Lo que viene en Brugal: La resolución de los jueces sobre las cuestiones previas y reducción de sesiones

ORIHUELA. El juicio del caso Brugal, en la pieza de la rama oriolana que investiga las supuestas irregularidades en la contrata de las basuras de Orihuela, hace un parón en sus sesiones hasta el 7 de mayo. No obstante, el descanso de las jornadas no será tal para los jueces, que han de dirimir su respuesta a las cuestiones previas que, previsiblemente, llegará después de Semana Santa, a finales de abril. 

Durante esta semana que finaliza, en los días 20 y 21 de marzo la Fiscalía y la única acusación particular, el Ayuntamiento de Orihuela replicaron a las cuestiones previas de la defensa que pedían la nulidad de las escuchas en este caso a principios de mes. 

Ahora, los tres magistrados que conforman la sala deben debatir y plantear todas las cuestiones de la defensa, con las replicas de las Fiscalía y resolver cuáles de ellas se tendrán en cuenta de cara al juicio. Ahora, podrían darle la razón por completo a la defensa, lo que supondría cerrar el juicio, admitir solo parte de ellas, con lo que se celebraría el juicio, condicionado por las partes excluidas, o no admitir ninguna de las peticiones de la defensa y celebrar el juicio con todas las cartas expuestas sobre la mesa, incluyendo todas las escuchas y pruebas documentales. Según fuentes oficiales consultadas por Alicante Plaza, lo más probable es que el juicio siga adelante con el mayor grueso de las pruebas presentadas, incluyendo las escuchas. En cualquier caso, los magistrados deben leer y considerar una cantidad ingente de folios con pruebas para dar su veredicto.

El próximo 7 de mayo declarará, previsiblemente Ángel Fenoll y el calendario apunta a que le seguirán el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina y Jesús Ferrández. Si se admiten las escuchas, durante las sesiones se deberán escuchar todas ellas, o al menos, el mayor número de las grabaciones posibles, a no ser que los magistrados consideren que son lo suficientemente conocidas y decidan omitir algunas durante las sesiones. El conjunto de todas ellas suman horas. 

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el calendario definitivo acordado por la Sala, que sufrió cambios por la enfermedad del abogado principal del empresario Ángel Fenoll, no supone en la práctica ninguna demora con respecto al anterior, fijado en una providencia en diciembre de 2017. Se han incluido nuevas fechas y se han suprimido otras. En cualquier caso, en lo que va de juicio se han reducido varias de las sesiones previstas en el caso. Se espera que vuelvan a reducirse más, disminuyendo las jornadas totales a un número bastante menor que las 90 previstas en un principio. En la lectura de los escritos de la acusación y la de las defensas, en febrero, las partes renunciaron a su lectura, y con ello redujeron los tiempos. 

La defensa de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en el juicio del caso Brugal pidió, no solo la nulidad de las escuchas, en la línea que marcaron, a su vez, los abogados de Ángel Fenoll y José Manuel Medina, sino también que esa decisión se tome antes de que llegue la sentencia del caso. En este supuesto, la causa acabaría en resultaran nulas estas grabaciones. Si hay algo que pone de acuerdo, al menos a los letrados de la defensa que hasta el momento han puesto sobre la mesa las cuestiones previas al juicio del Caso Brugal, es que quieren sacarse de encima el vídeo que desató la caja de los truenos y que ha traído al banquillo a 34 acusados.

Por el momento, se han admitido todas las pruebas documentales añadidas por parte de la defensa de los acusados en las cuestiones previas y otras del Ministerio Fiscal, en concreto una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que, en teoría, validaría las escuchas a los acusados en este caso. 

En esta rama inicial de Brugal, la Audiencia Provincial enjuicia a 34 personas, de las que quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes oriolanos Medina y Mónica Lorente, también del PP, y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la fiscalía pide doce años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, para su sucesora Lorente, ocho por fraude y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y ocho meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

El fiscal considera a los procesados autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones. Sostiene que Fenoll y su entorno conformaron una presuntas trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".

Además, el empresario oriolano habría pagado supuestamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemócrata.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina aunque las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de "Operación Brugal".

Entre las principales piezas separadas del Brugal destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia. En esta última figuran como investigados el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.