Los acusados del amaño del PGOU de 'Brugal': cuatro 'inocentes', un filántropo... y un culpable

ALICANTE. La reanudación del juicio sobre el supuesto amaño del Plan General (PGOU) de Alicante, investigado en el caso Brugal, permitió volver a vislumbrar cuáles son las estrategias del conjunto de los acusados, casi orquestadas al unísono en torno a la figura del promotor Enrique Ortiz. Después de que su defensa pilotase la impugnación de las escuchas telefónicas y de prácticamente toda la instrucción, en las primeras sesiones del proceso, entre junio y julio, este miércoles también fue la declaración del conocido empresario la que marcó el camino al resto. O casi.

Él vino a sostener su inocencia con profusión de detalles sobre las decisiones empresariales que había adoptado durante los años de los hechos investigados, entre 2007 y 2010. Así, negó haber recibido información privilegiada sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad durante su fase de redacción por parte de los dos exalcaldes del PP también enjuiciados: Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. E, igualmente, también rechazó haber realizado regalos o entregas de dinero en metálico a cambio de esos supuestos datos reservados. O lo que es lo mismo: en todas sus respuestas descartó que en los años en los que se estaba redactando el planeamiento de la ciudad hubiese ejercido como corruptor de nadie. Y sin corruptor no puede haber corrompidos. Ni tampoco delito. Así que si él conseguía demostrar su inocencia ante el tribunal, el resto de los acusados tenían el trabajo hecho.

De este modo, en sus cerca de dos horas de declaración, Ortiz señaló que solo había invertido en suelos del término municipal a partir de la información que era pública desde el momento en el que se conoció el documento de avance del Plan General, en el año 2002. "A mí nadie me ha apañado nada", respondió, a preguntas del fiscal Anticorrupción sobre alguna de las conversaciones captadas por la Policía en referencia al sector del APA-9, en Vistahermosa, o sobre el proyecto para remodelar el estadio José Rico Pérez. Es más, sostuvo que parte de las propuestas que él llegó a plantear ante el Ayuntamiento acabaron siendo rechazadas. Entre ellas, enumeró ese proyecto de reforma del estadio: "Se lo cargaron con un informe técnico", dijo.

Además de negar que nadie le hubiese facilitado planos, señaló que en todo caso había sido él quien se los había entregado a Díaz Alperi y a Castedo, cuando esta todavía era concejal de Urbanismo, para que incluyesen tres fincas de su propiedad en el sector de Rabasa para poder ejecutar los accesos que exigía el Ministerio de Fomento. Sin embargo, según declaró, tampoco eso se le admitió. Y enfatizó: "Eso no es ningún delito; lo pedimos pero no se nos concedió".

En esta línea, sostuvo que los planes para invertir en el entorno de Aguamarga con el fin de desarrollar la llamada Ciudad de la Economía tampoco acabaron fructificando y explicó que él era "el enemigo número uno del plan de compensaciones de metro por metro", con el que, según el sumario, podía obtener suelos que iban a recalificarse a cambio de suelos protegidos. Según Ortiz, él rechazaba ese sistema de compensaciones "porque eso nos arruinaba". Es más, señaló que él había encargado que en sus empresas confeccionasen un informe sobre cómo afectaban esos espacios naturales a sus suelos porque preparaba una impugnación al respecto.

En la misma línea, señaló que él había presentado una propuesta para desarrollar tres millones de metros cuadrados de suelo en el sector de La Condomina o de las Torres de la Huerta en 2006 porque ya figuraban en el avance del Plan General. "El Plan General define y califica los suelos; nosotros cuando compramos un suelo, sabemos lo que compramos y lo que vendemos; no hemos comprado nunca ni un metro antes del avance del Plan General", explicó. "Nos hemos gastado casi 200 millones de euros porque ya estaba aprobado en el avance del Plan General; el urbanismo es complicado pero esto creo que está claro", insistió. Así, volvió a insistir en que nadie del ayuntamiento le facilitó información sobre ninguna ficha del Plan General. 

Ante la batería de preguntas que le formuló Briones, solo admitió que había mantenido una relación hasta cierto punto íntima con Castedo. Tanto que confirmó haber compartido viajes con ella y con su marido, a quien tildó de "amigo". También señaló que había intercedido por los hijos de Alperi al ayudarles en sus negocios. Pero negó que esos gestos fuesen regalos o prebendas a cambio de un trato preferente en el diseño del Plan General. Según su versión, ni pagó el viaje de Castedo a Andorra, ni el de Aperi a Creta en jet privado, aunque sí invitó a la exalcaldesa "y a otros amigos" a viajar a Ibiza en el verano de 2008, con gastos de comida incluidos. "Si los invitaba, no iba a cobrarles la comida", dijo.

Es más, se dedicó a insistir de manera constante en que él se dedicaba a ayudar a las personas, dándoles trabajo cuando lo necesitaban, al margen de quién se los recomendase, y no porque se lo dijese nadie como Castedo o Alperi. En realidad, dijo que siempre, desde sus empresas, había estado implicado en los temas sociales. Y entre ellos, sin ir más lejos, citó la compra de las acciones del Hércules o la inversión de ocho millones de euros "a fondo perdido" (el doble de la cantidad prevista) en la remodelación el Rico Pérez. Así, descartó que el proyecto que había presentado ante el Ayuntamiento para impulsar "un estadio de cinco estrellas" con un hotel y bajos comerciales fuese un proyecto especulativo. En resumidas cuentas, puso todo el énfasis que pudo en resaltar su implicación social y su compromiso altruista por ayudar a quien lo necesitase. Fuese quien fuese: el Hércules, personas sin trabajo (hasta vendedores de pañuelos dijo haber contratado) o los hijos de Alperi.

Su relato permitió que los tres acusados que intervinieron tras él se acogiesen a argumentos similares. Así, Díaz Alperi -que se volvió a negar a responder a las preguntas del fiscal, como ya sucedió durante la fase de instrucción- insistió en el camino de la negación. Fue breve, con una declaración de apenas unos minutos, y se limitó a aportar la misma contestación preparada a todas las preguntas que le formuló su abogado defensor: "No, nunca". En resumen, vino a reafirmar la tesis de Ortiz. Descartó que él hubiese facilitado información sobre el futuro planeamiento de la ciudad a nadie y que hubiese recibido regalos o dinero a cambio de esos supuestos datos. Ni viajes, ni dinero en metálico, ni palcos en el Rico Pérez, ni bungalós para sus hijos. Nada.

Después llegó el turno de Virgilio Ortiz, hermano del constructor y responsable de varias de sus empresas. Fue todavía más breve que Alperi: se acogió a su derecho a no responder a ninguna pregunta viniese de quien viniese. Y, por último, el de otro responsable de las empresas del constructor: Santiago Bernáldez. Sus respuestas fueron para apuntalar la corrección de los pagos con los que, según la Policía, se trató de camuflar las supuestas entregas de dinero que se efectuaron a los expolíticos a cambio de su trato de favor. Es decir, más argumentos en defensa de la inocencia del conjunto de los procesados.

El problema es que el primero en prestar declaración (antes que Ortiz) fue el constructor ilicitano Ramón Salvador. También fue breve. Pero sus respuestas fueron en la dirección opuesta a la ofrecida por el resto. Salvador volvió a ratificar el pacto de conformidad suscrito el pasado febrero con la Fiscalía y el conjunto de las acusaciones (también lo son el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida). Así, asumió su culpabilidad y vino a reconocer que había pagado al despacho Salvetti, de los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, a cambio de conseguir que se le recalificasen unos terrenos de su propiedad en el sector del Pla de Xirau, entre los términos municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig.

Con ese acuerdo, Salvador elude el riesgo de ingresar en prisión al aceptar una pena de tres meses de prisión, conmutable por el pago de multa, y ofrece a la Fiscalía una baza inmejorable para tratar de conseguir la condena del conjunto de los procesados, sin depender solo del valor de las escuchas y del resto de elementos probatorios recogidos en el sumario. La lógica: si un presunto corruptor asume los hechos investigados por la Policía, es que sí hubo corrompidos y delito. 

Lo cierto es que ese acuerdo abrió el camino para que el propio Ortiz suscribiese un pacto similar, en abril, por el que también se declaraba culpable tras aceptar una pena de dos años de prisión, eludible tras el pago de una multa de 1,6 millones. Sin embargo, después de que la Sección Séptima de la Audiencia anulase las escuchas que dieron origen al caso Brugal y absolviese a los 34 acusados del supuesto amaño en la adjudicación de la basura de Orihuela, se retractó de esa autoinculpación para volver a reivindicar su inocencia.

El fiscal Anticorrupción trató de preguntar de manera indirecta a Ortiz por los motivos que le habían llevado a dar ese paso atrás para desdecirse de su confesión. Sin embargo, la presidenta del tribunal le cerró el paso al asegurar que no era necesario que se justificase, puesto que ya había quedado claro en las sesiones del juicio en las que se expusieron las cuestiones previas. El acusador público también lo tuvo complicado para dirigir su interrogatorio, después de que Ortiz asegurase que no iba a responder ninguna pregunta relacionada con las conversaciones pinchadas por la Policía al considerar que habían pasado 12 años y que, además, no tenía la garantía de que fuesen íntegras y de que no estuviesen descontextualizadas. 

Con todo, este jueves tendrá la oportunidad de cuestionar a otra de las principales encausadas: la exalcaldesa Sonia Castedo. Hasta ahora, su entorno ha sostenido que sí respondería a las preguntas que le pudiese formular la Fiscalía, aunque no parece probable que conteste a las que pretenda realizar el representante legal del Ayuntamiento o el letrado de Esquerra Unida. Al margen de Castedo, también deben prestar declaración todavía otro de los exresponsables de las empresas de Ortiz, Pablo Rico, y los abogados de del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo. Después, el proceso seguirá con las declaraciones de los testigos: uno de los primeros que puede aportar aclaraciones relevantes es el arquitecto urbanista Luis Cantallops, quien ejerció como primer redactor del Plan General. Su declaración se realizará por videoconferencia.