El actual gobierno de coalición está guiñando el ojo a sus posibles votantes. Se podría decir que no está gobernando para todos, sino que están adoptando medidas para contentar “a los suyos” aunque algunas de las medidas adoptadas den más fruto a corto que a largo plazo. Por ejemplo, los ERTE que se pueden convertir en ERE. También se ha regulado por primera vez en la vida ayudas para los autónomos.
En sentido contrario, se puede apreciar como durante la crisis del coronavirus ha habido un grupo de profesionales completamente desasistido de la protección del gobierno, no sólo es que no hayan legislado pensando de estos profesionales, sino que además les han tratado con el mayor de los desprecios, sin escucharlos. Los abogados y procuradores han tenido que hacer teletrabajo durante el estado de alarma, se han visto obligados a atender a los clientes en un ambiente de elevada dificultad por la situación derivada del confinamiento. Han sufrido un nivel de estrés elevado ante tanta explosión normativa; tanto trabajadores como empresas estaban ansiosos de asesoramiento respecto a sus intereses. Sin embargo, los juzgados estaban paralizados con apenas servicios mínimos.
La semana pasada el Gobierno aprobaba el Decreto Ley de “Medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia”. La norma está pensando en la reanudación de la actividad jurisdiccional y ya adelanta un crecimiento de la litigiosidad, no tanto por la crisis del Covid 19 como por la nefasta gestión de esta. Se esperan reclamaciones contra el Gobierno por parte de los familiares de los fallecidos, demandas de personal sanitario contagiado, reclamaciones laborales, solicitudes de concurso de acreedores. El decreto establece una preferencia en la tramitación de recursos contenciosos administrativos contra las resoluciones de las administraciones públicas por las que se denieguen las ayudas económicas derivadas del paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria y también tendrá preferencia en la jurisdicción social los procesos de despido o impago de días recuperables, pero no trabajados.
Se prevé que a finales de mes los juzgados y tribunales empiecen a recuperar la actividad pero como dice José Muelas ni siquiera se ha previsto un Plan a modo de IFEMA Judicial; los letrados judiciales ya están advirtiendo que sin trajes de protección individual no podrán realizar diligencias fuera de los juzgados.
El decreto ha previsto declarar hábiles del 11 al 31 de agosto. Esta medida no se ha consensuado con abogados ni procuradores, ni asociaciones judiciales, dudo mucho que lo hayan consensuado con los funcionarios de la administración de justicia. Se quiere dejar sin el derecho a vacaciones a los abogados y procuradores, pero para el gobierno, ellos no deben ser trabajadores, ni tienen hijos, ni tienen que conciliar con la familia, ni necesitan planificar sus días de descanso en algún lugar fuera de la provincia. Si dijéramos que así se elimina el colapso judicial aún tendría algo de sentido este sacrificio, pero una vez más son medidas infructuosas y gratuitas, nacidas de la improvisación o la animadversión. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que para ellos no vale, ¡¡agosto es sagrado¡¡
Recuérdese que para el resto de los trabajadores se prohibió aplicar vacaciones durante el periodo de confinamiento. Los abogados han sido excluidos por el gobierno de cualquier medida adoptada con la finalidad de paliar los efectos económicos del COVID 19 y tampoco han podido acceder a ayudas para autónomos porque tiene un régimen distinto.
Pero también estos profesionales tienen sus problemas económicos, también se han visto afectados por la crisis sanitaria, también pueden ser expulsados del ejercicio de la abogacía si no pueden abonar las cuotas colegiales obligatorias. Han estado confinados pero sometidos a la presión de los clientes demandantes de asesoramiento ante la pluralidad de normas jurídicas que ha generado la crisis.
Ninguna de las medidas sociales extraordinarias adoptadas por el gobierno se ha dirigido a ellos. Y para colmo sin consenso, sin preguntarles, se “comen” que tendrán que trabajar en agosto.
Se creerá el Gobierno que todos los despachos de abogados son como el despacho de Antonio Garrigues a quien por cierto el Ministro de Justicia le ha encargado presidir la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Ley del Derecho de Defensa.
Pero no, en su mayoría son despachos pequeños con algún compañero más. La gran mayoría de abogados son profesionales que trabajan muy duro y que pelean con el Derecho para ganar el asunto, pelean con el cliente para cobrar su trabajo y pelean con las partes contrarias para convencer al Juez.
La situación de colapso que viven nuestros juzgados y tribunales es crónica pero ahora se va a agravar no sólo por los asuntos que no se han proveído ni notificado sino también por la explosión de asuntos nuevos, sobre todo por reclamaciones judiciales en el ámbito laboral y procedimientos judiciales del ámbito mercantil. Para atender con un poco de seriedad el colapso que viene habría que dotar a los juzgados de más jueces. España cuenta con 11,8 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de media de la Unión Europea. Necesita refuerzo de personal en la administración de justicia y mejores medios materiales que no denigren la imagen de la justicia. Se están preparando vergonzosas salas de vistas con filme transparente, pero sin embargo resulta que la solución a los males de la administración de justicia pasa por declarar hábil el mes de agosto.
