ALICANTE/VALENCIA. La flamante Renta Básica de Inclusión de la Comunitat Valenciana, presentada por la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, contiene un precepto, que de confirmarse -pues la ley está en fase elaboración- puede generar un nuevo conflicto con las diputaciones, sobre todo, con las del PP; es decir, las de Alicante y Castellón. Y es que el actual borrador de la norma (que se puede consultar en el portal gva.es) contempla que la ley Renta Básica se financie con convenios con las diputaciones provinciales, según figura en el punto 2 del artículo 38 dentro del capítulo del Régimen de Financiación.
La otra vía de financiación es ya conocida: con cargo a los presupuestos de la Generalitat Valenciana, tal y como la misma vicepresidenta, Mónica Oltra, el pasado 13 de diciembre. En su día, la Conselleria de Bienestar Social y Políticas Inclusivas la presentó como una nueva renta valenciana de inclusión, que alcanza las ayudas hasta los 531 euros, tendrá carácter indefinido mientras no varíe la situación del solicitante, flexibiliza los requisitos de acceso, elimina burocracia a los ayuntamientos y centraliza el resto de ayudas de forma automática, como las de comedor escolar o vivienda.
Cuando se anunció el borrador del anteproyecto de ley, apena se hizo referencia a la financiación. Ahora, de la mera consulta se puede ver que la Generalitat contempla llegar a acuerdos con las diputaciones para financiar esa renta básica. Quizás las idea se asemeje un poco a lo que la propia Mónica Oltra dejó entrever el pasado mes de julio en el foro Diàlegs d'Estius, cuando anunció que podría haber nuevos decretos de coordinación en materia de Servicios Sociales, del mismo estilo de los ya aprobados en materia de Turismo y Deportes. Hay que recordar que tanto las diputaciones de Alicante y Castellón, ambas gobernadas por el PP impugnaron ese decreto de coordinación de políticas turísticas, aunque el TSJ, en primera instancia, no aceptó la suspensión cautelar del mismo, y por lo tanto, está vigente a la espera de que se resuelva el fondo de la cuestión.
Pero éste no es el único roce que han mantenido las diputaciones del PP y el Gobierno valenciano. En el caso de Alicante, desde el pasado mes de octubre, existe un arduo debate sobre si la institución que preside el popular César Sánchez debió participar en el fondo de cooperación territorial, como sí han hecho las diputaciones de Valencia y Castellón, aunque con fórmulas diferentes. Durante todo ese proceso, que culminó ahora hace una semana con la aprobación de los presupuestos de la Diputación de Alicante, el PP se ha negado a participar en esa fórmula impulsada por el Gobierno de Ximo Puig aludiendo a que la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla del Gasto lo impedía. El PSPV en la institución provincial, y el resto de grupos de la oposición, lo han intentado en varias ocasiones, pero el PP siempre lo ha rechazado. César Sánchez sólo ha augurado la posibilidad de que haya un acuerdo en fechas venideras con el presidente del Consell y la Diputación pueda participar en el ejercicio de 2018.
César Sánchez y Mónica Oltra debieron verse las caras el pasado 13 de diciembre en la Diputación de Alicante. El presidente de la Diputación canceló esa entrevista alegando que tenía un pleno en su ayuntamiento, en Calp. Desde entonces, no ha habido más movimiento ni novedad sobre esa cita, que todos dan por hecho que será ya en enero. A los debates pendientes entre Diputación y la Generalitat, se encuentra el de las competencias impropias: es decir, la corporación que preside Sánchez ha reclamado en reiterados ocasiones que la Generalitat le pague los gastos extra que le genera la atención de la políticas sociosanitarias, como el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo, el Instituto Familiar Pedro Herrero y los gastos de la teleasistencia. Esos gastos, los tiene valorados la institución provincial de Alicante en 20 millones de euros. En un principio, el PP puso su pago como condición sine qua non para que la Diputación entrase en el fondo de cooperación municipal. Y es más, los populares mostraron su voluntad de desprenderse de esas competencias, que, como defienden, corresponden a la Generalitat Valenciana. Recientemente, Sánchez ha variado su discurso y quiere mantenerlas, pero que esa el Gobierno valenciano quien las pague.