María José Ferrer San-Segundo. Foto: EVA MÁÑEZ.VALENCIA. (Europa Press/EFE) La portavoz de Justicia del grupo parlamentario 'popular' en las Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha denunciado que el Consell "quiere imponer un sesgo lingüístico, al imponer el valenciano como barrera selectiva para el acceso de los ciudadanos valencianos a cargos y funciones públicas, con la obligación a su uso en el ámbito público".
La diputada ha anunciado, a través de un comunicado, que su grupo ha presentado alegaciones al Proyecto de Decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat, al considerar que introduce el valenciano como "filtro excluyente".
"El Consell ha de garantizar el uso normal y oficial del valenciano y el castellano, sin discriminar a nadie por razón de su lengua, pues los derechos son de las personas, no de los territorios", ha dicho la diputada, que ha añadido: "Hayan nacido donde hayan nacido, y vivan donde vivan".
Ferrer San-Segundo ha señalado que el valenciano puede ser requisito obligatorio "en puestos de trabajo en que el perfil lingüístico esté justificado" y "también, por supuesto, un mérito valorable en la baremación", pero "no puede ser un impedimento sine-qua-non, que discrimine y bloquee el acceso a funciones o cargos públicos a las personas cuya lengua materna es el castellano", ha afirmado. "Máxime en la Administración de Justicia, en que hay cuerpos de procedencia estatal", ha destacado Ferrer San-Segundo.
La diputada 'popular' ha asegurado que "el derecho a no ser discriminado por razón de la lengua incluye la facultad de expresarse en público en el idioma, de entre los dos cooficiales, en que el ciudadano tenga mayor competencia lingüística", por lo que "resulta contrario a Derecho exigir a personal y cargos públicos utilizar el valenciano en todas las intervenciones".
Para la portavoz 'popular', las "referencias continuas" a "las comunidades autónomas del mismo dominio lingüístico" en el decreto introducen una "valoración extrajurídica que puede causar conflictos en la práctica". "Con ello no se protege al valenciano, sino que se persiguen objetivos políticos no compartidos, ni votados, por los ciudadanos de la Comunitat", ha criticado.
Además, el Decreto de uso de lenguas en la Generalitat "rompe la unidad de mercado al imponer etiquetaje e instrucciones en valenciano", según ha valorado. "No se puede obligar a todos los contratistas y proveedores a emplear el valenciano en documentación, incluso el etiquetado e instrucciones de uso, lo que, además, encarece los costes, con incidencia negativa en la economía y, por tanto, el empleo", ha subrayado la diputada 'popular'.
Ferrer San-Segundo ha destacado "numerosas carencias jurídicas" en el proyecto, dado que "contiene prescripciones y lagunas que afectan a la seguridad jurídica y causan indefensión a los ciudadanos". La portavoz se ha preguntado "qué ocurre con los plazos dados para contestar, o cumplir, una resolución recibida, cuando el ciudadano quiera expresar su voluntad de que se le envíe escrita en la otra lengua oficial". "¿Se suspenden o siguen corriendo? Nada se dice ni se regula en el decreto", ha aseverado.
"Con el Proyecto de Decreto de usos de lenguas en la Administración de la Generalitat, se está copiando el modus operandi de inmersión institucional que ha desplegado el nacionalismo en otros territorios, cuyo resultado, por cierto, años después, no ha sido la convivencia pacífica de lenguas oficiales, sino la imposición, e incluso secesión, y no solo lingüística", ha criticado Ferrer San-Segundo. "No puede ser, pues, un modelo a seguir para la Comunitat, ni para sus ciudadanos", ha manifestado al respecto.
La portavoz del PPCV ha recordado que el informe de la Comisión de Expertos para la Modificación de la Ley 10/2010, de la Función Pública Valenciana, "advierte que exigir el conocimiento del valenciano como requisito general para el acceso a la función pública es una cuestión propiamente política", porque "está estrechamente ligada a los valores, principios y modelos sociales que resulten preferibles o mayoritariamente apoyados", por lo que se exhorta a "alcanzar el mayor consenso político y social al respecto, que es lo que puede asegurar la estabilidad de la legislación aplicable".
A su modo de ver, el "modelo social de exclusión del castellano" que contiene el Proyecto de Decreto es "antijurídico" y no resulta "mayoritariamente apoyado o extendido ni, desde luego, ha sido fruto del consenso político y social", ha concluido.
