ALICANTE. El tripartito de izquierdas que gobierna el Ayuntamiento de Alicante, formado por PSPV, Guanyar y Compromís, está en el aire (si no ya oficialmente roto). Y la Alcaldía, en manos del socialista Gabriel Echávarri, todavía lo está más. Sus dos socios exigieron este viernes su renuncia al cargo tras ser citado a declarar en calidad de investigado por supuesta prevaricación en el llamado caso Comercio: las diligencias abiertas a cuenta del supuesto fraccionamiento de contratos relacionado con 25 encargos directos por un importe global de 189.000 euros durante los meses de noviembre y diciembre de 2016. Las direcciones orgánicas de Guanyar y Compromís, que suman 8 ediles frente a los 6 del PSPV, decidieron que no era necesario esperar hasta conocer cuál puede ser el desenlace de la declaración del primer edil, que se producirá el próximo viernes 6 de octubre. Ambas formaciones no dudaron en exigir a la cúpula autonómica del PSPV que intervenga para procurar el relevo del primer edil sin aguardar al avance de la instrucción judicial. Es decir, sin conocer si la titular del Juzgado de Instrucción número 9 mantiene su imputación o si archiva las diligencias, tras tomar declaración a los tres investigados (además del primer edil, también comparecerán ante la jueza el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez y el asesor del área de Comercio, Pedro de Gea), entre otras posibles pruebas que se pudiese considerar pertinentes.
La determinación de los dos socios del PSOE es tan contundente que su petición se produce sin tener amarrada la supervivencia del propio tripartito ni el futuro color político de la Alcaldía. Compromís asegura estar dispuesto a mantener las condiciones del pacto suscrito en 2015, de modo que garantizaría su apoyo a otro concejal socialista para que asumiese el cargo. El problema es que actualmente, el equipo de Gobierno está formado por 14 ediles y necesita 15 para poder garantizar que el bastón de mando siga en manos de la izquierda en la segunda ciudad de la Comunitat después de 20 años de gobierno del PP.
Como viene contando este diario, ese escenario confiere un papel decisivo a los dos ediles no adscritos Fernando Sepulcre (exconcejal de Ciudadanos) y Nerea Belmonte (exedil de Guanyar). Con el voto de al menos uno de ellos, los tres socios podrían mantener su alianza al frente del Ayuntamiento, esta vez con otro director de orquesta. O directora. La número 2 de la lista del PSOE y, en principio, la mejor posicionada para optar al puesto en caso de que se produjese el reclamado paso atrás de Echávarri sería la edil Eva Montesinos, actual portavoz socialista, además de responsable de Turismo y Deportes. Ella es, de hecho, quien ejerce en la mayoría de ocasiones como nexo de coordinación con Guanyar y Compromís y, en cierto modo, podría llegar a recabar su respaldo.
¿Qué pasaría si Sepulcre o Belmonte diesen la espalda al tripartito? En ese supuesto, la Alcaldía volvería a manos del PP al ser la fuerza más votada en las municipales de 2015, cuando lograron 8 ediles. Los populares no estarían obligados necesariamente a alcanzar una hipotética alianza con Ciudadanos para llegar al poder, aunque sí podría requerir a sus 5 ediles, a Sepulcre y a Belmonte para reunir una mayoría absoluta. Sepulcre ya sustenta al PP en el Gobierno de la Diputación Provincial de Alicante y no tendría por qué oponerse a sumar su apoyo al partido también en el Ayuntamiento. A priori, sería más difícil que Belmonte (la única militante de Podemos que entró en los seis primeros puestos de la lista de Guanyar, entre otros 5 representantes de EU) decidiera dar ese paso.
¿Significa eso que Belmonte podría inclinarse por dar su voto a un renovado tripartito? No existe ninguna garantía al respecto. La propia edil apuntó este viernes, en declaraciones a este diario, que todo dependería de quién fuese el hipotético candidato a la Alcaldía que se plantease. Así que no existe certeza alguna sobre cuál podría ser su posición. Máxime si se tiene en cuenta que su relación con sus excompañeros de Guanyar no es exactamente cómoda ni apacible.
El propio alcalde esgrimió esa situación de incertidumbre para sostener (antes de conocer la opinión de Guanyar y Compromís) que no tenía intención de dimitir porque supondría entregar la Alcaldía al candidato del PP. Además, insistió en que su imputación era un mero trámite, lógico y esperado, y reiteró que no existe delito (como máximo una irregularidad administrativa), puesto que no concurrió dolo: voluntad de causar perjuicio a sabiendas.
Sin embargo, ninguno de esos argumentos convenció a sus socios, que ya habían advertido en sus conclusiones sobre la comisión de investigación sobre los 25 contratos de la Concejalía de Comercio que podrían exigir responsabilidades políticas en el caso de que se confirmase la existencia de delito.
Dicho y hecho: las direcciones orgánicas de Guanyar y Compromís, reunidas de urgencia en la misma noche del viernes, pusieron en valor uno de los preceptos que establece el pacto de gobierno suscrito en junio de 2015 y determinaron que, de algún modo, si podía resultar de aplicación en el caso de la imputación de Echávarri: "Retirada de las competencias que ostenten, y sueldo, a los concejales o concejalas imputados o investigados por causas de corrupción y hasta la resolución de su causa, en el marco de la legalidad vigente".
DOS EDILES DEL TRIPARTITO HAN MANTENIDO SUS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS PESE A SOPORTAR UNA IMPUTACIÓN: MARISOL MORENO Y MIGUEL ÁNGEL PAVÓN
Lo cierto es que, en el actual mandato, dos ediles del equipo de Gobierno han adquirido la condición de investigados y han seguido manteniendo sus respectivas responsabilidades. Uno de ellos fue, precisamente, el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, contra el que se abrieron diligencias por denegar una licencia sobre un edificio en Playa de San Juan. Esas diligencias acabaron archivándose después de que el juzgado concluyese que no podía concederse el permiso solicitado y, por tanto, que su proceder había sido el correcto.
El segundo caso fue el de la edil de Juventud y Protección Animal, Marisol Moreno (también de Guanyar), que fue juzgada y condenada al pago de una multa de 6.000 euros por un delito de injurias a la Corona en relación a varios comentarios difundidos a través de las redes sociales, antes de desempeñar un cargo público, sobre la afición del Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón, a la caza.
La cuestión es que tanto Guanyar como Compromís tenían meridianamente claro que no podían prolongar la situación ni aguardar al desenlace de las diligencias. Primero porque Echávarri también puede quedar sujeto a otra posible imputación por haber ordenado el despido de la cuñada del portavoz del PP: una trabajadora municipal interina de la que se prescindió despúes de que Barcala presentase la primera denuncia del caso Comercio contra Echávarri en Fiscalía. La Fiscalía ya ha abierto diligencias con la toma de declaración del edil de Personal, Carlos Giménez, y del técnico municipal que redactó el decreto de despido.
Y segundo porque los dos aliados del PSOE han mantenido sonados enfrentamientos con el primer edil a raíz de varias de sus decisiones. Ambos sostienen que la mayoría de ellas se han adoptado de manera unilateral, lo que ha provocado su hartazgo. Ahora, ese clima de tensión, en el que Echávarri ha encontrado acomodo a lo largo de dos años y medio y que pudo advertirse especialmente en el pleno de este jueves, ha llevado a sus aliados a decir basta. La imputación les ha brindado la ocasión perfecta para poner fin a la situación, incluso pese a quedar expuestos a abandonar el poder. Guanyar ya estuvo formalmente a punto de romper su acuerdo con el PSOE durante la elaboración del presupuesto de 2017 y ahora, a menos de dos años vista de las próximas elecciones, ya daría por amortizadas las posibilidades de entendimiento con un PSOE dirigido por Echávarri. Máxime después de haber sufrido embestidas como los planes de destitución de Pavón al frente de la Concejalía de Urbanismo.
Compromís, el aliado más próximo al alcalde, también está dispuesto a quemar las naves: si no queda otra salida, sus representantes prefieren apartarse de prácticas que se asemejan a las que criticaron en pasados mandatos, pese a que tengan que pagar el precio de pasar a la oposición. Así que ahora la pelota está en el tejado de Echávarri, de la cúpula del PSPV, de Sepulcre y de Belmonte.