CASTELLÓ. El presidente y el consejero delegado de Escal UGS, Recaredo del Potro y José Luis Martínez, así como la propia compañía promotora del almacén de gas subterráneo Castor, que provocó "519 sismos" en solo 15 días en las costas del Maestrat y el sur de Tarragona, irán a juicio por un delito contra el medio ambiente, que puede estar castigado con penas de prisión de hasta 9 años.
Javier Verdeguer, juez de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Vinaròs, ha decretado la apertura de juicio oral para ambos y para la compañía como persona jurídica. Asimismo, también comparecerán en la causa, como responsables civiles, las entidades aseguradoras Chartis Europe, Lloyds y Zurich Insurance plc, que aseguraron el proyecto.
En el auto de apertura de juicio oral se señala que este se celebrará en la Audiencia Provincial de Castellón, en una fecha que todavía está por determinar, ya que después de que el juez de instrucción haya comunicado a las partes la apertura del juicio este mismo jueves, se abre un periodo de diez días para que las defensas presenten alegaciones o, en su caso, el escrito de conformidad. Posteriormente, será la propia Audiencia Provincial la que emita la fecha del juicio, en un plazo que no está marcado.
Este llegará así más de cinco años y medio después de que se abriesen las primeras investigaciones y más de siete de la inyección de gas a través de la plataforma marina que provocó los terremotos. Y es que, según señala el auto de procedimiento abreviado, entre el 2 y el 17 de septiembre Escal UGS estuvo inyectando gas al subsuelo, lo que derivó en esos 519 terremotos, que se prolongaron hasta el 4 de octubre. Alguno de ellos llegó a alcanzar los 4,3 grados en la escala Richter, sintiéndose incluso en València y Barcelona.
A raíz de ello se vieron afectados "bienes y propiedades", lo que llevó a que la Asociación de Afectados por el Proyecto Castor (Aplaca) se personase como acusación particular en marzo de 2015. Esta solicita ahora 5 años de prisión para los dos acusados. Su presidente, Joan Ferrando, aclara que lo que buscan "no es la condena, sino una indemnización, aunque sea simbólica, para la gente afectada". En su escrito de acusación, Aplaca pedía además una indemnización individual de 2.500 euros para los vecinos a los que representa, lo que arroja un montante total de 342.500.
Una suma irrisoria, recuerda el presidente de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia, Evelio Monfort, comparada con los 1.350 millones de euros que han cobrado los promotores del proyecto a pesar de que este nunca llegó a funcionar, ni siquiera alcanzó a pasar de la fase de pruebas en la inyección de gas. "Los millones los pagaremos entre todos", recalca el representante de esta organización que desde antes de comenzar la construcción ya se opuso al proyecto.
Ambos consideran "de justicia" que se abra por fin juicio oral. "Por muy grande que sea la indemnización siempre nos quedará un mal sabor de boca, porque se cumplió aquello de lo que advertíamos y además tuvimos que sufrir los terremotos", remarca Monfort. Eso sí, ninguno esconde que el juicio, del que quedaron fuera todos los funcionarios ministeriales -"que también creemos responsables", señala Ferrando- es "la ocasión para clarificar lo que se hizo con este proyecto", concluye.
