ALICANTE. El empresario alicantino Enrique Ortiz da marcha atrás en el proceso sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante destapado en las investigaciones del caso Brugal. La anulación de las escuchas acordada por la Sección Séptima de la Audiencia en la sentencia absolutoria sobre la rama de las basuras de Orihuela ha llevado a cambiar la estrategia de su defensa hasta el punto de tratar de retractarse del acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción el pasado 9 de abril. En virtud de ese pacto, Ortiz confesaba que había facilitado diversas dádivas a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes a Ibiza, Andorra y Creta) cambio de un trato preferente en la futura planificación urbanística de la ciudad, cuando se encontraba en proceso de redacción, entre los años 2007 y 2009.
Fuentes consultadas por Alicante Plaza han precisado que el conocido promotor no ratificará ese acuerdo en el inicio de la vista, previsto para el próximo martes. De hecho, su defensa preveía registrar entre el jueves y el viernes (el miércoles es festivo) un escrito notificando esa decisión al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que enjuiciará los hechos, para que se tenga en cuenta su nueva posición en cuanto se dé inicio a la primera sesión del proceso y se conceda el uso de la palabra a las partes para que planteen las llamadas cuestiones previas: objeciones o aclaraciones iniciales sobre el desarrollo del juicio.
En ese trámite, como ya había anticipado Alicante Plaza, varias de las defensas solicitarán la nulidad de las escuchas con los mismos argumentos que se exponen en la sentencia: que los pinchazos telefónicos practicados por los investigadores policiales no se autorizaron de manera correcta, lo que provocó una situación de indefensión de los acusados. Entre ellos, al margen del promotor, se encuentran los exalcaldes del PP.
El tribunal deberá adoptar su propia decisión respecto a esa petición de nulidad, al margen de la resolución adoptada en el caso del proceso sobre la adjudicación de las basuras de Orihuela. De hecho, la Sección Segunda de la Audiencia adoptó una decisión distinta y validó la mayoría de los pinchazos en el juicio por estafa en el que se condenó a los administradores de la empresa Autisa, los hermanos Gregory, en otra de las causas derivadas de Brugal.
Se da la circunstancia de que Ortiz ya había confirmado su acuerdo de conformidad en un acto suscrito ante el propio tribunal enjuiciador, el pasado 23 de abril. No obstante, el giro propiciado por la sentencia sobre la trama de la basura de Orihuela ha llevado a su defensa a desmarcarse de ese acuerdo con el fin de eludir la condena pactada. En virtud de ese pacto, Ortiz se declaraba autor de un delito continuado de tráfico de influencias (para el que se fijaba una pena de un año y 6 meses de prisión) y otro de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad (6 meses más), al tiempo que admitía responder como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación (otros dos años y un día de inhabilitación).
O lo que es lo mismo, se garantizaba una pena de dos años de privación de libertad, tras el pago de una indemnización de 1,6 millones, con la que evitaba quedar expuesto a un posible ingreso en prisión. Es decir, justo lo que hubiese podido suceder de tener que enfrentarse al juicio sin acuerdo previo. De hecho, la Fiscalía solicitaba inicialmente para él una condena de 8 años de cárcel, frente a los 13 que solicitaba EU y los cinco que reclamaba la representación legal del Ayuntamiento.
Junto a Ortiz, también se retractan del acuerdo de conformidad, su hermano, Virgilio Ortiz, y uno de sus empleados, Santiago Bernáldez, de modo que, por el momento, solo permanecería en vigor el acuerdo alcanzado con carácter previo por el promotor ilicitano Ramón Salvador.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario indicaron que sí existe la posibilidad de que el empresario pueda dejar sin efecto ese acuerdo si no lo ratifica en el inicio del juicio, como ya ha decidido, a falta de que se registre oficialmente ese escrito de notificación en las próximas horas. La vista comenzará el próximo martes día 30 de junio en la Audiencia Provincial de Alicante, en la sala reservada habitualmente para la celebración de juicios con jurado, pese a que se había barajado trasladar su celebración hasta el edificio judicial situado en Pardo Gimeno, frente al Palacio de Justicia de Benalúa.
Por lo pronto, el movimiento de la defensa de Ortiz ha provocado reacciones entre algunos de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, como Compromís. Su portavoz, Natxo Bellido, ha expresado su preocupación "desde el punto de vista democrático por el devenir que está teniendo el proceso con acusados que admiten los hechos y después se retractan" y, además, ha considerado que "ahora resulta más necesaria que nunca la constitución de la comisión de investigación que se acordó crear en el pleno para que se determine el coste económico que el fallido Plan General tuvo para el Ayuntamiento de Alicante y para que se diluciden las posibles responsabilidades políticas".