Las 'siete vidas' judiciales de Coepa: la patronal alicantina sale indemne de todos sus pleitos

ALICANTE. Hace apenas ocho meses, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa) se asomaba peligrosamente al abismo. No es que se haya alejado demasiado, pero el panorama pinta francamente más halagüeño que a finales del pasado verano. En septiembre, la patronal alicantina estaba inmersa en un concurso de acreedores que pocos creían que fuera capaz de superar, y denunciada por el Servef por fraude y apropiación indebida en la recepción de subvenciones. Ahora, el concurso se ha superado (cierto que con una quita del 95%, algo nunca visto en la práctica concursal hasta la fecha) y la denuncia del Servef, que acudió a la vía penal, ha quedado en nada.

Claro que la patronal alicantina se ha dejado pelos en la gatera. Prácticamente todos, en realidad. Antes de implosionar, tenía un edificio de cinco alturas frente al Teatro Principal, más de ochenta empleados, un centro de formación en el polígono de Babel, antenas comarcales en toda la provincia, un amplio catálogo de cursos y capacidad para organizar manifestaciones multitudinarias contra el Gobierno del PSOE. Una década después, el edificio ha sido vendido a un inversor ruso por 2,35 millones, el centro de oficios entregado (aunque aún no recepcionado) al Instituto Valenciano de Finanzas para satisfacer la deuda de 3,9 millones con el banco del Consell, los más de ochenta empleados despedidos (solo quedan dos) y la posición como altavoz de las reivindicaciones de la provincia dilapidada.

Pero sigue viva, un desenlace por el que pocos, especialmente fuera de Coepa, apostaban. Y que incluso ha podido convertirse en un problema para los planes del presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, de convertir la suya en la única patronal de la Comunitat, vista la resistencia de los empresarios alicantinos a dejar caer su organización. Hace algo más de medio año, los titulares de prensa hablaban de una Coepa "abocada a la desaparición", sobre todo cuando se sustanció la denuncia del Servef por el presunto fraude en subvenciones que adelantó este medio. Ahora, la patronal encara con cierto optimismo su futuro, siempre que cumpla el plan de pagos a los acreedores, y con la denuncia del Servef archivada por la prescripción de los hechos denunciados y, dicho sea también, porque además la juez no vio nada punible en la querella de la Administración autonómica.

Precisamente el Consell, tanto con el PP como con el pacto del Botànic, ha sido uno de los obstáculos más duros para la supervivencia de la patronal alicantina. Primero, porque Francisco Camps la embarcó en la construcción de un centro de prevención de riesgos laborales que debería haber ejecutado la Generalitat (ya que la competencia en la materia es suya) y que la endeudó de por vida. Más tarde, porque los impagos de los cursos de formación (en algunos casos, financiados con fondos europeos o estatales que el Consell sí había ingresado) estranguló sus finanzas y motivó el primer ERE y la búsqueda de un comprador para su sede en la plaza de Ruperto Chapí.

Con el cambio de color en la Generalitat, los problemas se agravaron: la diligencia del director del IVF, Manuel Illueca, para intentar recuperar el crédito de 3,2 millones (más intereses) concedido para construir el centro de oficios motivó que el tesorero de Coepa, Antonio Galvañ, acudiera a toda prisa al juzgado a instar la declaración de preconcurso, que desembocó en el traumático concurso de acreedores posterior. Durante la fase de convenio, el banco del Consell intentó por todos los medios no aceptar el centro de oficios (bien vía ejecución hipotecaria, bien por dación en pago) como satisfacción de la deuda, lo que implicaba la liquidación de la patronal. El juez la salvó al señalar que aceptar el edificio era, precisamente, la clave para salir del concurso y que el resto de acreedores cobrara, aunque fuese un 5% de lo adeudado.

La denuncia del Servef

Y mientras Coepa no sabía si superaría el concurso, llegó la denuncia del Servef. Una denuncia, instada por la entonces secretaria autonómica de Economía (hoy en Hacienda), María José Mira, que podía desembocar incluso en penas de cárcel para aquellos que fueran hallados culpables, dado que acudió a la vía de lo penal para denunciar fraude y apropiación indebida. De puertas para afuera (en Coepa siempre estuvieron convencidos de que no había nada punible), la denuncia significaba el estocazo definitivo que podía finiquitar a la patronal alicantina.

Pero, volviendo al símil de la gatera, Coepa ha demostrado tener, como poco, tantas vidas como dos gatos en lo que a los juzgados se refiere. Con la denuncia del Servef archivada y la renuncia del Gobierno autonómico a recurrir (los plazos de prescripción son inapelables: la última subvención llegó en 2010 y la denuncia se presentó en 2016), la patronal culmina un historial en el que ha salido indemne de nada menos que trece procedimientos judiciales que podían ponerla en entredicho en los últimos años. Catorce, si se cuenta como tal el concurso de acreedores, que aún no puede darse por superado hasta que se termine de pagar lo que se debe.

Seis denuncias de la Federación de Empresas del Metal (Fempa), siempre crítica con la gestión de los últimos presidentes de la patronal, otras tantas de Cepyme Alicante, tan o más crítica que la primera, y la del Servef. Las denuncias de la primera han girado en torno a la formulación de las cuentas (alguna ha ganado, también) y la modificación de estatutos (en este caso, y en segunda instancia, se aceptó parcialmente su recurso en lo relativo a un artículo). Las de la segunda eran más serias: Cepyme llegó a plantear una conciliación previa a una querella contra Moisés Jiménez, y otra contra distintos cargos de la patronal. También acudió a la Fiscalía por el caso del crédito del IVF. Y demandó a Coepa por expulsarla de su estructura. Las cuatro denuncias, como otros dos contenciosos contra el cambio de estatutos, fueron archivadas.

En el horizonte inmediato, a Coepa se le presenta la reclamación del Servef, ahora por vía administrativa, de las subvenciones recibidas y no justificadas correctamente, que tras la liquidación exprés de Cierval se ha vuelto contra la patronal alicantina. Y un último escollo judicial, de nuevo con Fempa: la impugnación de las cuentas que se aprobaron en 2016, las últimas antes del concurso. Está por ver cuántas vidas judiciales más le restan a la Confederación que preside Francisco Gómez.