Hoy es 15 de agosto
MADRID (EFE). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que es urgente convalidar el decreto ley de medidas financieras y sociales, que incluye ampliar el crédito del Estado para pagar a la banca por el almacén de gas Castor y evitar más intereses y que sea "más oneroso".
Montero ha justificado en el Pleno del Congreso la convalidación del Real Decreto-Ley que incluye medidas financieras de apoyo social y económico para seguir dando respuesta a la situación de emergencia generada por la covid-19 y que también incluye hacer frente al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado, como la del Tribunal Supremo de octubre de 2020 vinculada al caso Castor.
Para dar cumplimiento a esta sentencia, el Gobierno necesita ampliar en 638 millones de euros el crédito de 1.350 millones que ha de abonar a la banca por el almacén de gas ubicado frente a las costas de Vinaròs. "Los intereses se van incrementando si no abonamos con urgencia estas cantidades para que no sean más onerosas para las cuentas publicas", ha dicho Montero, quien ha informado de que el crédito se financiará con cargo a la deuda pública.
La ministra ha explicado que esta deuda a la banca se produce tras esa sentencia que señala que se debe resarcir el importe pagado por Enagás a Escal UGS por el almacén gas después de que lo comprara a cambio del reconocimiento de un derecho de cobro de 1.350 millones de euros al Estado por 30 años.
La mayoría de los partidos han criticado que el decreto ley, que también establece una reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y la ampliación en un año de los plazos para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), contemple el cumplimiento de esta sentencia en particular. Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT o Compromís han criticado que se contemple esta medida vinculada a pagar una deuda a la banca por un caso que fue un "escándalo político" y en medio de una tercera ola de la covid-19 que requiere todos los recursos posibles.
Unidas Podemos ha argumentado su voto favorable por "lealtad institucional" mientras que el PP también ha argumentado "responsabilidad". Pero esto no ha evitado críticas desde el socio de gobierno, que ha solicitado el desmantelamiento inmediato de la plataforma. "Las ciudadanas y ciudadanos de Vinaròs y las comarcas de Castelló y Tarragona exigimos el desmantelamiento inmediato de este monstruo de chatarra, un monumento al despropósito por el que los usuarios del gas pagarán durante años una factura milmillonaria", ha asegurado la diputada por Castelló, Marisa Saavedra.
"Aunque acatamos la sentencia del Supremo por respeto a la separación de poderes, nuestro grupo parlamentario va a seguir trabajando para que se esclarezcan todos los detalles e intereses que habían detrás de esta operación", ha prometido su compañero por Alicante, Txema Guijarro: "Se tendrán que depurar todas las responsabilidades políticas y establecer los controles necesarios para que no se vuelva a repetir episodios tan vergonzosos como éste en la gestión de fondos públicos".
El decreto ley -a falta de la votación- será convalidado por mayoría y con los votos favorables del PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV, Ciudadanos o CC y con la abstención de Más País y Compromís, aunque ERC y PDeCAT votan en contra y han instado a depurar responsabilidades políticas y técnicas. El decreto ley será tramitado previsiblemente como proyecto de ley y recibirá enmiendas.
La práctica unanimidad se ha encontrado en la medida del decreto que incluye exenciones en el IRPF al ingreso mínimo y a las prestaciones concedidas a los colectivos más vulnerables en los mismos términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas; en concepto de renta mínima de inserción o como las demás ayudas establecidas por CCAA y ayuntamientos para garantizar recursos económicos de subsistencia.
De este modo, el IMV junto con dichas prestaciones y ayudas se consideran exentas del IRPF hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM).