César Sánchez y Francisco Sáez atienden a los medios antes de la reunión. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Comisión Provincial del Agua ha aprobado este martes una solicitud al Gobierno central para que firme el convenio del trasvase Júcar-Vinalopó, que estaba a punto de rubricarse con el anterior Ejecutivo y que se paralizó tras la moción de censura del PSOE que hizo presidente a Pedro Sánchez. Como ha contado este diario, el convenio quedó bloqueado al informar en contra la Dirección General de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, por los costes que supondrá para la empresa pública Acuamed, que gestiona la transferencia.
Este ha sido, según ha explicado el presidente de la Diputación, César Sánchez, antes de la reunión, el principal punto del orden del día en la Comisión del Agua (que reúne a partidos políticos, ayuntamientos, instituciones, asociaciones y comunidades de regantes de la provincia). "Llevamos tres meses expectantes esperando a que el nuevo Gobierno tomase posición, pero pensamos que es momento de regular el trasvase y ofrecer seguridad y estabilidad al tejido productivo de la provincia", ha señalado el presidente provincial.
Al margen del convenio del Júcar, el otro gran asunto que se ha abordado en la reunión, como ha venido contando este diario, atañe a las desaladoras. Concretamente, el diputado de Ciclo Hídrico, Francisco Sáez, ha explicado que la Comisión iba a pedir al Gobierno que ejecute las infraestructuras necesarias para que el agua desalada de Torrevieja llegue a todas las comunidades de regantes. "Por ejemplo, a Riegos de Levante, que ahora no tiene acceso". Esas infraestructuas, como ha desvelado Alicante Plaza, se concretan en conectar las desaladoras de Torrevieja y Murcia para 'compartir' su producción, y en llevar el agua desalada hasta el embalse de Crevillente.
El presidente de la Diputación ha señalado que "no descarta" pedir una reunión al nuevo presidente del Gobierno "si no tarda mucho en volver a España", para abordar con él las necesidades hídricas de la provincia de Alicante. En cuanto a la posición del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el dirigente alicantino ha recordado que ya conoce la postura de la Diputación: "que sea contundente en la defensa del memorándum del Tajo-Segura y no se venga abajo ante las pretensiones de García-Page", presidente de Castilla-La Mancha.
