Los socios de Salvetti niegan ser el canal para lograr recalificaciones en el PGOU de 'Brugal'

ALICANTE. La tercera jornada de declaraciones en el juicio sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal, ha transcurrido con nuevas negaciones respecto a las tesis defendidas por la Policía y por la Fiscalía Anticorrupción. Este viernes, tras las comparecencias exculpatorias del promotor Enrique Ortiz y de los exalcaldes Luis Díaz Alperi (que hoy se ha ausentado con permiso del tribunal por un problema médico) y Sonia Castedo, ha sido el turno de los dos abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, que también han defendido su inocencia. Ambos han rechazado que ese despacho jurídico fuese el canal en el que debían tramitarse las alegaciones al futuro planeamiento urbanístico para que quedasen recogidas en el documento final mediante recalificaciones o modificaciones específicas. Es más, Gutiérrez ha concretado que de las más de 3.800 alegaciones que se presentaron, el bufete "solo tramitó 19, de las que se aceptaron 5, tres de ellas porque aludían a errores materiales". Y en esa misma circunstancia ha incidido después Castedo. 

Es más, el hermano de la exalcaldesa ha sostenido que, en su conjunto se llegó a ingresar unos 15.000 euros por la tramitación de esas alegaciones y que el pago de 110.000 euros percibido de las empresas de Ramón Salvador -el único acusado en la causa que ha asumido su culpabilidad tras suscribir un acuerdo de conformidad con la Fiscalía- era por el conjunto de los trabajos de asesoramiento realizados a sus empresas y no por la tramitación específica de sus alegaciones.  

Por orden. El primero en declarar ha sido Gutiérrez, quien se ha limitado a responder a las preguntas de la Fiscalía (no al resto de las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida). Además, también se ha negado a contestar a preguntas relacionadas con las conversaciones captadas por la Policía. Así, el fiscal le ha cuestionado, inicialmente, sobre la actividad de sus empresas Gutiérrez y Miguélez Gestión del Suelo y Serene, de las que él era administrador. También sobre la constitución del bufete, compartido por Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa). Briones ha preguntado sobre el motivo de constitución de ese bufete y Gutiérrez ha negado que se crease para trabajar en la fase final del proceso de redacción del PGOU. Según Gutiérrez, el despacho se creó al detectar que existía un vacío en el asesoramiento legal en materia urbanística para grandes empresas. Y ha añadido que se contaba con el conocimiento urbanístico de Castedo y con su experiencia como abogado.

Briones le ha cuestionado, después, sobre la resolución del contrato sobre la redacción del Plan General con el arquitecto Luis Cantallops y el concurso convocado en 2008 para contratar al nuevo redactor, que acabó siendo adjudicado a la empresa de Jesús Quesada, Laboratorio de Proyectos. También sobre la existencia de un informe elaborado por José Luis Castedo, durante la etapa en la que trabajaba en la Conselleria de Urbanismo, remitido a la sociedad Gutiérrez y Miguélez, sobre los trámites que resultaban necesarios para completar la revisión del Plan General, en diciembre de 2007, antes de que se convocase el concurso que se adjudicó a la empresa de Quesada. Gutiérrez ha reconocido ese informe y ha añadido que, efectivamente, "la intención inicial era que Jesús (Quesada) y yo nos presentásemos a ese concurso de manera conjunta, con Gutiérrez y Miguélez y Laboratorio de Proyectos".

El fiscal ha cuestionado cómo era posible que tres meses antes de que se convocase ese concurso, ya existiese ese informe. Gutiérrez ha respondido que "era público a través de los medios de comunicación que se iba a convocar ese concurso". Además, ha señalado que "es falso que se firmase un acuerdo" para que él figurase en el equipo redactor del Plan General. "No se firmó nada", ha dicho. Además ha añadido que ese documento correspondía a un borrador que no se firmó. "No había nada pactado", ha insistido, para señalar que los documentos sobre esos supuestos acuerdos a los que se refería el fiscal "están mutilados". Gutiérrez también ha sostenido que "es una barbaridad" que el fiscal tratase de insinuar que él tuviese conocimiento de que se iba a adjudicar el contrato a Laboratorio de Proyectos. No obstante, sí ha confirmado que él figuró como asesor jurídico externo de la sociedad de Quesada "para ajustar el PGOU a la normativa sobrevenida". "Elaboré un listado con todas las administraciones intervinientes y los informes sectoriales, anotando cuáles son prioritarios y vinculantes", ha dicho.

Esas funciones de asesoría externa, según Gutiérrez, no se plasmaron en ningún acuerdo por escrito. Al respecto, ha explicado que él y Quesada se conocían desde hacía años y que existía "una relación de confianza". Además, ha señalado que él no intervino "en contestar alegaciones". Ha explicado que existía una comisión mixta para su estudio y que era la Gerencia de Urbanismo la que resolvía y elevaba una propuesta de resolución de esas alegaciones. Después, según ha continuado explicando, se votaban en la Junta de Gobierno y, por último, se debatían en pleno. Así, ha señalado que "a mí no me llegó ninguna alegación". 

¿Cuál fue su intervención al respecto entonces como asesor jurídico externo de la empresa de Quesada? Según Gutiérrez, "durante la segunda aprobación, hubo unas 500 alegaciones iguales; a mí se me manda a efectos de darle forma jurídica para ver si se había dado información pública suficiente". "Yo le doy forma jurídica a esa petición y se pasa a asesoría jurídica municipal", ha añadido. También ha apuntado que "lo único que hago es echar una mano a ordenar y a segmentar las distintas áreas en las que queda el Plan General; con alegaciones que ya vienen con su informe; hago un excel y lo envío", ha apuntado.

Respecto a los pagos que recibió por ese asesoramiento externo a Laboratorios y Proyectos, Gutiérrez ha apuntado que percibió "unos 50.000 euros" y que ese precio lo había hablado personalmente con Quesada. Briones le ha cuestionado si no se había pactado que fuese un tercio de los emolumentos de Laboratorios y Proyectos. Gutiérrez ha explicado que quien elabora un Plan General "lo hacen arquitectos e ingenieros, no abogados", aunque no ha acabado de aclarar si se había llegado a hablar de ese posible acuerdo económico. Solo ha enfatizado que "esos 50.000 euros los acabo de cobrar hace tres meses".

En todo caso, ha dicho que de las 3.819 alegaciones que se presentaron al PGOU, el despacho Salvetti presentó "unas 19 y solo se estimaron cinco, y por que tres eran sobre errores materiales del plan". Así que ha negado la acusación que se formula en los informes de la Policía sobre que fuese necesario tramitar las alegaciones a través del despacho Salvetti para que se estimasen en el Plan General. A preguntas de Briones, Gutiérrez ha negado que existiese "ninguna incompatibilidad" para que él, en su despacho, pudiese presentar esas alegaciones, pese a que figuraba como asesor jurídico externo de Laboratorios y Proyectos. Además, ha negado que Salvetti tramitase alegaciones de Ortiz o de Bancaja. "No me meta usted un listado de la Udef que está manipulado, nunca he hecho una alegación a Enrique Ortiz", ha enfatizado. "Él tenía su propio abogado que era Rafa Ballester", ha dicho.

Briones le ha preguntado también sobre cuál era el importe percibido por Salvetti por la tramitación de esas 19 alegaciones. Gutiérrez ha dicho que no recordaba pero que podía ascender a 20.000 euros, si así lo había declarado en la fase de instrucción, como le ha recordado Briones. "En todo caso, era una cantidad ínfima porque en esos años la facturación de los dos despachos que teníamos en Alicante y Valencia fue de 900.000 euros", ha añadido Gutiérrez.

En cualquier caso, ha negado que tramitase alegaciones a Ortiz. Después, a preguntas de Briones, ha dicho que Alperi sí prestó asesoramiento personal a Salvetti en dos cuestiones urbanísticas puntuales relacionadas con operaciones de unos clientes del despacho.

Respecto a Castedo, ha asegurado que nunca había tenido ninguna reunión con ella y que no recordaba tampoco que hubiese acompañado a Ortiz en una de esas supuestas reuniones, que según el fiscal se habría celebrado en 2009. Briones también le ha interrogado sobre si prestó asesoramiento a Ortiz en alguna cuestión urbanística. "Puede ser que Ortiz me preguntase alguna cosa, pero cosas con certeza, no", ha dicho. En todo caso, ha dicho que era falso que hubiese pactado con el promotor un porcentaje concreto por prestarle asesoramiento. "Él estaba muy pesado con los parques naturales y me preguntó por algo de los Saladares de Aguamarga porque quería que se lo vendiese, pero eso era cuando el plan ya era público, en 2007", ha dicho.

Gutiérrez y Castedo, hermano de la exalcaldesa, aseguran que colaboraron con Alperi para que intermediase en la venta de terrenos, pero que no le pagaron

El fiscal también ha cuestionado sobre si aconsejó a Ortiz en una supuesta operación para comprar un millón de metros en Fontcalent con la intención de que ese suelo se compensase con un coeficiente de edificabilidad del 0,38% en otros sectores, puesto que los terrenos de Fontcalent iban a quedar protegidos como parque natural. Gutiérrez ha dicho que eso no era cierto y que además era "una barbaridad urbanística". Gutiérrez ha confirmado, eso sí, que percibió 69.000 euros de la sociedad Deproinmed, de la que Ortiz era uno de los socios, aunque ha señalado que era "un socio minoritario". En todo caso, ha dicho que él "nunca" asesoró a Ortiz "en ninguna compraventa".

Ya en el turno de preguntas de la defensa, Gutiérrez ha respondido a las cuestiones planteadas por el letrado de Ortiz. El abogado Francisco Ruiz Marco le ha preguntado si Salvetti había pagado una minuta de 90.000 euros a Díaz Alperi por su asesoramiento, que -según ha sostenido- figura en el informe de la Policía figura como una de las supuestas dádivas facilitadas al exalcalde. Gutiérrez ha contestado que eso no era cierto. Ha explicado que esa cantidad salía de un presupuesto sobre un trabajo que se hizo para Deproinmed sobre el sector de los Balsares, en Santa Pola.

En respuesta a su propio abogado defensor, Bernardo del Rosal, Gutiérrez ha recalcado que Salvetti no se creó para resolver trabajos relacionados con el Plan General. De hecho, ha vuelto a insistir en que Salvetti "solo tramitó esas 19 alegaciones". "Esto no era un chiringuito que creásemos dos que pasaban por aquí, como puede estar insinuando el fiscal", ha dicho. "Llevo 38 años asesorando a grandes empresas e inversiones", ha dicho. "Llevábamos mucho trabajo y teníamos bastante prestigio", ha enfatizado.

Gutiérrez también ha negado que José Luis Castedo cobrase de Gutiérrez y Miguélez Gestión del Suelo. "Esa empresa lo que hizo fue ceder dinero para que se crease Salvetti, y ese dinero fue devuelto", ha dicho. También ha matizado, tras las aclaraciones de su abogado, que inicialmente él iba a figurar en el equipo redactor del PGOU junto a la empresa de Quesada cuando se comienza a conocer que se va a convocar un nuevo concurso para adjudicar la redacción del nuevo planeamiento. Sin embargo, ha insistido en que él lo rechazó y que solo actuó como asesor jurídico externo como persona física a título individual. También ha negado que pidiese a los técnicos que resolviesen las alegaciones que presentó Salvetti en un determinado sentido. Así, ha insistido en que "en un Plan General se dan soluciones generales". Igualmente ha negado que él tuviese información privilegiada antes de la aprobación inicial del Plan General de 2009. 

El segundo en comparecer ha sido José Luis Castedo. Ha explicado que, hasta octubre de 2008, antes de los hechos investigados, estuvo trabajando con un contrato laboral en la Conselleria de Urbanismo, prestando en un servicio de asesoramiento en la delegación territorial. A preguntas del adjunto a la Fiscalía Anticorrupción, Pablo Romero, ha explicado que, después de octubre de 2008, es cuando inició su relación profesional con Gutiérrez para crear el bufete Salvetti. Romero le ha cuestionado sobre un convenio suscrito por las sociedades de Gutiérrez con Incaesa en relación a una permuta sobre terrenos del Saladar de Aguamarga. Castedo ha asegurado que no tuvo intervención en ese convenio, pese a que Romero ha apuntado que la Policía le atribuye a él la creación del archivo informático de ese convenio. Al respecto, Castedo ha respondido que "se me atribuyen muchas cosas". En esta línea, ha insistido en que el origen de un archivo o documento no implica su autoría. Así, ha enfatizado que "yo en mi ordenador tengo decenas de archivos en los que quien figura como autor no es el creador".

En todo caso, Castedo ha señalado que no participó en esos trabajos y que no tenía conocimiento sobre lo que se hizo. "Yo en esa época no solo estaba trabajando en la administración, sino que también ofrecía conferencias sobre urbanismo y sobre los parques naturales y puede que cruzase algún documento con Javier sobre ese tema", ha explicado, para justificar que la Policía le atribuyese a él la autoría de los archivos relacionados con ese convenio. 

Sobre otro de los informes captados por la Policía, ha apuntado que Gutiérrez le envió un correo en 2007 en el que le explicaba que estaba planteándose la posibilidad de participar en el concurso para redactar el Plan General con la sociedad de Quesada y que, en ese mensaje, le preguntaba si el listado de administraciones que tenía que intervenir en el proceso de tramitación de ese planeamiento era correcto. Según Castedo, él lo que hizo fue contestar a esa consulta sobre el documento que él le había remitido. Así, ha explicado que "yo tenía correos cruzados con muchísimos profesionales porque ese era el medio habitual de comunicación ante el colapso de la centralita".

Romero también le ha cuestionado sobre el contrato no suscrito entre Gutiérrez y Miguélez y Laboratorios de Proyectos. Castedo ha respondido que "yo sé que tenía un acuerdo verbal para ejercer como asesor con Laboratorio de Proyectos; pero eso no es algo que se incorpore cuando iniciamos nuestra relación societaria". Ha añadido que a él no se le preguntó si quería participar en ese acuerdo. 

Sobre la constitución del despacho, Castedo ha negado que se crease para resolver las alegaciones del Plan General. "Menuda ruina si hubiese sido así, por lo que se cobró por las mismas", ha dicho. "Yo llevo 17 años trabajando en urbanismo y pensamos que, en un proceso de reestructuración bancaria, había un nicho de mercado en el que se podía trabajar", ha apuntado. Así, ha explicado que se decidió crear otra empresa porque Gutiérrez y Miguélez contaba con patrimonio personal de Gutiérrez. "Él no tenía ninguna incompatibilidad legal ni funcional", ha señalado Castedo, en relación al trabajo de asesoramiento prestado por Gutiérrez. Así, ha apuntado que en la memoria justificativa del Plan General, también figuraba que Gutiérrez figuraba como asesor externo.

Castedo ha explicado que Gutiérrez y Miguélez y Salvetti eran empresas separadas, con contabilidad separada, pese a compartir domicilio social. Así, ha ratificado que la primera empresa prestó dinero para la constitución del bufete y que, después, se le devolvió. Después, ha explicado que las empresas de Ortiz "nunca" contrató sus trabajos. De hecho, ha insistido en que Ortiz tenía sus propios abogados para resolver sus alegaciones. También ha negado que Díaz Alperi fuese socio de Salvetti y que se le pagase por sus trabajos. Castedo sí ha explicado que fue al despacho "porque tenía un problema con unos terrenos de un familiar y nosotros negociamos una solución", ha explicado. Después, ha señalado que "Alperi nos comentó que tenía una sociedad que se estaba dedicando a la intermediación inmobiliaria y nosotros teníamos clientes en Madrid con suelos muy buenos y le dijimos si se podía ocupar de buscar clientes para esos suelos; creo que esa relación duró dos meses". "Fue un contrato de colaboración, no un contrato laboral; eran gastos de desplazamiento, de estancia, etc.", ha explicado. "Si se hubiese llegado a algún acuerdo, habría habido algún acuerdo sobre un porcentaje de la cantidad en la que se hubiese llegado a la intermediación", ha explicado. Con todo, no ha recordado la cantidad que se le habría facilitado a Alperi, aunque Romero ha recordado que fueron 30.000 euros.

Castedo también ha negado que conociese a los técnicos municipales del Ayuntamiento de Alicante y que utilizase su condición de hermano de la exalcaldesa para dar a conocer la existencia del bufete Salvetti. El fiscal le ha cuestionado sobre el proyecto de Ciudad de la Economía en Aguamarga. Y Castedo ha contestado que el señor Ortiz les preguntó, al encontrarse en un restaurante, que "qué nos parecía el Plan General" y que, en relación a Aguamarga, "le dije que esos terrenos iban a quedar como parque natural, después de haber visto en prensa que una asociación ecologista iba a presentar alegaciones". "Yo le contesté cuál era mi opinión, que un suelo del que él era propietario iba a quedar afectado por el perímetro de protección", ha explicado. Así, ha dicho que ya no volvió a hablar con él.

Así, ha negado que él participase en una reunión con Ortiz, el representante de Bancaja, José Cortina, y Díaz Alperi en Valencia. Castedo ha apuntado que se celebró esa reunión para presentarle a Cortina el bufete y que, después, acudió Ortiz porque tenía que hablar asuntos con Cortina, pero que él no habló de nada relacionado con el Plan General.

Romero también ha cuestionado por el sector de Fontcalent. Castedo ha explicado que cuando se publicó la primera aprobación provisional del PGOU, cualquier ciudadano podía saber que Fontcalent se proponía como parque natural. Así, ha explicado que Ortiz "nos hizo una consulta hipotética sobre cosas que no se daban". "La cesión del metro por metro está previsto para suelos urbanizables: la creación de cada nuevo metro de suelo urbanizable, exige un metro de suelo protegido", ha apuntado. Así, ha explicado que el suelo del Rico Pérez era urbano y que tampoco existían adscripciones sobre parques naturales en ese momento. Según Castedo, Ortiz hizo la consulta de "qué coeficiente podía tener esos terrenos y le contestamos que podía ser el del 0,33, porque así se decía en las normas urbanísticas", ha dicho. "Fontcalent no ha estado nunca adscrito a ningún área de reparto, no entiendo la insistencia", ha dicho. Pero ha negado que él trabajase para Enrique Ortiz. También ha descartado que tuviese reuniones con su hermana sobre el Plan General.

En esta línea, Castedo ha apuntado que él participó "en la redacción de 18 borradores de alegaciones" al Plan General. Romero le ha exhibido que en un documento que se intervino en el bufete, se hace constar 71 alegaciones. No obstante, Castedo ha explicado que "en diciembre de 2010, trajeron un conjunto de documentos de la comisión mixta, entre técnicos municipales y del equipo redactor, y yo le hice un listado al señor Gutiérrez sobre esas, pero no tiene que ver con nuestras alegaciones", ha dicho. 

Además, ha señalado que es falsa la conclusión a la que llega la Policía "en la que se dice que todas las alegaciones que presentamos acababan estimándose". Así, ha insistido en que solo se estimaron dos y algunas parcialmente. Otras se correspondían con correcciones de errores materiales, según ha dicho.

Romero le ha interrogado, después, otro contrato de mediación relacionado con una operación de intermediación en el suelo del entorno de Ciudad de la Luz en Aguamarga, con la empresa Edificaciones Calpe, así como por el detalle de varias alegaciones. Castedo ha explicado que "por algunas se cobraba y por otras no". "Se cobró por muy pocas; porque trabajamos con empresas a las que ya les venía desarrollando trabajos previos", ha dicho. En alusión al caso concreto de las alegaciones tramitadas al empresario Ramón Salvador, que sí ha asumido su culpabilidad en la causa a través de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, Castedo ha asegurado que el pago de 110.000 euros "era por el conjunto de los trabajos desarrollados para sus empresas, no por esa alegación". Entre esos trabajos, ha señalado cuestiones como una impugnación relacionada con el Plan General de San Miguel de Salinas, por ejemplo. Además, ha explicado que Salvador admitió dificultades de pago por el conjunto de esas actuaciones y que se concertó con él un pago fraccionado a través de varias de sus empresas.

Romero también ha insistido en las relaciones entre Salvetti y Laboratorio de Proyectos. Castedo ha respondido que "nos dedicamos al urbanismo y que podían haber relaciones". Igualmente, le ha cuestionado sobre otras empresas vinculadas al exalcalde Alperi, aunque Castedo ha dicho desconocer esas sociedades. También se ha referido a los pagos relacionados con Deproinmed para reiterar que estaban relacionados con un estudio sobre el sector de Balsares de Santa Pola. Castedo ha negado que esos pagos recibidos por Salvetti tuviesen relación con pagos efectuados a Laboratorio de Proyectos. "La Policía ha dicho mucho, pero se confunde la facturación con el saldo de la empresa, por ejemplo", ha dicho.

Ya en el turno de las preguntas de las defensas, Castedo ha insistido en explicar la minuta cobrada a Ramón Salvador, cuál fue el objeto de sus alegaciones y los motivos por los que se estima. Castedo ha señalado que Salvador "nos dice que tiene un problema porque su suelo en el Pla de Xirau estaba calificado como urbano en el PGOU de 1987 y se planteaba que quedase regulado como no urbanizable en la nueva propuesta". "Le aconsejamos que no acudiese a la vía de la reclamación patrimonial y que presentase alegaciones porque el Plan General estaba todavía en fase inicial", ha dicho. En esta línea, ha señalado que "no se había justificado por qué se cambiaba la calificación". Así, se estimó la alegación presentada "para todos los suelos de segunda residencia" que se encontraban en una situación similar. En esta línea, ha apuntado que ninguna de las alegaciones que presentaron desde el bufete Salvetti "tuvo un tratamiento particular". 

Por último, ha dicho que "nunca" medió para buscar un trato de favor relacionada con el Plan General y que tampoco había hablado con los técnicos municipales al respecto.