Hoy es 15 de agosto
CASTELLÓ/VALÈNCIA. Sigue el sector musical buscando la manera de salir a flote. Por más reuniones que se hagan y por más propuestas que se pongan sobre la mesa, algo falla. No encuentra la cultura el apoyo explícito y firme que necesita por parte de las instituciones públicas. Es pues la segunda vez en menos de un año que la Federación de la Música de España presenta un plan de medidas para hacer frente a todos los problemas que la pandemia del coronavirus ha creado y/o acentuado. Así, aunque en abril se le entregó al mismo ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, un documento que contenía 30 peticiones para afrontar su recuperación tras el parón absoluto durante el estado de alarma, finalmente no entraron todas estas en el Real Decreto Ley que se aprobó en mayo. Una criba que la patronal considera "insuficiente" para "salvar al sector" y que le lleva a presentar de nuevo un paquete de medidas "actualizado".
Sin embargo, parece ser que la Federación de la Música ha caído en el mismo error. Aunque pone voz y forma a muchas de las demandas del sector, esta sintetización le ha llevado a olvidar por el camino reivindicaciones más obreras que atienden directamente a la precarización de las bandas.
El grueso de las medidas lo ocupa la programación- a corto y a largo plazo- de conciertos y festivales de música. Aunque hay citas, como el Arenal Sound o el FIB, que se han atrevido a dar fechas para 2021, los avances y retrocesos del coronavirus no parecen garantizar la celebración de todos estos macroeventos. Es por esto que la Federación de la Música pide adoptar medidas de contingencia para los festivales, las salas de conciertos y giras previstas en el próximo año. El sector reclama un protocolo común a nivel estatal, autonómico y municipal en torno a los aforos y actividades permitidas para así "comprometerse a movilizar y desarrollar su actividad" con antelación. En el mismo sentido, el documento pide la puesta en marcha de un 'Pacto de la Música' que proteja las partidas presupuestarias previstas para programación musical en cada localidad. "El objetivo es evitar lo que ha ocurrido durante 2020, que dichos presupuestos para música se diluyan y se dedique a otros sectores".
También, otra de las medidas planteadas al Ministerio es la de convocar nuevas ayudas económicas "de carácter excepcional" para 2021 que ayuden a sostener las estructuras empresariales y humanas de los festivales y las actividades en grandes recintos. A partir de estos dos puntos quieren que se trabaje en una estrategia común que determine cómo van a ser los festivales, los conciertos en salas, la proyección de artistas jóvenes e incluso plantean la creación de un bono cultural, financiado por el estado, que facilite la compra de discos o la asistencia a conciertos. Esto posibilitaría "pre-vender" actividades previstas para incluso el año 22 y 23.
Por lo que hace a los propios artistas y profesionales del sector, el documento propone varias vías para conservar y desarrollar "el capital humano" en la industria. De un lado se plantea que los profesionales puedan utilizar el tiempo de parón de actividad para formarse. ¿Cómo lograrlo? Proporcionándoles una renta básica mientras no perciban ingresos y no cuenten con prestaciones suficientes. De otro lado, solicitan que se ponga ya una solución al 'value gap', es decir, al desfase que existe entre los ingresos que las grandes plataformas se llevan por el consumo de la música en Internet y el que perciben los titulares de ese contenido. Igualmente, reclaman un nuevo modelo de cotización adaptado a la intermitencia que estos profesionales viven.
También, se vuelven a incluir propuestas económicas que ya fueron enviadas previamente a Uribe, como la reducción del IVA del 10 al 14% de las entradas de la música en directo o del 21 al 10% del IVA de todos los servicios relacionados con la música en vivo y música grabada.
Además de todo esto, ruegan que se declare la cultura -y la música- como un bien esencial. Un reconocimiento que, tal y como aseguran, les permitiría acceder a mayores fondos presupuestarios, medidas fiscales y el futuro reparto de los fondos europeos. En relación, la propuesta incluye la aprobación de la Ley de la Música, un mecanismo que serviría para regular ayudas e incentivos fiscales, así como respaldar la producción musical.
Con todo, el documento apunta a otros aspectos como la presencia de la música en televisión. En este contexto piden que Radio Televisión Española establezca un mínimo garantizado de 20 millones de euros de inversión durante 2021 en producción de programas con contenidos musicales que impliquen la posterior contratación de artistas, técnicos y otros profesionales, así como el incremento en pagos de derechos de propiedad intelectual. Se quiere así llegar a tener "el mismo trato que el cine" en la cadena.
Las quince medidas presentadas por la Federación de la Música de España, que aquí se resumen, comportan un revulsivo, sin duda, importante para la industria. Pero, ¿qué repercusión tiene real sobre la cultura y la escena de base? Este diario ha querido consultar con un grupo sin grandes números a sus espaldas, al igual que al sindicato de músicos SIMUV.
Mario Ballester, que lidera Calivvla y forma parte de L’últim europeu, apunta a que las medidas "hablan de reducir la 'enorme dependencia de la música en directo' y de promover ayudas para festivales y giras. Las bandas pequeñas lo que necesitamos para poder hacer música es precisamente tocar en unas condiciones dignas, no tener que hacerlo eclipsados en grandes festivales a cambio de 'visibilidad' o en unas condiciones lamentables en la mayoría de salas. Sin conciertos no hay dinero, y sin dinero no hay estudio. Así que la música en directo la considero fundamental; el problema es la forma de consumirla y el modelo de la misma, cosa que no abordan".
Ballester también cree que la propuesta “empieza la casa por el tejado” y pone un ejemplo: “Lo del bono cultural me parece interesante, pero nadie se preocupa por la base. Si ahora mismo nos tenemos que sufragar todo más que nunca, ¿por qué no dar ayudas para los locales de ensayo? Está genial que se den bonos para promover el consumo de música grabada, pero esta cada vez está siendo más difícil de llevar a cabo porque no hay dinero. El ejemplo de Calivvla: en abril tendríamos que haber grabado con Guille Mostaza el segundo EP. 3000 euros. Pagamos la mitad a modo de reserva y la otra parte la íbamos a sacar de los conciertos del verano, cosa que ahora es imposible. Además, seguimos teniendo los gastos de local, comprar cuerdas, y demás historias que trae consigo hacer música. Ahora nos vemos con un dinero que no tenemos, una deuda aún pendiente y un EP que no vamos a saber cuándo se va a poder grabar porque la movilidad sigue limitada. Por otra parte, todos dependemos de nuestros trabajos actuales para vivir y seguir pagándonos el hacer música… Hay que buscar otras fuentes de financiación y ese sí me parece un problema real para el 90% de las bandas. No estaría mal alguna ayuda en cuanto a soluciones alternativas de financiación”.
Desde el Sindicat de la música valenciana (SIMUV) también ponen el foco en las carencias del textos, aunque señalan que "menos es nada": "los intereses de la materia prima del negocio musical (es decir, los músicos) aparecen solo en tres de los 15 puntos y de manera puntual". Y no siempre de la manera esperada: "Bien lo de pedir una renta básica a los profesionales a los que no les han dejado trabajar a pesar de trabajar, pero ¿condicionarla a una acción formativa? ¿A santo de qué?".
Si bien la implantación del Estatuto del Artista y el reconocimiento a la intermitencia sí forman parte de las reivindicaciones del sindicato, desde el mismo concluyen que "echamos en falta un mayor peso en las intenciones de Es_Música en relación a cómo revertir la precariedad que hoy en día viven los músicos de manera generalizada y ponerla por delante de otras propuestas más -digamos- empresariales". Y matizan: "Aunque tal vez no sean ellos a los que toque hacer eso. Es el tema de siempre, a la hora de negociar y conseguir mejorar el mundo de la música, los últimos somos siempre los músicos".
La SIMUV, junto a otros seis sindicatos de músicos del resto del Estado, firmó en abril una propuesta diferente, con otras ocho medidas urgentes dedicadas en exclusiva a los y las creadoras de la música. Entre ellas se encontraba, por ejemplo, habilitar el acceso a la prestación del paro como cualquier con las mismas condiciones que el resto de sectores o suspender el pago de alquileres y recursos básicos a quien dejara de percibir ingresos a raíz de la crisis sanitaria.
En el terreno de las reivindicaciones laborales, a Ballester también le “chocan” las ayudas económicas “para el sostenimiento de las estructuras empresariales y personal en festivales, salas: están asumiendo que la mayoría no cumplían con dar unas condiciones dignas a sus trabajadores; y en lugar de denunciarlo, piden ayudas”.