ALICANTE. Josep Lluís Ferrando i Calatayud (Simat de Valldigna, 1967) es el responsable del Urbanismo en la Comunitat Valenciana. Licenciado en Derecho por la Universitat de València en 1994 y diplomado ADEIT en Urbanismo, este funcionario de carrera de la Administración Local y abogado urbanista es el director general que ha llevado a cabo la redacción del Plan de Actuación Territorial e Infraestructuras Verdes del Litoral (Pativel), con el que se ha pretendido proteger la parte de la costa sobre la que no pesaban actuaciones urbanísticas aprobadas. Pese a ello, el plan ha generado un alud de alegaciones de municipios como Alcalá de Xivert, Oliva, Benissa y la pedanía ilicitana de La Marina. Asimismo, es el responsable de los cambios que se han producido en la actual ley urbanística vigente en la Comunitat, la conocida como la Lotup.
-Una patata caliente de su departamento es el centro comercial Puerto Mediterráneo, que tiene intención de volver a tramitar el proyecto ¿En el nuevo proyecto que plantea retiran el centro comercial a 100 metros de la CV-35 para cumplir con el informe de carreteras?
-El día que se presente se evaluará. Ha habido contactos con los responsables de la iniciativa, la consellera María José Salvador los recibió, tanto a ellos como al alcalde de Paterna, porque quería que se tramitara como una Actuación Territorial Estratégica, la denominada ATE. Esa figura ha sido un fracaso. Los que se han aprobado no han tenido la agilidad que se pretendía. Además, Les Corts ha aprobado que esa figura no se debe utilizar. La hemos respetado, pero es evidente que los promotores y el alcalde de Paterna pueden tramitarlo como un plan parcial convencional o esperar a las posibles figuras que incluya la futura Lotup.
-Sin este requisito, ¿cree que puede seguir adelante el proyecto? ¿Es posible que el Consell acepte que construyan a 50 metros de la carretera, que al parecer el principal obstáculo para que se autorice?
-El proyecto, como todos saben, linda con la carretera CV-35, que es una de las vías más colapsadas de la Comunitat. Al by-pass de València, le pasa lo mismo, además, hay que respetar las vías de servicios y, por lo tanto, tiene mucha problemática. Si los problemas que plantea ese proyecto se pueden solventar de otra forma, sea en 50 o 100 metros de la carretera, creo que no nos podemos pronunciar al respecto si no lo vemos sobre un plano, estudiarlo y que sea los técnicos de Carreteras, en este caso, los que decidirían. No puedo opinar sobre un proyecto que no existe.
-¿En qué situación administrativa se encuentra el Pativel?
-El Pativel ha sido redactado, negociado con los ayuntamientos y los agentes sociales y participado en dos ocasiones en exposición pública. Finalmente, ha pasado por el Consejo Económico y Social y estamos esperando el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Esperemos que este mes de marzo venga el informe y no tenga objeciones demasiado sustanciales y pueda aprobarse después de Semana Santa.
"En el Pativel, hemos intentado respetAR los derechos consolidados de los afectados"
-¿Se ha incorporado muchas alegaciones de los ayuntamientos?
-Entre la primera y la segunda exposición pública ha habido unas diferencias sustanciales. El proceso de participación ha sido muy positivo porque no queríamos que fuera un proyecto hecho desde los despachos de València. Por tanto, lo que son las manchas a proteger y las actividades económicas que se permiten, entre la franja entre los 500 y 1.000 metros respecto al nivel del mar, se ha incrementado todo tipo de actividades. Hemos intentado ser respetuosos con los derechos consolidados. Todo el mundo que tiene casas y negocios ya en esas zonas sabe que van a respetarse y, además, se les ofrece una vía para que se legalicen o para que se minimicen su impacto, incluso para aquellas que pueden ser ilegales y de esta manera, dispongan de servicios como el alcantarillado, integración paisajística o, si tienen un problema de inundabilidad, para que se solucione. En definitiva, para las personas que allí están viviendo o tienen negocios se les respete. Creo que hemos hecho un esfuerzo para acercarlos a la realidad y para adaptar un plan que es supramunicipal a lo local y a las necesidades de cada pueblo.
-¿Hay casos de empresas urbanísticas que hayan presentado reclamaciones patrimoniales contra la Generalitat Valenciana?
-El Pativel es un plan que genera una adhesión muy grande en amplias capas de la sociedad; una persona con una mínima sensibilidad ambiental comprende que si tenemos una playa buena o un acantilado no es el lugar más adecuado para urbanizar. También es verdad que aquellas personas o empresas que habían comprado terrenos en esa zona con la idea de edificarlos piensan que tenían unas expectativas económicas que no se van a cumplir.
La Generalitat ha sido extremadamente prudente en este tema. Hemos tenido diferentes informes económicos y jurídicos para determinar cuándo, de acuerdo con la legislación estatal, existían derechos consolidados de empresas o particulares. Y puedo decir que todos los casos estos derechos se han respetado. Si había dudas, también se ha respetado. Ahí, el Pativel, entre la primera y la segunda versión, por ejemplo, ajusta perfectamente para que todas las situaciones de semiconsolidación y, donde no se ve claro que es suelo urbano o urbanizable, hemos salido de allí y hemos dejado que sea el ayuntamiento el que haga ese estudio de proximidad. Si habían Plan de Actuación Integradas o programas de actuación en marcha tienen una disposición transitoria para que lo puedan desarrollar si la administración lo había aprobado. La mayoría de esos programas urbanísticos son de 2007 y 2008, de antes de la crisis y sobre los que han pasado 10 años y que no se han ejecutado y ahora les damos otros 5 años para que los ejecuten. Pero si pasado ese tiempo no lo han ejecutado, pasarán a ser suelo no urbanizable protegido y patrimonio de todos los valencianos.
-Pero, insisto, ¿hay reclamaciones patrimoniales?
-La sociedad en general es claramente favorable al Pativel, y los propietarios de terrenos están en contra. Ha habido alegaciones en contra de propietarios particulares que se sentían perjudicados. Reclamaciones no hay ninguna; también hay que decir que tampoco se ha aprobado definitivamente. La Dirección General de Urbanismo tiene en reclamación 900 millones de euros de proyectos urbanísticos aprobados que después se han anulado porque, entre otras razones, no se había hecho la evaluación ambiental y territorial como corresponde, no tenían disposición de recursos hídricos o estaba afectado por inundabilidad o cualquier motivo por el que los tribunales los han anulado. Estamos intentado defender los intereses de los ciudadanos y de las personas que pagan sus impuestos que, por todas estas pifias, reclaman 900 millones de euros. Si la Generalitat tuviera la obligación de pagar, es mucho dinero. Vamos a intentar que con el Pativel no haya ninguna reclamación. Está claro que habrá reclamaciones. Lo importante es que los tribunales nos den en todos los casos la razón.
-Los promotores urbanísticos se quejan de que las reglas han cambiado a mitad de partido; es decir, a mitad legislatura...¿Le han llegado las quejas?, ¿cuál es la respuesta del Gobierno valenciano a tal efecto?
-El contacto con los promotores urbanísticos es constante, permanente y personal. Y procuramos ser lo más sensibles posible a sus problemas. Es un sector que ha sufrido mucho por la crisis económica y que mi dirección general va a intentar apoyar tanto como pueda. Es verdad que se han introducido modificaciones, pero por ejemplo el PP desde la LRAU hizo dos leyes, la LUV y después la Lotup. Nosotros solo vamos a hacer una modificación parcial de la Lotup. Hemos intentado salir del péndulo legislativo; es decir, evitar que cada gobierno haga su propia ley. Vamos a intentar, desde el punto del procedimiento y los derechos, lo básico de la Lotup. Es verdad que hemos introducido modificaciones; por ejemplo, la Lotup no va a permitir la clasificación de suelo de no urbanizable a urbanizable por iniciativa privada; siempre será la iniciativa pública.
Es verdad que el Gobierno valenciano ha hecho vinculante la Estrategia Territorial de la Comunitat que fija unos unos umbrales máximos de crecimiento urbanístico. Pero es la Estrategia Territorial que había elaborado el Gobierno del PP, la señora Bonig, que era la consellera de Territorio, aprobó una estrategia que limitaba los crecimientos, que era orientativa, aunque después se aprobaban PGOU y planes parciales que aumentaban las edificabilidad, no un 20 o 30% más, sino un 400% más. Y se sabía que un municipio perdía población y se multiplicaba por dos el suelo urbanizable. Y eso ha generado una burbuja inmobiliaria. ¿Hemos cambiado las reglas del juego? Sí. Hemos hecho vinculante lo que ya lo era desde el 2011, lo que el PP había considerado que era razonable. Es verdad que eso ha podido afectar de alguna manera a los propietarios de suelo comprado, pero es que no se podía hacer otra cosa, porque si queremos corregir la burbuja inmobiliaria, si queremos hacer una ordenación territorial racional, que respete los valores medioambientables y que haga compatible el crecimiento económico y la calidad de vida, lo teníamos que cambiar porque estábamos en una situación de selva, simplemente se decía que sí a todas las demandas, a excepción de que hubiera un parque natural declarado. Posiblemente, alguno ha visto cómo sus expectativas no se cumplían, pero lo que ha realmente ha hundido al sector es la burbuja inmobiliaria y la crisis, y no el Gobierno valenciano. Estamos intentado reflotar al sector.
-El hecho de que la Evaluación Ambiental dependa de la Conselleria de Medio Ambiente y no de Urbanismo, ¿ha generado conflictos?, ¿bloquea proyectos o es un contrapeso?
-Debo hablar bien esa decisión. No creo que si hubiera estado en Urbanismo, hubiera funcionado peor. Hubiera funcionado igual, pero que tenga que una dirección política diferente no está mal. Yo tenía miedo de que eso retrasara los procedimientos, pues pasan de una conselleria a otra. El trabajo profesional de los subdirectores y los jefes de servicio, que hasta hace tres años trabajaban juntos y la buena relación personal ha hecho que exista una buena coordinación. Cuando viene un alcalde de cualquier municipio de la Comunitat para hablar conmigo sobre su PGOU lo normal es que esté presente un técnico de Medio Ambiente y al revés, también ocurre lo mismo. Si las cosas van lentas es porque no tenemos personal y no hay un buen sistema de tramitación administrativa.
-Considera, entonces, que el sistema sigue siendo muy lento, o demasiado garantista...
-A mi me gustaría dotar de un proceso administrativo o unas herramientas administrativas adecuadas. Lo que no puede ser es un PGOU tarde siete o diez años para hacerse, y un plan parcial, cuatro o cinco. Eso es imposible; los que más me lo piden son inversores, pero también me reclaman los alcaldes. Y, por tanto, eso lo debemos conseguir: vamos a hacer un plan para rebajar los tiempos, coordinar la emisión de todos los informes, con un sistema informático que sea utilizado por todas las administraciones que participan en el proceso. Vamos a intentar que esto sea, sí o sí, una cosa ágil. En Europa, creo que los controles ambientales son los mismos que aquí, pero no creo que tarden tanto. ¿Por qué? Porqué están más organizados. Lo debemos hacer igual o mejor.
Fotos PEPE OLIVARES
