El exalcalde de Elche, Alejandro Soler, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Elche no ve prevaricación ni malversación en la actuación del equipo de gobierno de la ciudad que entre 2008 y 2009 vendió la parcela donde el grupo sanitario Imed construyó el hospital privado de la ciudad de las palmeras. Según el auto fechado este mismo lunes, la magistrada acuerda el sobreseimiento libre de la denuncia presentada a finales del pasado año por la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz.
Ortiz denunció por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exalcalde de Elche Alejandro Soler, que en el momento de presentarse la denuncia estaba al frente de la sociedad estatal Sepes, así como a los entonces concejales socialistas de la ciudad Federico Buyolo, Emilio Martínez y Alejandro Pérez, y también a Ángeles Candela (edil de Compromís) y a los trabajadores municipales del área de urbanismo Jorge Llopis y Santiago Luis Ule. Soler declaró el 5 de abril como imputado, tras aportar varios informes sobre la operación.
El auto de la titular del juzgado señala, sin embargo, que "ningún indicio de prevaricación administrativa se puede atribuir a los querellados", y en cuanto a la presunta malversación que también denunciaba Ortiz, la juez indica que "no ha resultado en modo alguno acreditado". La juez se basa en la abundante documentación que ha estudiado durante la fase de instrucción, con informes sobre la ampliación de capital a través de la cual la parcela, originalmente titularidad del Ayuntamiento (tras la reparcelación de Elche Parque Empresarial) fue a parar a manos de la empresa pública Pimesa, y sobre la operación de compraventa posterior.
Así, la juez señala en el auto que "la parcela objeto de controversia no fue la única aportada al capital social de Pimesa por parte del Ayuntamiento de Elche", y que esta aportación se hizo además con un informe municipal que, en base a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, "avala la legalidad de la referida ampliación de capital, haciéndose constar además la limitación de destino que afectaba a las fincas, uso de interés general o de utilidad pública".
En cuanto a la venta directa por parte de Pimesa a Hospielche, del grupo Imed, el auto replica que, según los informes de valoración analizados, "resulta evidente que la parcela no se vendió por un precio inferior al valor de mercado como sostiene la acusación popular, más al contrario fue vendida por un precio superior al de la valoración de la totalidad de la parcela de la que se segregó".
Eva Ortiz consideraba en su denuncia que la venta de la parcela a Imed se había llevado a cabo "sin que se aplicasen los controles administrativos preceptivos", y la formación popular intentó vincular la operación (es decir, el presunto trato de favor de Alejandro Soler, entonces alcalde y vicesecretario general del PSPV, a Imed) con la supuesta trama de financiación irregular de los socialistas valencianos de los socialistas valencianos en la campaña de 2011 que también denunció el PP. La juez descarta de plano los hechos delictivos denunciados por los populares, aunque contra el auto de sobreseimiento cabe recurso ante la Audiencia.
