la empresa es de marzo de 2017.
Además, la Generalitat tiene la obligación de requerir las escrituras de las propiedades a todos los dueños que no están incorporados en este auto. De momento, figuran unos 50 propietarios como codemandados, con activos inmobiliarios (apartamentos, trasteros o garajes) que oscilan los 495.000 y los 7.000 euros. En valor total de los bienes incorporados al auto ascienden a unos 17 millones de euros. Es decir, falta por incorporar a unos 110 propietarios del edificio Gemelos 28.
De las 171 viviendas que aparecen en el catastro, unas 84 corresponden a compradores rusos, 67 a españoles o empresas españolas, 13 a árabes y siete, a compradores ingleses, recoge el auto del tribunal autonómico.
El fallo del TSJ considera que "los bienes inmuebles han sido adquiridos por terceros de buena fe y sus intereses deben ser protegidos" en esa ejecución a través de la aplicación del artículo 108.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues "resulta de aplicación a todos los supuestos o incidentes que se plantee el momento de alcance, o modo de demolición de una construcción ilegal, al margen de cuando se haya iniciado el pleito o incidente de ejecución"
No hay derechos de reedificación, pero...
La sentencia de ejecución no lo recoge expresamente, pero hay un interrogante que se abre una vez se lleve a cabo la demolición de las torres de 21 alturas del edificio Gemelos 28 de Benidorm. ¿Tienen los propietarios derecho sobre la parcela resultante, si no afecta al deslinde público marítimo terrestre? La promotora Terras de L'Horta sostiene que los propietarios sí que podrían ejercer ese derecho, y construir un nuevo edificio con la misma volumetría, que no se ha cuestionado en todo el proceso. Y ese caso, según Terras de l'Horta, ese coste debería recaer en quien tuvo la facultad de decidir cuándo, cómo y dónde se levantaba la obra. Y el coste está valorado en 46 millones de euros. Pero el fallo de ejecución no hace mención a nada de esto.
Fotos PEPE OLIVARES
